Grupo de Países de América Latina y el Caribe: la importancia de una regulación basada en evidencia

Argentina asume el liderazgo en la búsqueda de soluciones que permitan un equilibrio entre la protección de la salud, el medio ambiente y la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria

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Durante tres días representantes de 31 naciones se reunieron para preparar las Conferencias de las Partes (COPs) de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (REUTERS/Adriano Machado)
Durante tres días representantes de 31 naciones se reunieron para preparar las Conferencias de las Partes (COPs) de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (REUTERS/Adriano Machado)

El 20 de marzo en Puerto España, Trinidad y Tobago, concluyó el encuentro Grulac (Grupo de Países de América Latina y el Caribe), un importante foro que reúne a los países de la región para coordinar posiciones y estrategias en diversos asuntos de interés común.

En esta última edición se abordaron temas cruciales para la sustentabilidad como la gestión de productos químicos y su posible impacto en el medio ambiente y la salud humana. Durante tres días representantes de 31 naciones se reunieron para preparar las Conferencias de las Partes (COPs) de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo.

Respecto al Convenio de Rotterdam, el foco estuvo en facilitar el intercambio de información sobre la seguridad de los fitosanitarios con el objetivo de aportar una visión más integral, técnica y científica a la posible inclusión de moléculas al convenio propuesta por algunos países.

Se abordaron temas cruciales para la sustentabilidad como la gestión de productos químicos y su posible impacto en el medio ambiente y la salud humana.

En este sentido, la inclusión de ciertas moléculas en el Anexo III del Convenio –que restringe su comercialización y uso– perjudica la producción agrícola de todos los países, en particular Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, reconocidos como grandes productores de alimentos, fibras y bioenergía.

Esta situación genera una distorsión en los sistemas productivos, ya que afecta los herbicidas, insecticidas y fungicidas esenciales que, utilizados adecuadamente, no representan riesgos para la salud humana ni el medio ambiente.

Un acuerdo diseñado para proteger (con mayor acceso a información) a la población de los países sin capacidades regulatorias, termina perjudicando a la generación de alimentos y a la actividad agroindustrial sin necesidad alguna.

La inclusión de ciertas moléculas en el Anexo III del Convenio –que restringe su comercialización y uso– perjudica la producción agrícola de todos los países, en particular Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, reconocidos como grandes productores de alimentos, fibras y bioenergía

Como región tan relevante en la producción tenemos una responsabilidad adicional en mantener la objetividad, seguir los procesos y basarnos en ciencia. Solo así podremos asegurar la provisión de alimentos a un mundo que lo demanda, con el menor impacto posible al ambiente y a la salud. En este sentido, Argentina asume el liderazgo en la búsqueda de soluciones que permitan un equilibrio entre la protección de la salud, el medio ambiente y la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria.

Uno de los principales desafíos de la COP, que se llevará a cabo en mayo próximo, es mejorar la eficacia del Convenio para evitar estos efectos secundarios no deseados, es fundamental alzar la voz de los productores agropecuarios y la cadena agroindustrial toda para que el Convenio retome fortalecido sus objetivos fundacionales.

Seguiremos trabajando para que las nuevas medidas se basen en la ciencia, la innovación y el diálogo constructivo, garantizando un futuro mejor para el sector agrícola argentino y global.

El autor es director ejecutivo de Casafe