Facultades de Derecho: enseñar para un mundo que ya no existe

En una nota publicada recientemente en este medio, sostuve que, a mi criterio, la inteligencia artificial no representa el fin de la abogacía, sino la mayor transformación histórica de la profesión. Allí consideré el desafío que supone para el ejercicio profesional y subrayé el valor —cada vez más relevante— del criterio humano.

Pero si la inteligencia artificial está modificando la forma en que se ejerce la abogacía, resulta inevitable formularnos una pregunta, quizás aún más incómoda: ¿Podemos seguir enseñando derecho como si nada hubiera cambiado?

Mi respuesta es inequívoca: no.

La enseñanza jurídica tradicional fue concebida para un mundo donde la información era escasa, dispersa y costosa de obtener.

Estudiar artículos, memorizar normas, recorrer bibliotecas y acumular jurisprudencia y doctrina eran tareas centrales porque constituían el núcleo del oficio. Ello rigió entonces la manera de enseñar y aprender.

Ese modelo fue funcional durante mucho tiempo. Pero hoy, ese mundo está dejando de existir.

Con la perspectiva y la genialidad que lo caracterizan, Yuval Harari lo resumió con precisión: “La Inteligencia Artificial se apoderará de todo lo que esté hecho de palabras”. Y justamente esa afirmación vale de manera especialmente significativa en el mundo del derecho.

Las leyes, las resoluciones, los Códigos, los fallos, la jurisprudencia, los contratos, los dictámenes: todo está hecho de palabras. Y no puede entonces la Universidad ignorar o resistirse a esta realidad.

Cuando el acceso al conocimiento deja de ser el problema.

En la era de la inteligencia artificial, el acceso a la información jurídica dejó de ser una ventaja competitiva. Un estudiante con un teléfono puede obtener en segundos decenas de precedentes, líneas argumentales alternativas y borradores de escritos que antes exigían semanas de trabajo.

Esto no significa que el conocimiento jurídico haya perdido valor. Significa algo más profundo: el valor ya no reside en encontrar información, sino en interpretarla, jerarquizarla, evaluarla críticamente y asumir responsabilidad por su uso.

Si esto es así, la enseñanza del derecho enfrenta una crisis silenciosa pero estructural. No porque el derecho pierda relevancia, sino porque los métodos pedagógicos tradicionales ya no alcanzan.

En términos estrictos, alguien podría hoy recorrer buena parte de una carrera universitaria asistido por inteligencia artificial, quedando como diferencial la certificación estatal. Este dato debería obligarnos a repensar el sentido mismo de la enseñanza en las Facultades.

Qué debe cambiar en la enseñanza del derecho

Conviene despejar un equívoco frecuente: incorporar inteligencia artificial no implica menos teoría jurídica, sino una teoría enseñada de otro modo.

No se trata de reemplazar el pensamiento jurídico por tecnología, sino de reorganizar el modo en que se forma al jurista.

A mi entender, las Facultades de Derecho deberían reorientar su formación en, al menos, siete direcciones estructurales:

1. Reconversión docente y nuevo rol del profesor.

El docente ya no puede ser solamente un transmisor de información normativa. Debe convertirse en guía intelectual, entrenador del razonamiento jurídico y formador de criterio profesional.

Esto exige capacitación tecnológica y pedagógica: aprender a trabajar con IA en el aula, diseñar consignas que no se resuelvan con respuestas automáticas y evaluar procesos de razonamiento más que resultados mecánicos.

Estamos entrando en una etapa paradójica: muchos estudiantes dominan mejor la tecnología que sus profesores. Ignorar esa realidad solo profundiza la brecha. La reconversión docente no es opcional. Es condición de supervivencia académica.

2. Enseñar a formular problemas jurídicos, no sólo a responderlos.

En un mundo donde la IA produce múltiples respuestas en segundos, el verdadero diferencial ya no está en la velocidad de respuesta, sino en la capacidad de formular el problema correcto.

El objetivo será identificar qué norma es aplicable, cuál es el conflicto jurídico real, cómo delimitar los hechos relevantes y qué preguntas deben hacerse es hoy una competencia central.

Esta habilidad no se automatiza. Se aprende con práctica guiada, análisis de casos complejos y discusión argumental.

3. Alfabetización crítica en inteligencia artificial jurídica.

La IA no “piensa”: produce textos posibles. Por eso, uno de los mayores riesgos es la aceptación acrítica de sus resultados.

La enseñanza debe incorporar una alfabetización digital jurídica: aprender a detectar errores conceptuales, sesgos, citas inexistentes y falsas coherencias argumentales.

No será fácil enseñarlo, pero el entrenamiento en el criterio será una de las mejores contribuciones al éxito profesional del estudiante que se está formando.

El abogado del futuro deberá saber usar IA, pero sobre todo saber cuándo no confiar en ella.

4. Reforzar la ética profesional y la responsabilidad humana.

La tecnología no elimina la responsabilidad jurídica. La traslada, pero no la sustituye. La inteligencia artificial puede sugerir caminos, pero no puede asumir consecuencias. El abogado seguirá siendo responsable frente a su cliente, frente al juez y frente a la sociedad.

La pregunta a trabajar por el docente ya no será solo “qué dice la norma”, sino también “qué corresponde hacer”, “qué riesgos asumo” y “qué consecuencias genera esta decisión” porque la responsabilidad será siempre del profesional humano que no analizó correctamente los resultados o no usó bien la herramienta.

Así lo ha comenzado a entender la jurisprudencia: en distintas jurisdicciones, la citación de fallos inexistentes generados por IA ha sido calificada no como mero error material, sino como violación de los deberes de probidad profesional.

5. Integración transversal y evaluaciones adaptadas a la realidad.

La IA no debería enseñarse como materia aislada. Debe integrarse en todas las áreas del derecho.

Rediseñar programas y evaluaciones, no para prohibir la tecnología, sino para incorporarla como parte natural del ejercicio profesional.

Las Facultades que promueven detectores de IA en los exámenes confunden el problema: el desafío no es la herramienta, sino la ausencia de pautas claras para usarla de manera responsable. ¿No sería mejor imaginar formas de examinar que permitan el uso de todos los recursos disponibles, tal como ocurre en el ejercicio real de la profesión?

Esto me recuerda mi época de estudiante en la que se prohibía rendir examen con los Códigos a la vista. Una ridiculez que apelaba sólo a la memoria sin adaptar la evaluación a la realidad profesional.

6. Continuidad con la práctica profesional.

No tiene sentido formar abogados para un mundo que ya no existe. Si el ejercicio profesional deja de premiar la acumulación de horas de lectura o redacción y comienza a valorar la capacidad de decidir, interpretar contextos complejos y asumir responsabilidades, la universidad debe preparar para eso.

No alcanza con enseñar “qué es” la inteligencia artificial: es necesario diseñar los programas partiendo de su existencia, del mismo modo que sería absurdo enseñar Derecho Civil ignorando el Código. La IA no es una herramienta opcional: es un dato estructural del nuevo ecosistema jurídico.

7. Enseñar el arte de abogar.

Si el derecho es una ciencia, la abogacía es un arte. Y lo artístico no puede ser reemplazado por la IA.

La defensa oral, la estrategia procesal, el criterio de equidad del juez, la argumentación en una audiencia y la entrevista personal con el cliente —con su componente de conocimiento técnico y comprensión humana— serán siempre irreemplazables.

Corresponde entonces a las Facultades concentrar gran parte de su cometido en enseñarlo: profundizar la dimensión artística de la profesión para que la IA sea, en ese terreno, solo una herramienta valiosa e imprescindible, pero nunca suficiente.

Una oportunidad para la Argentina

El verdadero desafío no es tecnológico, es educativo.

La Argentina no está obligada a llegar tarde a esta transformación.

Formar juristas mejor preparados para una nueva realidad y un sistema jurídico crecientemente complejo.

La alternativa es persistir en un modelo que forma memorizadores de normas para un mundo donde la memoria ya no es un atributo imbatible o formar juristas mejor preparados para una nueva realidad y un sistema jurídico crecientemente complejo.

Entonces, la verdadera pregunta que deberían hacerse hoy las Facultades de Derecho no es si permitir o prohibir la IA, ni cómo regularla en los exámenes, sino algo más profundo: qué tipo de juristas quieren formar y qué valor humano están dispuestas a agregar. Porque cuanto más inteligentes sean las máquinas, más decisivo será el pensamiento humano.

Si la universidad no asume este cambio, otros lo harán por ella. Y entonces no estaremos discutiendo cómo enseñar mejor derecho, sino cómo recuperar una profesión que habrá quedado atrapada en el pasado.

El futuro del derecho no sólo se juega en los tribunales ni en los estudios jurídicos. También se está jugando hoy, silenciosamente, en las aulas.