Réquiem para las rutas

El estado de las rutas, tanto nacionales como provinciales, se ha convertido en una tragedia silenciosa. Baches, falta de mantenimiento, señalización deficiente y tramos intransitables son parte del paisaje diario para quienes dependemos de estas vías. Este abandono no solo compromete la seguridad, sino que también impacta negativamente en la producción agrícola, uno de los pilares de nuestra economíaEjemplos concretos como las Rutas Nacionales 5, 7 y 33, y las provinciales 51 y 70 (aún sin completarse un tramo), fundamentales para conectar zonas productivas con los puertos de exportación, reflejan esta crisis. El abandono y la falta de inversión han convertido nuestras rutas en símbolos del despilfarro estatal y una dolorosa metáfora de oportunidades desperdiciadas.

El deterioro de las rutas convierte el traslado de la producción en una carrera de obstáculos. Camiones cargados de granos, leche o ganado circulan por lugares que parecen campos minados, expuestos a constantes roturas y retrasos. Esta situación no solo eleva el riesgo de accidentes, sino que también reduce la eficiencia del sector agropecuario, encareciendo los productos y perjudicando nuestra competitividad.

Siendo el campo el mayor generador de dólares genuinos para la economía del país, ¿Por qué las distintas administraciones no invierten para generar las condiciones para facilitar la producción y exportación?

Las economías locales dependen de una infraestructura vial eficiente. Cada kilo de soja, trigo, maíz, carne o litro de leche perdido por el mal estado de las rutas, representa una pérdida directa para nuestras comunidades y afecta nuestra economía.

A pesar de la alta presión impositiva sobre el sector agropecuario, con impuestos nacionales y provinciales destinados a mejorar la infraestructura vial, es crucial que los fondos se utilicen correctamente y no se desvíen a gastos improductivos. El Impuesto a los Combustibles y el Fondo de Vialidad Nacional (Ley 23.966), sumado al Fondo Hídrico de Infraestructura creado mediante el Decreto 1381/2001 y ratificado en 2006 (Ley 26.181), forman parte de un conjunto de políticas diseñadas para asegurar el financiamiento continuo para obras de infraestructura críticas en el país.

La lupa debería ponerse, una vez más, en garantizar la correcta asignación a los fines propuestos de cada uno de esos fondos. En el caso de los tributos mencionados, el financiamiento proviene de un impuesto sobre la transferencia o importación de naftas y sobre el gas natural distribuido por redes destinado a gas natural comprimido para el uso como combustible en automóviles. Su propósito principal es garantizar el mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional y provincial, especialmente aquellas rutas estratégicas para el transporte y la integración regional. Sin embargo, aunque sus inversiones no siempre cumplieron acabadamente con los objetivos determinados, en la actualidad muchos de estos fondos están siendo eliminados o puestos bajo revisión. Y en el mientras tanto, se desconoce su futuro y fundamentalmente el destino actual de los recursos asignados.

En la provincia de Buenos Aires se da idéntica situación con el régimen de descentralización administrativa creado por la Ley 13.010, en relación al Impuesto sobre Automotores y el Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires (Ley 15.310), reglamentado por el Decreto 114/2023, cuyo objetivo es la construcción, reparación, mantenimiento y mejoras de rutas de la red vial principal y secundaria de la Provincia de Buenos Aires. Pese a ello, estos fondos no se gestionan adecuadamente, dejando las rutas intransitables y peligrosas. A estos se le suman otros gravámenes municipales, vinculados al uso de caminos que aumentan los costos de producción y reducen la competitividad, lo que resulta profundamente injusto para quienes sostienen la economía desde el campo.

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, afirmó hace días que el Gasoducto Norte sería la última obra financiada con fondos estatales, apostando al “Régimen de Iniciativa Privada”, que tiene por objetivo estimular la inversión privada para la elaboración y el desarrollo de proyectos. Sin embargo, al momento la inversión es nula.

Por eso, si como Estado no invertimos en infraestructura vial, ¿cómo podremos ser competitivos a nivel global? Este tipo de declaraciones contrastan con la realidad de nuestras rutas, que son un peligro para la vida de las personas y un obstáculo para el desarrollo económico. Son esenciales para la producción y están destruidas, intransitables y se han cobrado muchas víctimas. Sin infraestructura, ¡los costos son terribles!

Es crucial que los gobiernos nacional y provincial cambien su enfoque y trabajen juntos en soluciones concretas, invirtiendo de manera continua en infraestructura. Para que Argentina sea una verdadera potencia agroexportadora, es necesario un cambio en la política vial, con un plan integral que repare las rutas existentes y construya nuevas vías para el transporte de personas y bienes. Esto requiere un compromiso real del Estado y la participación activa de los sectores productivos. Es inaceptable que sigamos con infraestructura deteriorada mientras los funcionarios se enfocan en conflictos políticos en vez de fortalecer la economía. Los dirigentes deben salir al campo, hablar con productores y recorrer las rutas para comprender la gravedad de la situación, reconociendo que es un tema clave para el desarrollo y la seguridad de todos los argentinos.

El réquiem aún puede convertirse en un himno de progreso, pero para ello es fundamental que todos los niveles de gobierno asuman su responsabilidad. El costo de la inacción no solo es económico, sino también social y estratégico. Nuestro país y provincia no pueden seguir avanzando por rutas que conducen al retroceso.