La inviabilidad del sistema previsional estatal

En diciembre, la jubilación mínima base será de $259.598,79. Con el bono extraordinario de $70.000, alcanzará $329.598,76, beneficiando al 65% del total de jubilados y pensionados en Argentina. Sin embargo, en octubre, la canasta básica total -indicador que define la línea de pobreza- se situó en 319.283,60 pesos.

En términos prácticos, la jubilación mínima con bono apenas supera el umbral de pobreza, y sin él, más de la mitad de los jubilados quedarían categorizados como pobres. Esta situación evidencia el fracaso de un sistema de reparto que, desde su concepción, presenta inconsistencias estructurales.

Aunque hoy resulta políticamente incorrecto hablar de jubilación privada, es fundamental señalar que la mayor estafa del populismo ha sido la imposición de un modelo estatal de reparto. Este esquema, en nombre de la solidaridad social, ha condenado a generaciones de trabajadores a depender de pensiones miserables que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

El sistema de reparto estatal tiene sus raíces en 1889, cuando Otto von Bismarck, canciller alemán, implementó un modelo en el que los trabajadores aportarían durante su vida laboral para acceder a una pensión al cumplir 70 años. Sin embargo, este diseño ocultaba un dato crucial: en esa época, la esperanza de vida en Alemania rondaba entre los 40 y 45 años, lo que significaba que la mayoría de los aportantes no llegaba a cobrar la jubilación, dejando al Estado con los recursos acumulados.

Hoy, es común escuchar a jubilados afirmar que fueron estafados porque los aportes realizados durante años no se corresponden con las pensiones que perciben. La realidad es que, en un sistema de reparto, los aportes de los trabajadores activos y las contribuciones patronales no constituyen un fondo de ahorro individual. Se trata, en esencia, de impuestos destinados a financiar las jubilaciones de quienes ya están retirados.

Esto implica que quienes hoy están en actividad no están construyendo un ahorro para su vejez, sino financiando a los jubilados actuales. Cuando llegue su momento de jubilarse, dependerán de los aportes de quienes estén activos en ese futuro, perpetuando la dependencia de un sistema que no ofrece seguridad alguna.

En un sistema de reparto no existe el concepto de ahorro. Los aportes no están destinados a garantizar la vejez del trabajador, sino a sostener el sistema vigente.

El colapso del sistema de reparto es inevitable en Argentina debido a su estructura económica, marcada por pocos asalariados formales, alta informalidad y baja productividad.

Entre los principales factores que explican esta inviabilidad se encuentran:

• El aumento de la esperanza de vida, que ha reducido la proporción de trabajadores activos por cada jubilado, incrementando la presión sobre quienes están en actividad.
• La informalidad laboral, que deja fuera del sistema a millones de trabajadores que no realizan aportes ni contribuyen a financiar las jubilaciones actuales.
• El desempleo y la proliferación de subsidios sociales, que han fomentado una economía donde una gran parte de la población no aporta al sistema previsional.
• La baja productividad de la economía argentina, que genera salarios reales bajos y, en consecuencia, jubilaciones insuficientes. Dado que las pensiones se calculan como un porcentaje de los ingresos tributarios sobre salarios, esta situación refleja la debilidad estructural del modelo.

En este contexto, resulta evidente que tanto los jubilados actuales como quienes se retiren en el futuro no pueden esperar más que miseria del sistema estatal de reparto. Esta realidad es consecuencia de décadas de políticas que privilegiaron el estatismo y rechazaron la responsabilidad del ahorro individual.

La eliminación del sistema de capitalización individual en 2008, conocido como AFJP, representó un retroceso significativo. Aunque este modelo tenía problemas —como altas comisiones y una excesiva exposición al riesgo estatal—, ofrecía mayor previsibilidad que el sistema actual. Permitía que los aportantes tuvieran cierto control sobre sus ahorros, en lugar de depender completamente de un Estado que ha demostrado ser ineficiente.

El ahorro individual tiene un impacto transformador no solo para los jubilados, sino también para la economía. Este tipo de ahorro constituye una fuente de financiamiento para proyectos de inversión productiva y créditos hipotecarios a largo plazo. Además, fomenta un círculo virtuoso que impulsa sectores como la construcción y aumenta la oferta inmobiliaria.

Por ejemplo, muchos de los abuelos y bisabuelos en Argentina ahorraron comprando propiedades, lo que les permitió vivir de los alquileres durante su retiro. Este modelo funcionó hasta que leyes como las de control de alquileres, implementadas por gobiernos populistas, destruyeron esa dinámica.

El argumento de que es necesario un sistema estatal porque “no todos son previsores” ha demostrado ser una falacia. Los resultados de la supuesta previsión estatal están a la vista: millones de jubilados sobreviviendo con ingresos que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Este paternalismo ha fracasado y condenado a generaciones enteras a depender de un esquema que no garantiza una vejez digna.

Las AFJP, a pesar de sus defectos, representaban una alternativa menos deficiente que el sistema estatal. Su eliminación dejó a millones atrapados en un modelo que perpetúa la pobreza.

Aunque criticar el sistema estatal de reparto y defender alternativas privadas sea políticamente incorrecto, es imprescindible abrir este debate. Seguir sosteniendo un modelo que no funciona perpetúa la estafa y condena a las futuras generaciones a repetir los mismos errores.

Es momento de repensar el sistema previsional, fomentar el ahorro individual y reconocer que el Estado benefactor ha fallado en su promesa de “cuidar a los jubilados”.