Ética para brindar custodia a políticos con fondos públicos

La provisión de custodia a políticos con recursos del Estado combina aspectos éticos, jurídicos y económicos, siendo tres los principales interrogantes a responder. ¿Qué criterios justifican su otorgamiento? ¿Hasta qué punto debe la ciudadanía asumir el costo de la protección personal del político? Y, más importante, ¿cómo se evitan los abusos?

El marco jurídico para dicha protección se basa en que el Estado debe garantizar la seguridad de funcionarios de alta responsabilidad o exposición pública. En Argentina, la Ley de Seguridad Interior y las normativas complementarias disponen proveer custodia a funcionarios conforme a criterios objetivos de seguridad como la funciones y circunstancias del protegido, más las hipótesis de amenazas reales que dichas situaciones conlleven.

Sin embargo, esta custodia debe, aunque no está actualmente, sujeta a principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, ya que el uso responsable de los recursos públicos debiera responder según Michael Sandel a un criterio de justicia distributiva, asegurando que beneficien al interés general y no sólo a individuos particulares. En este sentido, garantizar la seguridad de altos funcionarios bajo amenazas directas y reales que así lo requirieran, se consideraría legítimo si estuviera vinculado con el ejercicio de sus funciones. Pero extender privilegios de custodia a políticos retirados o sin amenazas concretas que la demanden, constituye un abuso de los recursos públicos erosionando la confianza ciudadana y más aún en contextos de crisis económica, austeridad e inseguridad colectiva creciente.

Reportes de auditorías en varios países han revelado que un número no menor de políticos utilizan esta prerrogativa como símbolo de estatus con choferes y asistentes logísticos o incluso como instrumento de imagen. Transparency International, en su informe sobre corrupción y gastos estatales (2023), enfatiza que los sistemas de justicia y supervisión efectiva son esenciales para prevenir la malversación de fondos públicos, la corrupción política y el abuso de privilegios, incluyendo gastos no justificados como los relacionados con seguridad personal.

En Argentina, el uso de recursos públicos para la custodia de figuras políticas o sus familiares, incluyendo vehículos, ha cobrado relevancia a partir de casos como los de Cristina Kirchner con más de 120 agentes por sus múltiples domicilios; Máximo y Florencia Kirchner con custodia sin acreditar situaciones excepcionales; Amado Boudou, quien continuó recibiendo amplia custodia policial luego de su mandato sin ocupar cargos ni enfrentar amenazas verificables; Alberto Fernández como expresidente y residiendo en España contando con 12 efectivos a su disposición; Mauricio Macri disponiendo como expresidente de 30 agentes, algunos de los cuales lo acompañan en sus viajes al exterior; Eduardo Duhalde ya retirado dispone de 14 agentes; Norberto Oyarbide, quien retirado como juez mantenía su custodia utilizándola como asistentes personales; Sergio Berni, exsecretario de seguridad bonaerense tiene 11 agentes; la custodia de Fabiola Yáñez en España luego de haber dejado de ser primera dama y la de Elisa Carrió, quien denunció amenazas contra su integridad personal pero sin proporcionar evidencia concreta de peligro inminente. Algunos gobernadores, legisladores y otros exfuncionarios e incluso sus familiares, se suman a estos casos de utilización de custodia como privilegio, favoritismo o herramienta simbólica más que como una necesidad basada en riesgos reales y superiores al promedio de la ciudadanía, carentes de criterios claros y transparentes para justificarla.

Particularmente, si bien la asignación de custodia para exmandatarios está prevista y actualizada en el Decreto 735/2023 y los jueces pueden dictaminar la custodia a terceros o su refuerzo en casos excepcionales, frecuentemente y tal como se ha visto no responde a criterios de seguridad, acreditado incluso por múltiples y diversos informes periodísticos de investigación dando cuenta que el esquema de protección ha sido utilizado para actividades de carácter privado.

Si bien la reacción oficial es justificar la custodia alegando “riesgos inherentes” al cargo, mayormente dicha asignación en Argentina responde a dinámicas políticas más que a evaluaciones objetivas de seguridad. Aquello que Michael Walzer denomina desproporcionalidad del uso de recursos públicos respecto al beneficio colectivo, deviniendo la protección estatal en un privilegio injustificado erosionando la confianza en las instituciones democráticas.

Localmente el marco normativo establece el derecho a la custodia, pero no especifica criterios claros para evaluar la necesidad, su continuidad o ampliación. Esto genera opacidad y posibles abusos, agravado por la dificultad de obtener el costo anual de la custodia de expresidentes y sus familiares, contrastando con principios de transparencia establecidos en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

Metodología que difiere notablemente con los sistemas de países que han implementado modelos más transparentes y equitativos. Suecia, cuyo enfoque austero y pragmático establece estrictos límites para la custodia de políticos, la otorga únicamente tras una evaluación exhaustiva de riesgos, basada en amenazas concretas e inmediatas. Los casos de custodia prolongada son excepcionales, incluso durante amenazas reales para no desviar fondos de otras prioridades. Incluso luego del asesinato del ex primer ministro Olof Palme, Suecia mantuvo la política de evitar el abuso de recursos públicos para seguridad, reforzando los mecanismos de evaluación de amenazas en lugar de extender privilegios indiscriminados.

En España, la Ley de Protección de Autoridades y Altos Cargos Públicos establece que la custodia personal de funcionarios o exfuncionarios no es permanente por defecto, sino que debe basarse en informes de inteligencia o fuerzas de seguridad, analizando la naturaleza y grado de amenazas recibidas más los riesgos derivados de su cargo, o posibles represalias por decisiones políticas. Además, periódicamente se evalúan los riesgos que enfrenta el funcionario en cuestión para retirar la protección si las amenazas que la justificaban desaparecen o reducen. Más aún, cuando un funcionario deja o cambia su cargo.

Canadá brinda seguridad para sus altos funcionarios bajo estrictas normas de transparencia y rendición de cuentas, publicando sus costos en informes auditados y públicos. Además, realiza revisiones periódicas para determinar la necesidad de custodia.

El Reino Unido supervisa la seguridad de figuras públicas, incluidos ex primeros ministros, operando bajo un sistema de proporcionalidad donde las amenazas deben ser claras y verificables, y las decisiones revisadas regularmente estableciendo límites claros en costos y riesgos.

Estados Unidos cesa la custodia una vez que desaparece la amenaza específica no extendiéndola de manera indefinida. Prioriza la seguridad de la población general frente a la protección de figuras públicas, evitando que el gasto en escoltas desplace otras prioridades estatales.

Conclusión, Argentina necesita reglamentar los parámetros de amenazas y riesgos reales más criterios de relevancia pública en la función desempeñada, para justificar la asignación de custodia basada en la necesidad y proporcionalidad. Deben establecerse requisitos obligatorios con revisiones periódicas y plazos máximos para la protección de funcionarios o exfuncionarios y eventualmente sus familiares. Todo ello basado en análisis de peligro real e inminente superior al promedio ciudadano. Debe auditarse el ejercicio de la custodia prohibiéndole tareas ajenas a la seguridad, estableciendo consecuencias penales. Corresponde publicar informes periódicos detallados sobre el gasto en protección a funcionarios y exfuncionarios, accesibles a la ciudadanía, y designar organismos externos e independientes para evaluar y verificar la necesidad y pertinencia de custodia para cada caso y circunstancia evitando conflictos de interés y discrecionalidad.

Esta es una buena oportunidad para adoptar prácticas de transparencia, proporcionalidad y rendición de cuentas exitosas en otros países, optimizando los recursos públicos para necesidades colectivas y reforzando la confianza en las instituciones democráticas, un paso crucial en un contexto de creciente descontento ciudadano.