Del ajuste a la inversión: políticas para reactivar las Pymes

Desde el inicio de su gestión, el gobierno nacional impulsó una serie de medidas orientadas a la reducción del gasto público, ajustes en los recursos estatales y políticas para combatir la inflación. En este marco, se realizaron recortes que fueron calificados como los más significativos de los últimos años, con el objetivo de estabilizar la economía y reducir el déficit fiscal.

Estas medidas, catalogadas por el propio gobierno como el plan “motosierra”, han tenido un fuerte impacto, tanto en lo económico como en lo social. Por un lado, entre los efectos positivos se debe mencionar el logro de superávit financiero, la contención del dólar y la reducción significativa de la inflación. Por el otro lado, el ajuste ha causado en un primer momento un fuerte impacto social: la paralización de la obra pública, la retracción de los salarios y una significativa pérdida de puestos de trabajo. Según estimaciones, se han perdido en el último año unos 150 mil empleos, lo cual debe ser analizado cuidadosamente, implementando rápidamente medidas que busquen una solución.

Una de las medidas implementadas por el gobierno para paliar los efectos negativos del ajuste ha sido, desde el principio, la búsqueda de inversiones privadas que compensen esta falta de inversión pública. Para lograrlo, orientó sus políticas a la promoción de grandes inversiones extranjeras, sancionando la Ley de Bases N.º 27.742. Esta ley creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual ofrece estabilidad fiscal, beneficios arancelarios e incentivos impositivos a proyectos de más de 200 millones de dólares en sectores estratégicos como minería, tecnología y energía.

Sin embargo, el RIGI generó preocupaciones sobre el impacto negativo en la competitividad de las Pymes, las cuales representan más del 70% del empleo formal en el país. Las críticas apuntaron a que las condiciones preferenciales para grandes corporaciones podrían dificultar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

El gobierno estaría intentando resolver estos reclamos y, para ello, ha presentado recientemente un proyecto de ley adaptado a las necesidades de las Pymes, bajo el título de “Ley de promoción del empleo y las inversiones”. Ha elaborado una suerte de RIGI para Pymes, denominado Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), en este caso, otorgando beneficios específicos como exenciones impositivas, devolución anticipada del IVA y el acceso a cadenas de valor estratégicas.

Asimismo, el proyecto busca generar condiciones laborales que resulten atractivas y faciliten la creación de nuevos puestos de trabajo: reduce trabas y obligaciones excesivas, y permite la implementación de beneficios sociales específicos, buscando flexibilidad en la relación empleador-empleado. Al mismo tiempo, se plantean beneficios para las pymes que tomen nuevos empleados, como por ejemplo reducción de las cargas patronales en distintas proporciones de acuerdo al tamaño de la empresa.

Este proyecto, aunque aún no ha sido tratado en el Congreso, representa un avance hacia un modelo más inclusivo de crecimiento económico. La búsqueda del equilibrio entre ajuste y desarrollo sigue siendo un desafío clave. La implementación efectiva de esta política y otras en ese mismo sentido, será crucial para garantizar un crecimiento económico sostenible y la generación de empleo en el país.

Como he sostenido en reiteradas oportunidades: las pymes son el motor del crecimiento de nuestro país. Todas las medidas que apunten a su promoción y la creación de condiciones beneficiosas para su desarrollo impactarán positivamente en la economía real. El rol del Estado orientador, creativo, eficiente y honesto es clave para la actividad productiva, la generación de riqueza y la creación de empleo genuino.