40 años del Juicio a las Juntas: Alfonsín y la consolidación de la democracia

El próximo abril se conmemorarán 40 años del llamado “Juicio a las Juntas”. El proceso que llevó al banquillo de los acusados a los máximos responsables de la dictadura cívico-militar que devastó el país entre los años 1976 y 1983. El liderazgo del entonces presidente Raúl Alfonsín y el acompañamiento del sistema político y social hicieron posible este hito en nuestra democracia.

El Juicio marcó un punto de inflexión frente a uno de los períodos más oscuros de nuestra historia. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre los avances y los desafíos que aún persisten en la construcción de nuestro sistema político representativo, republicano y federal.

La relevancia del juicio no se impone exclusivamente en el plano judicial, sino que también es la manifestación de la resiliencia de un pueblo que exigió justicia.

Argentina es el único país de América Latina que ha llevado adelante un proceso continuo y estructurado de juicios por crímenes de lesa humanidad, sin amnistías permanentes. A diferencia de otros países, los juicios se realizaron en tribunales civiles desde 1985, se reabrieron masivamente en 2003, abarcando no solo a militares de alto rango, sino también a policías, empresarios y médicos cómplices. Además, el país ha condenado sistemáticamente el secuestro y apropiación de bebés, con un fuerte apoyo de organismos de derechos humanos y sin interrupciones en distintas administraciones de gobierno, convirtiéndose en un modelo internacional de justicia transicional. El trabajo de los equipos de antropología forense en la búsqueda de personas desaparecidas logró la identificación de restos humanos, demostrando la profesionalidad y compromiso de nuestros científicos en el camino hacia la verdad.

La televisación del proceso permitió que la sentencia fuera seguida por toda la sociedad. Ver y escuchar los testimonios de las víctimas, así como los argumentos de la fiscalía y la contundencia del fallo, permitió que millones de argentinos y extranjeros tomaran real dimensión de los acontecimientos, desmantelando cualquier intento de negacionismo. Fue un acto de pedagogía colectiva que convirtió el juicio en un acontecimiento histórico y cultural de profundo impacto.

La educación en los colegios y las universidades, la reflexión en los medios de comunicación y en las calles, nos permiten reconocernos, y aprender de los éxitos y errores. La memoria no es un proceso lineal, y cada generación debe ser responsable de mantenerla vigente.

Aunque el Juicio a las Juntas, con sus avances y retrocesos, fue un paso trascendental, la búsqueda de justicia debe continuar en todos los planos de nuestra vida, promoviéndola en comunidad, escuchando y respetando las distintas voces en la lectura del pasado y del presente, entendiendo que sin ecuanimidad no hay justicia.

El país necesita sanar las heridas de un pasado violento y destructor que hirió el tejido social e inició un proceso de pauperización que no pudo ser revertido y en el que estamos insertos. Una realidad que exige el compromiso de incluir a grandes sectores postergados, poner fin a la violencia en todas sus formas y consolidar una institucionalidad sólida que garantice derechos y deberes. Nuestra democracia requiere seguir fortaleciendo el diálogo político-social, respetando las diferencias.

La justicia no es solo una cuestión de castigo, sino de reparación, y es a través de ella que podemos construir colectivamente una sociedad más justa y equitativa. El camino hacia la verdad sin duda nos hará libres, y este camino nos sigue interpelando.

El jueves 27 de marzo a las 18 en la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación de la Universidad del Salvador, Tucumán 1845, se conmemorará la fecha con la disertación del presidente de la Fundación Alem, Agustín Campero, y la participación de Ricardo Gil Lavedra, entre otros.