
El secretario de política económica, José Luis Daza, dijo que la dificultad para reducir el índice de riesgo país está relacionada con el historial de incumplimientos de la deuda pública argentina, aunque existen otros factores a considerar.
Daza manifestó que el país se encuentra cerca de registrar el nivel de riesgo país más bajo en varios años, pero al momento de la redacción, ese indicador era de 528 puntos básicos, mientras que durante la gestión de Mauricio Macri alcanzó los 342 pb -marzo de 2016-, tres meses después de asumir la presidencia.
Si bien es relevante la tradición de incumplimiento a la que aludió Daza, los inversores también prestan atención a la sostenibilidad económica del país, incluyendo la estabilidad cambiaria y la posibilidad de mantener el superávit fiscal en el mediano y largo plazo.
El resultado fiscal actual no logra convencer al mercado sobre su viabilidad a largo plazo, pues el índice de riesgo país no descendió a niveles de 300 pb. Ante esta situación, el gobierno buscó respaldo de organismos multilaterales para facilitar el acceso a financiamiento en condiciones más favorables, buscando reducir el sobrecosto vinculado al alto riesgo país.
El resultado fiscal actual no logra convencer al mercado sobre su viabilidad a largo plazo, pues el índice de riesgo país no descendió a niveles de 300 puntos básicos
Este apoyo trasciende la cuestión del historial defaulteador o el llamado riesgo político: Macri, a pesar de contar con menos legisladores y enfrentar oposición del kirchnerismo, logró reducir el índice de riesgo país por debajo de los 400 pb poco después de asumir. En la segunda vuelta electoral, Macri superó a Daniel Scioli por 2,68 puntos porcentuales y Javier Milei a Sergio Massa por 11,38 pp.
Los inversores internacionales consideran que el riesgo político seguirá presente. Sin embargo, la función del gobierno no consiste en atribuir continuamente los problemas económicos a gestiones anteriores. Las administraciones son elegidas para abordar y resolver los desafíos heredados.
Durante la campaña electoral, Milei repitió en varias ocasiones que el ajuste recaería en la denominada “casta”. Pedir paciencia a la ciudadanía resulta contradictorio, dado que las expectativas estaban puestas en una mejora inmediata de los ingresos del sector privado producto de ese ajuste.
A partir de aquí, más allá del riesgo político inmediato, la sostenibilidad del superávit fiscal permanece en duda. Buena parte de la reducción del gasto público se apoya en la licuación de salarios de empleados públicos y jubilaciones.
Pedir paciencia a la ciudadanía resulta contradictorio, dado que las expectativas estaban puestas en una mejora inmediata de los ingresos del sector privado
Además, los intereses de las Letras del Tesoro Capitalizables (Lecap) no se computan en los resultados actuales, aunque implican déficit futuro.
Acumulación de deuda
Existen otros factores que cuestionan la durabilidad del equilibrio fiscal mostrado:
- El Gobierno mantiene deudas con el Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
- No ha saldado obligaciones con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), a pesar de la sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia.
- Se observan atrasos en el pago de subsidios al transporte público, especialmente a los servicios de colectivos, y
- Demoras significativas en la devolución del IVA a los exportadores. Aunque el plazo legal para la devolución impositiva es de 20 días, los atrasos alcanzan los 6 meses e incluso se registran casos de hasta un año.
El diferimiento de pagos explica en parte la aparición del superávit fiscal. La pregunta central es cuán sostenible es esta modalidad para mostrar equilibrio en las cuentas públicas. En 2024, la deuda flotante alcanzó USD 2.100 millones; en 2025, USD 2.500 millones; y en el primer trimestre de 2026, ascendió a USD 3.300 millones, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
El panorama cambiario y la presión sobre los ingresos
En el plano cambiario, continúan las restricciones para las empresas en lo referido al giro de utilidades y dividendos. El Gobierno había prometido que, a partir de 2026, las empresas podrían transferir sin trabas las utilidades generadas en 2025. No obstante, se dispuso que los bancos sólo podrán remitir al exterior el 60 % de sus utilidades, en tres cuotas.
Según el índice de tipo de cambio real que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el tipo de cambio bilateral con el dólar se ubica actualmente al mismo nivel que al inicio del mandato de Milei -cuando recibió la gestión de Sergio Massa- y el índice multilateral está 2,7% por encima del valor de aquel traspaso.
Si bien ingresan dólares por endeudamiento externo de empresas y de provincias, persisten trabas cambiarias como el cepo al stock de utilidades, limitaciones a operaciones cruzadas y la obligación de liquidar en el país los dólares provenientes de exportaciones. Este conjunto de intervenciones motiva que, más allá de cálculos contables, existan argumentos para sostener que el tipo de cambio presenta un atraso derivado de la política oficial en ese mercado.
Los desafíos estructurales
El debate fundamental tiene un trasfondo económico más que contable. El equilibrio fiscal es una condición necesaria para estabilizar la economía nacional, pero no resulta suficiente. La cuestión central es cómo se obtiene ese equilibrio y si realmente puede perdurar sin apoyo en medidas transitorias.
El equilibrio fiscal es una condición necesaria para estabilizar la economía nacional, pero no resulta suficiente
La historia argentina evidencia que ajustes fiscales que parecen sólidos pueden diluirse cuando evolucionan las condiciones macroeconómicas. Un superávit fiscal sostenible depende de reformas estructurales que disminuyan el tamaño y la rigidez del gasto público, mejoren la eficiencia estatal y estimulen un entorno favorable para la inversión privada. Sin estos cambios, existe el riesgo de que el equilibrio logrado sea pasajero.
La pregunta clave radica en si el superávit puede mantenerse cuando la inflación deje de licuar los gastos públicos por sí sola. Este interrogante se profundiza tras observar que la recaudación impositiva cumple 8 meses consecutivos creciendo por debajo de la inflación. Eso implica que mientras los gastos se reducen, los ingresos lo hacen en mayor proporción.
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