Recientemente, hemos sido testigos del colapso del régimen opresivo sirio que duró décadas. Hay espacio para que el pueblo de Venezuela y la administración estadounidense aprendan algo de la experiencia siria y consideren aplicar sus lecciones al régimen de Maduro.
El rápido colapso de Siria se atribuye ampliamente a la debilidad de las potencias que sostuvieron el régimen de Bashar Al Assad y a las fuerzas de oposición bien armadas y organizadas.
Irán, su representante Hezbollah y Rusia apoyaron al régimen de Assad. Irán y Hezbollah perdieron influencia en Siria debido a su humillante derrota a manos de Israel. Rusia, ocupada con una Ucrania cada vez más desafiante, también perdió su capacidad de sostener al régimen sin la ayuda del Eje chiita.
Durante los últimos 13 años, Siria también ha estado enfrentando una crisis de legitimidad latente. El gobierno de Nicolás Maduro, al igual que el régimen de Assad, tiene un grave déficit de legitimidad que puede rastrearse, al menos desde la muerte de Hugo Chávez.
Maduro ha estado cometiendo fraude electoral desde 2013. La Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció a Maduro por fraude y dictaminó que este violó la libertad de expresión y que utilizó la maquinaria estatal para lograr su elección.
En 2018, Maduro ganó la reelección con más del 50% de la abstención de los votantes, lo que ya indicaba la crisis de legitimidad del sistema. Estados Unidos y países europeos denunciaron la victoria de Maduro como una farsa.
Además, más de 60 países han reconocido a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente de Venezuela. Unos años más tarde, muchos países latinoamericanos y europeos retiraron el reconocimiento a Guaidó como presidente de Venezuela.
En julio de 2024, Maduro nuevamente cometió un fraude electoral. Esta vez la oposición finalmente se unió en torno a un candidato, enviando un mensaje claro de que la sociedad venezolana pedía un cambio.
Se han planteado varias ideas para lograr un cambio de régimen. Algunos todavía sueñan con una invasión externa, principalmente de Estados Unidos. Aun así, esa opción parece muy improbable dada la aversión del pueblo estadounidense y de las elites políticas estadounidenses a sacrificar tropas.
Otros creen que, por ahora, los venezolanos deben aceptar la realidad actual con la expectativa de que algún día estarán maduras las condiciones para una transición negociada.
Esa es la idea de personas como los actuales presidentes de Brasil y Colombia, Lula Da Silva y Gustavo Petro, y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Otros creen que es importante seguir celebrando elecciones, exigir transparencia y denunciar al régimen en foros internacionales.
No hay nada que no haya sido probado, incluidas las últimas elecciones, donde se expuso el fraude y la comunidad internacional reconoció como ganador al candidato opositor Edmundo González Urrutia.
Seamos claros. Hasta el momento, los resultados dejan mucho que desear. Por tanto, es fundamental considerar nuevas ideas. El régimen de Maduro se sostiene a través de la manipulación, la extorsión y la represión.
Al igual que en Siria, los grupos militares y paramilitares apoyan al régimen, Rusia suministra armamento, mientras que los funcionarios cubanos tienen un sistema de vigilancia de los opositores.
Además, según un acuerdo firmado entre Venezuela y Cuba en 2008, Cuba ha aumentado su poder sobre las fuerzas armadas venezolanas. Cuba entrena soldados venezolanos y tiene la autoridad para revisar y reestructurar el ejército venezolano, lo que también incluye la capacidad de espiar a los militares.
De hecho, Cuba contribuyó significativamente a construir la república del miedo en la que se ha convertido Venezuela. Pero lo más importante, como en Siria, es que lo que sostiene principalmente al régimen es el negocio de la droga.
Siria fabricó Captagon y lo exportó a otros países, principalmente Arabia Saudita. Esta producción en masa permitió al régimen de Assad evitar sanciones y fortalecer su ejército, así como a Hezbollah, la principal milicia que apoyó y salvó al régimen.
Sus ingresos no provienen del petróleo, sino de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el contrabando ilegal de oro y otros minerales.
En este sentido, es poco probable que una política estadounidense e incluso internacional de máxima presión mediante sanciones funcione, como no ha funcionado antes.
El Cartel de los Soles es una organización criminal dirigida por miembros del ejército y del gobierno venezolano. Este grupo se beneficia del tráfico de drogas, el contrabando de petróleo a países vecinos y la explotación ilegal de la minería y el comercio de oro y otros minerales extraídos.
Quitarle estos recursos al régimen es crucial. Maduro y sus cómplices trabajan con toda una red de narcotraficantes y criminales. Estados Unidos debe liderar la lucha contra el narcotráfico en América Latina para destruir toda su infraestructura.
Los cárteles de la droga no sólo apoyan a regímenes autoritarios antiestadounidenses, sino que también provocan situaciones anárquicas en diversas zonas del continente, socavando el Estado de derecho y la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.
No podemos declarar un fracaso la guerra contra las drogas sólo porque la producción de drogas continúa y porque la respuesta militar causó innumerables víctimas en la región.
Estados Unidos debería trabajar con gobiernos de la zona dispuestos a emprender la lucha contra los cárteles de la droga minimizando al mismo tiempo las bajas civiles e inocentes.
La guerra contra los cárteles de la droga debe ser firme pero también legal. Líderes como Nayib Bukele en El Salvador han llevado a cabo una guerra contra el crimen.
Lamentablemente, esas operaciones se realizaron a expensas de los derechos humanos y, hasta cierto punto, a expensas de las prácticas democráticas y legales. Sin embargo, tales efectos contraproducentes no deberían servir como elemento disuasorio para la guerra contra el crimen transnacional, sino que deberían servir como lección para mejorar las operaciones.
Estados Unidos no puede perseguir todas las fuentes independientes de producción de cocaína. Pero los gobiernos sí pueden. Alentar a los gobiernos nacionales y locales de la región a eliminar las operaciones ilícitas dentro del marco de la ley debería ser prioridad.
Estados Unidos podría supervisar la represión de los gobiernos latinoamericanos contra los cárteles para garantizar que no se detenga indefinidamente a ninguna persona inocente, que no se violen derechos fundamentales y que no se permita que florezca ninguna actividad paramilitar.
De hecho, establecer ese equilibrio es un gran desafío. Un proyecto de este tipo requeriría una planificación cuidadosa, que este artículo no puede proporcionar. Sería útil aprender de la experiencia del Plan Colombia, que el Departamento de Estado considera exitoso a pesar de algunos defectos, y de las políticas de Bukele en El Salvador (que han sido criticadas por el alto costo de vidas humanas y encarcelamientos innecesarios).
Pero vale la pena hacer el esfuerzo porque el estado de la región es tal que no deja alternativa. La aplastante victoria de Bukele en las últimas elecciones presidenciales indica que la mano dura contra los cárteles y las pandillas que apoyan sus actividades es una necesidad social.
Ecuador, un país que enfrenta serios desafíos debido a la delincuencia transnacional, puede brindar una oportunidad para probar este experimento. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ya es injustamente comparado con el expresidente populista Rafael Correa por involucrar a los militares en asuntos de seguridad interna.
Privar al Gobierno venezolano de las fuentes que lo sustentan es crucial para la seguridad y la democracia regionales.
Finalmente, como en Siria, el pueblo de Venezuela debe estar preparado para identificar las debilidades dentro del régimen y prepararse para una rebelión. Por ejemplo, se ha observado que existe un creciente descontento con el régimen dentro de las filas militares.
Esta vez, esa rebelión no puede limitarse a las protestas porque estas pueden ser reprimidas con violencia, como ya sucedió anteriormente. Teniendo en cuenta que cuanto más un régimen opresivo permanece en el poder, más difícil es derrumbarlo y la población termina aceptando su fatal destino.
Basta con mirar al modelo cubano, cuya tiranía está en su séptima década. El Gobierno reprimió rápidamente las protestas en julio de 2021. Desde entonces no se ha producido ninguna acción disidente significativa.
Por lo tanto, la oposición al régimen no debe limitarse a acciones políticas y movimientos electorales. La oposición también debería prepararse para un enfrentamiento con el régimen.
Armar a la oposición requiere voluntad y ayuda externa. El gobierno de Estados Unidos debería considerar un escenario pasado cuando la Administración Reagan ayudó a armar, entrenar y proporcionar inteligencia a los Contras contra los Sandinistas en Nicaragua. Esa presión finalmente ayudó a la transición a la democracia en Nicaragua.
El régimen de Maduro no se desmoronará debido a los procesos electorales. Es un régimen de tipo cubano diseñado para perpetuarse indefinidamente. Cortar su fuente de apoyo (que ya no es el petróleo, sino las drogas), aprovechar sus debilidades y organizar una oposición armada parecen las únicas cartas que quedan en manos de quienes desean restablecer la democracia venezolana.