Existen cuatro barreras que obstruyen la actualización laboral argentina: la “unicidad” de los sindicatos, el “cepo” a las nuevas organizaciones, la “ultraactividad” de los convenios y la “indecisión” de los políticos.
El modelo de sindicato único (unicato) que privilegia a un solo sindicato de cada actividad, por encima del resto y de los sindicatos de profesión o de empresa, perjudica, corrompe y produce sindicalistas ricos con trabajadores pobres, porque al tener la “vaca atada” el sindicato deja de ocuparse de su función de defender derechos y se dedica a hacer caja y sumar poder para comprar funcionarios.
El cepo sindical impuesto por la Secretaría de Trabajo por el cual se cajonean todos los nuevos expedientes de Inscripción, de Personería gremial y de Convenio colectivo, alimenta el monopolio sindical, viola la ley 23.551 de asociaciones sindicales que promueve la libertad sindical y el artículo 14 bis de la Constitución que garantiza el derecho a organizarse.
La tercera traba es la longevidad de los convenios colectivos, debido a la “ultraactividad” del artículo 6 de la ley 14.250 por la cual se extiende el plazo de duración de un convenio vencido hasta que una nueva convención lo sustituya. Eso explica por qué la mayoría de los convenios argentinos tiene más de 50 años de vida e ignoran las nuevas formas de empleo, más allá de algún pequeño retoque acordado en paritarias.
Y el cuarto problema es que ninguno de los últimos doce presidentes del último medio siglo encaró una verdadera reforma laboral: le entregaron la llave del Ministerio de Trabajo a los Sindicatos -como hicieron los peronistas- o a los Empresarios -como hicieron los radicales y los liberales-, pero los gobernantes nunca se jugaron a una reforma que beneficie al trabajo y a los trabajadores. Es un dato. Los políticos solo ven hasta la próxima elección. Ninguno de esos turnos de gobierno pudo, quiso o intentó llevar adelante una auténtica transformación sindical. Y tampoco lo hará el liberal Javier Milei, que tiene un acuerdo tácito con la vieja “casta” sindical por eso fracasaron todos los intentos legislativos de cambio en 2024.
Mi propuesta para salir de esta catástrofe laboral, con 8 millones de trabajadores informales, 20% real de desempleo, 50% de pobres y alto descrédito sindical, se asienta en cuatro columnas: conquistar la afiliación de los trabajadores, actualizar los convenios colectivos, abrir la competencia entre sindicatos y promover la conciliación con los empleadores.
Los neo sindicalistas deben convencer a sus representados que es mejor estar afiliado y bajo convenio que negociarse el salario en forma individual. Convencerlos de que vale la pena pagar la cuota sindical porque accederá a mayores beneficios, pero no obligarlos ni imponerles nada porque el inciso b del artículo 4 de la ley 23.551 establece que “los trabajadores podrán afiliarse, no afiliarse o desafiliarse”. Ningún trabajador bien informado se negará a la afiliación si le explican los beneficios de estar bajo el paraguas sindical y los riegos de quedarse a la intemperie. Hay que seducir en vez de obligar.
Los convenios deben actualizarse permanentemente, sin quita de derechos, pero incorporando las nuevas realidades laborales. Hay que estimular a las partes a renovar el contenido de lo conveniado pero asegurarse que sea dentro del ámbito de la personería del sindicato, sin extralimitar los ámbitos reconocidos. Las malas prácticas llevan a incorporar en convenios viejos categorías nuevas no reconocidas en la personería gremial, lo cual es una irregularidad y una distorsión porque la modernización debe hacerse sobre el ámbito propio, no el sobre terreno ajeno. El Sindicato de Comercio y su CCT 130/75 es el rey de la invasión personal y territorial de otros gremios.
La apertura y actualización del convenio debe darse sin llegar a su extinción porque ello significa una pérdida de derechos para el trabajador ya que su relación laboral se regirá por la ley de Contratos de Trabajo 20744, que resulta menos beneficiosa que el convenio colectivo.
Debemos eliminar toda traba o conducta que reduzca o impida la competencia y libertad de constituirse y de elegir a qué sindicato afiliarse. Es increíble que los propios funcionarios públicos incumplan la ley y sean una gran fuente de litigiosidad judicial. El Estado debe cumplir su deber constitucional de reconocer a las organizaciones con sus correspondientes Inscripción, Personería y Convenio Colectivo. Debe dar opciones de cambio (como en las obras sociales) y estimular la competencia sindical. Solo así esos trabajadores tendrán alternativas, protección y trabajo real. Lejos de debilitar la “unidad” de los trabajadores, la libertad sindical origina agrupaciones puras, auténticas, fuertes y ajustadas a derecho. ¿Acaso los sindicatos creados hace 100 años temen competir con los recién organizados?
Finalmente hay que cambiar la idea de combatir al capital por la de conciliar con el empleador. La empresa debe ganar dinero para poder pagar buenos salarios. Hay que sumar responsabilidades a los derechos laborales y capacitación continua obligatoria a la tarea sindical.
El cambio de modelo que propongo consiste en simplificar la entrada y salida al sistema, en reconocer los derechos y las obligaciones sin demora y en cumplir la normativa actual de modo que siempre será más conveniente registrar que “negrear”, pagar que adeudar y acordar que litigar. Para eso hace falta una autoridad laboral firme, decidida a hacer funcionar el sistema, a castigar al incumplidor y a no dejarse corromper por el poder sindical y empresarial. De este pantano salimos simplificando procesos y premiando el esfuerzo.
Hay que avanzar hacia un nuevo sindicalismo, moderno y flaco. Hay sindicatos con cientos de miles de afiliados que terminan entregando los derechos en vez de protegerlos. Un sindicato con menos de cincuenta mil afiliados es manejable y permite representar mejor los intereses diferenciados de sus trabajadores, con menor corrupción porque tiene menos caja. Ya existe una Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE) que agrupa a neo sindicalistas y promueve los cambios necesarios.
Hay que cambiar el modelo sindical de las 3P (“Personería, plata y patota”) por el de las 3C (“Competir, conquistar y conciliar”). Hay que restaurar la libertad sindical y respetar el derecho constitucional a organizarse y a elegir sindicato. Estos cambios nos sacarán del mundo analógico y nos llevarán al tecnológico. Nos transportarán al otro “45”: el 2045. El modelo sindical representado por los “Gordos” está en coma, es incapaz de reaccionar frente a la catástrofe del desempleo y el trabajo informal. Pero como en la Tercera Ley de Newton, en la que toda acción genera una reacción de igual intensidad pero en el sentido opuesto, ya nació una nueva generación gremial distinta: los “Flacos”. Una mayoría silenciosa de organizaciones bien administradas, que cumplen correctamente su función y defienden adecuadamente a sus afiliados. Tienen la audacia de pensar distinto y la libertad de ser incomprendidos. Y, como suele decirse: “Cuando tienes un porqué, hallarás un cómo”.