Ficha Limpia: ¿ética o persecución política?

La propuesta de la “ficha limpia” en política aboga por la inhabilitación temporal o perpetua para cargos públicos a quienes han sido condenados, en algunos casos bastando la condena en primera instancia, mientras que en otros requiriendo una segunda, o bien que esté firme en todas las apelaciones. Ya sea para todo delito o sólo para algunos con penas de prisión, o bien considerados graves como narcotráfico, terrorismo, violación sexual, corrupción, fraude contra el Estado y asociación ilícita entre otros de gran impacto social. Y esto no sólo por el grave y masivo perjuicio provocado a la sociedad, sino también enfatizando la necesidad por la integridad y la confianza pública en las instituciones democráticas. Sin embargo, existen argumentos en contra de esta medida, tal como los que refieren a la persecución política o el socavamiento de la presunción de inocencia.

Entre las consideraciones a favor está la integridad institucional, donde la ficha limpia es un mecanismo para favorecer la ética y transparencia en los funcionarios. Así, Daniela Gaddi demuestra que la ficha limpia es decisiva para evitar los graves y masivos daños de la corrupción, en paralelo con lo imperioso de una justicia restaurativa, generando confianza social en las instituciones como factor esencial para la democracia. Los efectos devastadores en la sociedad, provocados por corruptos en la función pública, fueron motivo del informe del Banco Mundial (2020), demostrando que los países que implementaron medidas de ficha limpia tienen menores niveles de corrupción y una mejora en la percepción pública de las instituciones. Obteniendo además un efecto disuasorio ante la posibilidad de perder derechos políticos, actuando como un desincentivo para la corrupción y otras prácticas ilícitas. Con diferencias en la naturaleza del delito, grado de sentencia y duración de la inhabilitación, el Report on Exclusion of Offenders from Parliament (2018) producido por la Comisión de Venecia, da cuenta de los principales países como Reino Unido, Francia, Italia, España, Bélgica, Países Bajos, Chile, Canadá, Israel, Perú, Brasil, Austria, Alemania, Polonia y Australia, entre otros, que contemplan sistemas de inegibilidad en sus sistemas políticos. Colombia (2021) y Paraguay (2022) también han incorporado medidas similares.

Por otro lado, el principio de presunción de inocencia es uno de los argumentos más poderosos en contra de la ficha limpia dado que, según la actual bibliografía, su aplicación puede socavar los derechos políticos de las personas antes de agotar todas las instancias judiciales, deviniendo en herramienta de persecución política. Diversos estudios advierten sobre la manipulación en la implementación de estas restricciones, más para eliminar adversarios electorales, proscribiéndolos, que para limpiar la política de corrupción. Sus efectos negativos incluyen la desincentivación de la participación política por temor a ser descalificado socialmente por haber cometido errores menores en el pasado.

En Estados Unidos, la acusación o condena por un delito grave no impide constitucionalmente que alguien sea electo o reelecto a cargos públicos estatales o federales, excepto en casos de traición, insurrección o rebelión después de haber prestado juramento. Inhabilitación que sólo puede ser eliminada por dos tercios de cada Cámara del Congreso. El argumento es que los redactores de la Constitución minimizaron las inhabilitaciones para permitir al electorado amplia libertad en la elección de sus representantes. Para cargos como Presidente de la Nación, la Constitución de Estados Unidos no incluye restricciones relacionadas con antecedentes penales, y los congresistas, aunque no pierden automáticamente su cargo tras una condena, pueden enfrentar sanciones internas del partido o del cuerpo legislativo, como la pérdida de presidencias de comités o procedimientos disciplinarios que incluyen la expulsión. Además, según el reglamento de la Cámara de Representantes, los miembros condenados por delitos con penas de prisión de 2 años o más, no pueden votar. Pero a pesar de estas restricciones internas, no existe una inhabilitación constitucional explícita con excepción de los tres casos mencionados.

La responsabilidad moral de los funcionarios públicos, debiendo actuar en beneficio del bien común, es precisamente aquello contra lo cual atenta la corrupción, desvirtuando la confianza pública. Y la ficha limpia es una forma de fortalecer aquella responsabilidad, asegurando que sólo individuos sin antecedentes penales sean elegidos. Y esto fundamentado por autores como Michael Sandel demostrando que la democracia florece ante representantes decentes, dado que aumenta la ética pública y la confianza de los ciudadanos. Desde la promoción de una cultura de la honestidad, la implementación de la ficha limpia fomenta la transparencia en la política, y cuando los ciudadanos perciben la existencia de consecuencias claras para la corrupción, influye en la forma de concebir e involucrarse en política. Estudios de organizaciones internacionales demuestran unánimemente que donde se han aplicado leyes de ficha limpia, se observó un cambio en la cultura política aumentando la participación ciudadana y la cohesión social en procesos de monitoreo y denuncia, incrementando además el nivel de población activa e informada, clave para fortalecer la democracia y luchar contra la corrupción.

Pero la sustentabilidad sociocultural de la transparencia en la función pública debe nutrirse desde la educación inicial y hasta la universidad. En este sentido, informes ampliamente citados como el de UNESCO Global Citizenship Education: Topics and Learning Objectives (2015), muestran cómo la educación cívica promueve la transparencia e integridad pública fomentando valores como la responsabilidad, la ética y el compromiso social, exigiendo rendición de cuentas. Transparency International, en su Educating for Integrity: Teaching Anti-Corruption Values in Schools (2016), identifica que incluir temas de ética y gobernanza en las currículas escolares tiene un impacto positivo al reducir la tolerancia hacia la corrupción y alentar comportamientos íntegros entre las generaciones jóvenes. El informe de la OCDE, Education for Integrity: Teaching on Anti-Corruption, Values and the Rule of Law (2018), muestra también la significativa contribución de la educación cívica para inculcar principios de integridad y ética pública.

Conclusión, si el principio del Estado de Derecho radica en la existencia de leyes que se aplican igualmente a toda persona e institución, pública o privada, y donde el poder del Estado está sujeto a normas jurídicas, el ejercicio del poder político por quienes infringen la ley hace peligrar este principio como requisito de la democracia. Por lo tanto, está justificado restringir el derecho político a ser electo u ocupar un cargo en la función pública, para proteger a la sociedad y a la administración pública de ser representada por delincuentes. Pero esta inegibilidad debe basarse en normas jurídicas claras, perseguir un objetivo legítimo y respetar el principio de proporcionalidad, considerando la duración de la inhabilitación en función de la gravedad del delito más que de la pena, incluyendo la pérdida del mandato parlamentario o destitución. Y como frecuentemente la exclusión de los delincuentes no se produce intrapartidariamente, resulta necesaria la intervención legislativa y judicial. En este sentido, la ley deberá prever que las inhabilitaciones operen automáticamente para los delitos o condenas más graves, mientras que los casos menores sean dirimidos por el poder judicial. Adicionalmente, el criterio legislativo deberá respetar el principio de inocencia de quienes pretendan acceder o continuar desempeñándose en la función pública, pero al mismo tiempo deberá evitar el aprovechamiento de la lentitud judicial para eludir las sanciones y seguir cometiendo delitos impunemente contra el Estado y la sociedad.