Sincerar la discusión sobre Salud Mental

No existe la salud mental. Quiero decir, el primer paso para trabajar sobre los padecimientos mentales es aceptar que no todas las personas habitan del mismo modo, con la misma subjetividad, con la misma forma de vida, en nuestra comunidad. Es decir, hablar de salud mental es hablar de un campo abierto, un campo en el cual hay conocimiento construido, legislación vigente y prácticas a transformar, pero siempre guiados por la idea de hacerle un lugar a cada quien en la vida social y comunitaria. La salud mental, en todo caso, no se trata de normalizar o disciplinar cuerpos y mentes, sino por el contrario, de acompañar procesos y hacerle un lugar a aquellos que no lo tienen. Porque bien sabemos que la locura, los trastornos, las depresiones, las psicosis tienen el denominador común de la exclusión, de la incomprensión, del aislamiento, de la pérdida de lazo social.

Ahora bien, en el último tiempo se ha hablado mucho de salud mental. Buen síntoma. Quiere decir que esta sociedad no es indolente a la pandemia silenciosa de padecimientos mentales con la que convivimos. Pero también hay que señalar que esta conversación sobre la salud mental muchas veces ha sido tomada por el paradigma médico hegemónico y clásico. Eso que podríamos llamar la salud medicalizada, controlada por el conocimiento corporativo (que como ya sabemos siempre tiene efectos políticos y nunca es arbitrario), que se obsesiona en diagnósticos y medicaciones e internaciones compulsivas. Como si la forma de resolver los problemas fuera etiquetar y encerrar personas.

Sectores de las tradiciones más crueles, inhumanas y disciplinantes ven en un problema real la oportunidad de restaurar modelos (sanitarios y de negocios) que solo traen más padecimiento. Y esto se grafica puntualmente en el ataque a la Ley de Salud Mental. Una ley modelo en el mundo, construida de forma democrática y participativa, que lleva 14 años desde su sanción, pero que aún hoy (con gobiernos de diversa pertenencia política) encuentra resistencias y obstáculos para su plena implementación; lo cual resolvería buena parte de los problemas que tenemos en la materia.

Para no escribir sola esta nota, le pregunté a Hugo Cohen, médico psiquiatra y máster en salud pública; ex asesor en salud mental para Sudamérica de la OPS/OMS. sobre cuáles creen que son los principales problemas que enfrentamos. Cohen me contestó lo siguiente: “El principal problema para atender y recuperar a una persona en salud mental no son los 10 días de internación que pudiesen ser necesarios, sino el apoyo y la continuidad en los 365 días restantes en la comunidad.” En segundo lugar, estamos frente a un cambio cultural y para eso necesitamos fundamentalmente la capacitación del personal, hay que actualizar la formación de los médicos generales y de los especialistas psiquiatras y psicólogos que no son formados en esta temática en los cursos de pregrado. Y tercero el apoyo a los sus propios usuarios y a los familiares. Es fundamental apoyar a la familia con herramientas para saber cómo intervenir a las 3 de la mañana cuando su hijo se descompensa.

Hay un argumento contra la Ley de Salud Mental que escuchamos todo el tiempo: prohíbe las internaciones. Sobre este punto consulté a Xavier Oñativia, ex Decano de la Facultad de Psicología, UNLP 2018-2022. Actualmente Prosecretario de Salud Mental de la UNLP, y me respondió así: “En su capítulo 7 hay 16 artículos referido a la internación de personas con padecimiento mental, además de otros que se relacionan con esto. De modo que la ley prevé de manera exhaustiva, la posibilidad de internación para personas con padecimiento mental, que así lo requieran. De modo que es falso, entonces, esa supuesta prohibición o impedimento respecto de la internación”.

Es clave que la internación sea un recurso posible y no una regla obligatoria. En este sentido hablé con Mirta Elvira, doctora en Salud Mental Comunitaria, docente e investigadora miembro de ACUFA (Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental), y me decía lo siguiente: “Hay un problema en cuanto a la manera de comunicar la ley y su implementación en algunos casos porque hay intereses creados para militar en contra de la ley, pero la ley presenta justamente toda la posibilidad de implementar un modelo comunitario donde se prioricen los dispositivos de tratamiento intersectorial complejo y no medicalizado.”

Quisiera agregar un estudio de costos que se realizó durante la presidencia de Mauricio Macri sobre la Ley de Salud Mental (a menudo criticada por el supuesto enorme presupuesto que requeriría). El estudio, del año 2019, señala en sus conclusiones: “Uno de los principales hallazgos del estudio ha sido que el modelo comunitario podría ser costo-efectivo respecto del modelo hospitalario monovalente, bajo escenarios de gestión eficiente de recursos. Por su parte, considerando el ahorro presupuestario anual que ofrecería el modelo comunitario respecto de los costos actuales de operación del modelo asilar, si se proyecta una transición gradual y progresiva en 5 años, la inversión inicial necesaria para implementar el modelo comunitario podría ser recuperada luego de 2 años de funcionamiento”.

En la Ley de Salud Mental no estamos discutiendo internaciones sí o internaciones no, no estamos discutiendo el “costo” que tiene su plena implementación. Esos son argumentos falsos que esgrimen quienes quieren restaurar un modelo de crueldad y exclusión, de personas encerradas, sobremedicadas, sin proyecto de vida. Hay que sincerar la discusión.