La ineludible realidad de una economía dolarizada de facto

A menudo se escucha hablar de la “escasez estructural” de dólares en la economía argentina. También conocida como “restricción externa”, no es más que el límite que el mundo le impone a la desenfrenada prodigalidad de los gobiernos y políticos argentinos.

La pretensión de sostener un Estado de bienestar al estilo europeo -que Juan Domingo Perón instauró en 1946 como política de Estado-se enfrenta periódicamente con los bajos niveles de inversión y productividad que generan un sector privado agobiado por impuestos y regulaciones y una casta de empresarios prebendarios.

La destrucción de los mercados de capitales locales a través de represión financiera, intervencionismo y confiscaciones ha dejado solo dos mecanismos para financiar un “Estado de malestar” ineficiente y corrupto: emisión monetaria y deuda externa.

La “maquinita” es el recurso al que han recurrido los gobiernos populistas cuando ya no quedan ahorros privados fáciles de confiscar.

Los gobiernos no populistas, más creíbles internacionalmente, recurrieron en cambio al endeudamiento externo para reducir los excesos del populismo de manera gradual, evitando así alimentar la inflación.

Sin embargo, desde 1955, el sistema corporativista ha logrado abortar todos los intentos de poner en caja al Estado del que se nutre, lo que ha llevado a la Argentina a oscilar entre crisis inflacionarias y crisis externas. Esto explica por qué el país ha acumulado más años con alta inflación, recesión y default que cualquier otro desde 1955 en adelante.

Los argentinos aprendieron a protegerse de las depredaciones de un Estado abusivo huyendo del peso y ahorrando en dólares fuera del sistema bancario doméstico. La preferencia por la moneda norteamericana no se explica por afinidades ideológicas o culturales con el “imperio” -la Argentina es el país con el sentimiento antiestadounidense más fuerte en América Latina-, sino simplemente por necesidad.

Mientras el sector privado ahorra en dólares fuera del sistema, el sector público desahorra (se endeuda) en dólares. Consecuentemente, como en un juego de gato y ratón, sucesivos gobiernos intentan apoderarse de esos dólares privados a un tipo de cambio inferior al de mercado mediante controles, restricciones y penalidades. Así surge la escasez de dólares: como cualquier otro bien, fijar un precio máximo por debajo del equilibrio genera un exceso de demanda y una escasez de oferta.

La incongruencia entre la dolarización de facto de la economía y el curso forzoso del peso no solo genera inestabilidad, sino también costos de transacción elevados.

A esta incongruencia se suma otra igualmente costosa y desestabilizante: el descalce cambiario del sector público. El Estado recauda en pesos, pero necesita dólares para pagar sus deudas. Los únicos tributos ajustados al dólar son los aranceles a las importaciones y los derechos de exportación. Entre 2020 y septiembre de 2024, estos impuestos representaron en promedio solo 11% de la recaudación total.

Todo esto cobra relevancia ante un dato preocupante: entre 2025 y 2034, la Argentina deberá desembolsar, en promedio, USD 20.400 millones anuales en concepto de capital e intereses de su deuda pública en moneda extranjera (fundamentalmente en dólares). De esta suma, casi la mitad deberá pagarse a organismos internacionales y el resto a inversores privados no residentes. Los intereses representan, en promedio, aproximadamente 1% del PBI.

Se pueden hacer varias observaciones sobre esta cifra:

1. Los países normales no pagan su deuda, sino que la renuevan a su vencimiento.
2. El nivel de deuda externa en relación con el PBI de la Argentina parece comparable al del resto de América Latina. El problema es que Argentina no es un “país normal”. Como hoy no tiene acceso a los mercados de capitales, no puede renovar su deuda con inversores privados.
3. Como la Argentina es un defaulteador serial con “intolerancia financiera”, una relación de deuda externa/PBI superior al 30% (manejable para un “país normal”) genera efectos indeseables, como crisis cambiarias, corridas bancarias y defaults.
4. Si bien la deuda con organismos internacionales no presenta riesgos de renovación (roll-over), el FMI espera que Argentina cancele su deuda de manera gradual y lo más rápido posible. La única forma de hacerlo es emitiendo nueva deuda en los mercados internacionales, lo que supone que, en la próxima década, el país deberá lograr que los inversores le renueven cerca de USD 90.000 millones en bonos, además de los casi USD 42.000 millones que se adeudan al FMI, es decir casi USD 13.000 millones por año.
5. Se deben sumar las necesidades de financiamiento del sector privado, considerables en un escenario de crecimiento sostenido.
6. Entre 2005 y 2023, la tasa de ahorro doméstica promedio fue de 16,8% del PBI, insuficiente para financiar una tasa de inversión de 17,6%. La diferencia, de 0,8%, fue cubierta por financiamiento externo. Con estos niveles de inversión, la economía no puede crecer, como se evidencia en la comparación entre las tasas de inversión y el crecimiento del PBI per cápita entre 2004-2023.

Orlando Ferreres explica: “La amortización por sí sola equivale a 15% del PBI. Se necesita invertir esa cifra simplemente para no perder capital productivo. Para crecer al 5% anual, Argentina necesita invertir 25% del PBI: 15% para cubrir la amortización y 10% para aumentar el capital”.

Esto implica una inversión anual de USD 150.000 millones, una cifra que bajo el régimen monetario actual es difícil de financiar localmente, ya que los argentinos han demostrado no estar dispuestos a ahorrar en pesos.

Incluso un objetivo más modesto, como una tasa de inversión de 22% del PBI -el promedio de Perú entre 2003 y 2023-, requeriría un financiamiento externo adicional de al menos USD 30.000 millones por año. Sumando las necesidades del sector público, Argentina necesitaría USD 55.000 millones adicionales por año.

Las proyecciones del FMI para 2025-2029 son más modestas, estimando un aporte de USD 8.600 millones anuales. Sin embargo, esta previsión se basa en un supuesto cuestionable dada la inestabilidad argentina: que los cambios impulsados por el gobierno desde diciembre de 2023, en particular el superávit financiero, se mantendrán por al menos cinco años.

La realidad es que ni Vaca Muerta, ni la minería, ni el litio nos “salvarán” sin una inversión que hoy no es posible financiar internamente.

¿Por qué una dolarización oficial contribuiría a resolver este problema?

1. Eliminaría el descalce cambiario del sector público, junto con el déficit fiscal, principales generadores de inestabilidad.
2. Repatriaría parte de la liquidez en dólares que está fuera del sistema (aproximadamente USD 250.000 millones), lo que aumentaría la tasa de ahorro doméstica y, por ende, el crédito al sector privado.

En realidad, Argentina no tiene escasez de dólares: el problema es que le faltan dólares al Estado, y esto seguirá ocurriendo mientras exista una moneda que los políticos pueden manipular a piacere.

En una economía moderna, el principal creador de dinero es el sistema bancario privado.

Por ejemplo, en Suecia, el dinero externo que emite el banco central prácticamente ha dejado de existir.

El reciente aumento de los depósitos en dólares gracias al blanqueo es una prueba elocuente de que los argentinos poseen dólares. Una dolarización oficial es factible porque es autofinanciable y no requeriría retirar todos los pesos de la circulación de la noche a la mañana. Bastaría con congelar la circulación monetaria, declarar al dólar como moneda de curso legal y adoptarlo como única moneda de cuenta en el sistema financiero. Esto, sin embargo, requeriría una negociación en el Congreso, ya sea a través de un DNU o mediante una ley.

Es importante enfatizar que darle curso legal al dólar no implica eliminar el peso. Un país puede tener más de una moneda de curso legal en circulación; de hecho, esa fue la realidad en Argentina durante gran parte del siglo XIX. Si bien se dice que Argentina es una economía bimonetaria, en realidad, es una economía mayormente dolarizada de facto. Negar esta realidad es mero voluntarismo.

Una dolarización oficial -que implicaría declarar el curso legal del dólar, congelar los pesos en circulación y dolarizar el 100% de los depósitos y préstamos bancarios- no significa imponer arbitrariamente una moneda a los argentinos, sino reconocer que el dólar es la moneda que ya han elegido y prefieren usar.

La única moneda que los argentinos rechazan, y que el Estado ha intentado imponerles por la fuerza, es un peso que se deprecia día a día.

El autor es Economista e historiador. Esta columna fue publicada en el Blog del Libro Dolarización: Una solución para la Argentina