Como abogados especializados en protección de datos, nos enfrentamos diariamente a los desafíos de la era digital, pero el caso Meta ha expuesto una vulnerabilidad sistémica que trasciende lo meramente técnico.
En julio de 2024, nos encontramos redactando una denuncia que sabíamos sería histórica. Cada párrafo, cada pregunta, cada argumento legal fue cuidadosamente construido para exponer una verdad incómoda: nuestros datos personales están siendo utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial sin las garantías legales necesarias.
La respuesta que recibimos el 15 de agosto fue reveladora: Meta envió un representante legal cuyo poder presentado resultaba insuficiente para actuar en el expediente, limitándose a solicitar una prórroga. Esta situación procesal, independiente de la indudable capacidad profesional del letrado, ilustra el patrón de respuesta de la empresa ante los cuestionamientos sobre su manejo de datos personales.
Como especialistas en protección de datos, abrazamos con entusiasmo el desarrollo tecnológico y reconocemos el valor innegable que las grandes empresas tecnológicas aportan a nuestra sociedad. La innovación digital ha transformado positivamente la manera en que vivimos, trabajamos y nos conectamos. Sin embargo, nuestra convicción profesional es clara: el progreso tecnológico debe ir de la mano de una ética digital sólida y del respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
En nuestras más de dos décadas de experiencia en protección de datos, hemos visto cómo las grandes tecnológicas han ido expandiendo sus operaciones en Argentina, trayendo innovación y oportunidades. Pero el caso Meta marca un punto de inflexión: representa el momento en que debemos establecer un diálogo constructivo sobre cómo integrar el desarrollo tecnológico con la protección efectiva de los datos personales. No se trata de frenar la innovación, sino de asegurar que esta se desarrolle dentro de un marco ético y legal que proteja los derechos de todos los argentinos.
La comparación con Brasil no es casual ni anecdótica. Nuestros vecinos han demostrado que es posible establecer límites claros a las operaciones de las grandes tecnológicas cuando existe determinación. Sus acciones recientes, incluyendo la suspensión de operaciones de IA y la amenaza de multas millonarias, marcan un camino que merece nuestra atención.
El procesamiento de datos de menores argentinos nos preocupa especialmente. Como padres, nos importa el futuro digital que estamos construyendo para nuestros hijos. Como abogados especializados en protección de datos, vemos con claridad las consecuencias a largo plazo de permitir que esta situación continúe sin un marco regulatorio adecuado.
Nuestra ley 25.326 fue revolucionaria en su momento. La recordamos vívidamente: representaba la promesa de un futuro digital donde los derechos de los ciudadanos estarían protegidos. Hoy, esa misma ley necesita una actualización urgente para enfrentar realidades que sus redactores no podían imaginar: sistemas de IA que aprenden de nuestras interacciones diarias, algoritmos que perfilan nuestro comportamiento, decisiones automatizadas que afectan nuestras vidas.
Sin embargo, la inacción de los legisladores de la Nación en cuanto a la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales para dotar a la AAIP de herramientas modernas contra este accionar envía un mensaje devastador: en Argentina, las big tech pueden operar bajo sus propias reglas.
Es hora de llamar a esta situación por su nombre: no estamos ante un simple caso de negligencia legislativa, sino frente a una crisis de soberanía digital. Cada día de inacción y no sanción de una moderna ley de Protección de Datos Personales es una declaración tácita de rendición frente al poder corporativo transnacional.
El silencio que siguió a nuestra presentación es ensordecedor. Cada día sin respuesta es un día más en que millones de argentinos comparten sus vidas en plataformas digitales sin comprender completamente cómo su información personal está siendo utilizada.
La pregunta que nos debemos hacer no es si debemos frenar el avance tecnológico, la respuesta es claramente no. La verdadera pregunta es: ¿cómo podemos asegurar que este desarrollo tecnológico, vital para nuestro futuro como nación, se realice respetando principios éticos fundamentales y protegiendo los derechos de nuestros ciudadanos?
Como profesionales de la protección de datos, nuestra visión no es antagonista del progreso tecnológico ni de las empresas que lo impulsan. Por el contrario, buscamos ser catalizadores de un desarrollo tecnológico ético y responsable. Cada presentación, cada argumento legal, cada acción que tomamos está diseñada para construir un marco donde la innovación y los derechos fundamentales no sean fuerzas en conflicto, sino aliados en la construcción de un futuro digital más justo y equitativo.
El camino hacia un ecosistema digital ético es largo, pero la causa es justa. Y mientras continuemos trabajando por la transparencia y la responsabilidad en el uso de datos personales, seguiremos defendiendo un futuro digital donde la innovación tecnológica y el respeto por los derechos fundamentales avancen de la mano, como pilares inseparables del progreso que nuestra sociedad merece.