¿Qué ven los que la ven, en el mercado de capitales?

Es posible que, tras casi un año de gobierno, sea oportuno intentar explicar al gran público los fundamentos teóricos implícitos en el conjunto de medidas que constituyen el “plan económico” del presidente Javier Milei.

Entre los elementos que constituyen la “herencia recibida” del gobierno anterior, uno de los menos explicado es lo que algunos economistas denominan “inercia inflacionaria”.

La carrera de los precios suele atribuirse a excesos de demanda o a incrementos en los costos empresariales, y los remedios propuestos suelen incluir una combinación de medidas ortodoxas y heterodoxas. Shocks fiscales y monetarios, complementados con controles o acuerdos supuestamente voluntarios con los “formadores de precios”, son citados con frecuencia en la vasta literatura sobre la materia.

No son pocos quienes consideran que la actual disminución, insuficiente, de la inflación obedece a la conocida “inercia inflacionaria” y a la falta de coordinación entre precios y salarios, una sutil definición que encubre la históricamente fallida política de control de precios.

El supuesto “atraso cambiario”, generado por el mayor incremento de los índices de precios frente al ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial (crawling peg), debería, según esta línea, resolverse con una devaluación nominal acompañada de algún tipo de acuerdo o control de precios y salarios.

Sin embargo, esa línea de razonamiento parece equivoca. Propongo, en cambio, una explicación que, probablemente comparta el actual Presidente.

El descontrolado ritmo de emisión monetaria del gobierno anterior, exacerbado en los últimos meses con lo que popularmente se conoció como “plan platita”, desencadenó un proceso inflacionario creciente que derivó en dimensiones pre-hiperinflacionarias.

El marco teórico que propongo combina elementos de las escuelas monetarista y austríaca, partiendo del supuesto que la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. No es posible explicar un fenómeno inflacionario significativo sin una previa expansión monetaria considerable.

En el largo plazo, emisión e inflación se igualan, aunque en el corto plazo existen factores que aceleran o retrasan ciertos precios, generando diferencias en la magnitud de la inflación. Este fenómeno, conocido como efecto Cantillon, impacta de manera desigual en los precios de la economía.

El dólar, como sustituto de una moneda nacional repudiada en regímenes de alta inflación, “pica en punta” y se aleja de otros precios. Así, parece que los precios siguen al dólar, cuando en realidad este actúa como transmisor entre emisión e inflación.

El término pass-through se refiere al impacto de la variación del tipo de cambio sobre la inflación. En contextos de inflación moderada, este efecto suele ser atenuado, permitiendo que una devaluación aumente transitoriamente el tipo de cambio real. Sin embargo, a medida que la inflación se acelera, este fenómeno puede amplificarse, llegando incluso a superar la unidad en regímenes de alta inflación o pre-hiperinflacionarios.

En estas circunstancias, la huida de la moneda nacional reduce la demanda de dinero a tal punto que la emisión genera un efecto sobre los precios que parece infinito. Esto explica el contexto del último tramo del gobierno anterior, en el que muchos precios se fijaron con referencia a un dólar de 1.500 o 2.000 pesos.

Con la asunción del nuevo gobierno y la eliminación de este proceso convulsivo, se observan diferentes niveles en los precios de la economía, lo que se denomina “desalineamiento de precios relativos”.

Al final del gobierno de Alberto Fernández, algunos precios necesitaban duplicarse y otros cuadruplicarse para alcanzar el nivel de los que lideraban el crecimiento en términos cuatrianuales. El dólar libre y los precios más flexibles lideraban esta escala, mientras que las tarifas de los servicios públicos y el tipo de cambio oficial estaban rezagadas.

En una situación ideal, con expectativas favorables y un grado de confianza muy elevado, la confluencia debería producirse con una baja de la cotización del dólar libre y de los precios que copiaran su evolución, mientras que las tarifas y el dólar oficial deberían subir para que, en promedio, los índices comiencen a estabilizarse.

La falta de confianza inicial impidió que los precios que debieron bajar lo hicieran, generando una percepción de “atraso cambiario” que algunos buscan corregir con una devaluación. Sin embargo, el Gobierno rechaza esta opción debido al riesgo de que el pass-through anule el ajuste cambiario. Por el contrario, busca reducir el ritmo de ajuste, llevándolo del 2% al 1% mensual en los próximos meses.

El enfoque monetario del balance de pagos sugiere que la demanda de dinero crecerá en los próximos meses y años, impulsando el ingreso de reservas al Banco Central. Esto ocurrirá porque el sector privado requerirá más moneda doméstica para financiar mayor actividad, lo que obligará a vender divisas.

Con la misma línea de razonamiento, se debería esperar un colapso de la presión inflacionaria y el inicio de una suave deflación que mejore gradualmente el tipo de cambio real, que tantas críticas genera en el presente.

Si se tiene paciencia, el incipiente proceso de baja de algunos precios, que ya se nota claramente, debería generalizarse. La deflación, acompañada de una reactivación de la economía, se vislumbra como un escenario posible para el próximo año.

A medida que se agotan los efectos contractivos de la fuerte devaluación, deberían comenzar a concretarse las inversiones en sectores productivos, impulsadas por el RIGI y el blanqueo. Las últimas lluvias cortaron la sequía y anticipan una cosecha de normal a buena, que sumará divisas al país.

El aporte de divisas de los sectores más dinámicos debería hacer pronto olvidar las quejas de los devaluacionistas, que harían bien en enfocarse en invertir y eliminar los factores microeconómicos que menguan su rentabilidad.

El Gobierno debe continuar desregulando y reduciendo la presión fiscal para bajar costos empresariales, mejorar la rentabilidad y fortalecer el tipo de cambio real de forma genuina.

La consolidación definitiva del nuevo y rupturista “modelo económico” debería producirse con la aparición de gobernadores e intendentes que adopten la política de ajuste (“motosierra”) del gobierno nacional. Mientras las cuentas nacionales muestran una baja del gasto público del 30%, en las provincias sólo alcanza a 10 % y el aporte de los municipios es nulo.

El éxito del modelo estará asegurado cuando nuevos líderes locales aporten austeridad y valentía para consolidar el proceso de cambio que enfrenta la Argentina.

El autor es Economista