Ciclos económicos de raíz política

Es habitual que, en los años con elecciones de medio término -años impares-, tanto el gobierno nacional como los provinciales busquen “cebar la bomba” para mejorar la actividad económica y favorecer sus perspectivas electorales.

Lo que en otros países se vive como tensiones entre el Tesoro y el Banco Central por bajar tasas de interés (en latitudes en las cuales los sistemas financieros tienen “músculo” para la economía), en la Argentina lo hemos vivido como una gestión que tiende a aumentar temporariamente el gasto público en forma directa -acelerando la ejecución de obra pública, nombrando empleados públicos, otorgando subsidios, etc.- o en forma indirecta -aumentando el gasto tributario por vía de una reducción de impuestos, bajando aranceles de importación, entre otros-.

Pasado el año electoral, algunas de esas medidas se pueden revertir (subsidios, ritmo de la obra pública, aranceles) mientras que otras pueden quedarse contribuyendo a la formación de sucesivas capas geológicas (empleo público, básicamente).

La administración del presidente Javier Milei ha dejado claro que, en 2025, no hay margen para aumentar el gasto público en forma directa. En este sentido, el lema “no hay plata” marca una señal de disciplina fiscal que todos los actores económicos están asimilando, proyectándola para todo el actual período de gobierno. Sin embargo, ¿existe margen para algún ciclo de expansión de raíz política en 2025?

Es demasiado pronto para discernirlo, pero tenemos algunas pistas que abonan la idea que, dada la impaciencia política por obtener resultados favorables contundentes en las elecciones de medio término, se podrían sesgar algunos instrumentos de política, más allá de lo que recomienda un programa de estabilización de largo plazo en una economía con demasiados episodios de “salirse del carril” y corregir con un volantazo que sacude los cimientos.

Primero, es fundamental tener en cuenta que las reservas netas en el Banco Central son extremadamente precarias, en un contexto en el cual habrá de tomar tiempo la apertura de mercados voluntarios de deuda, sin cepo y sin colaterales.

Por supuesto, con cepo y colaterales, el margen se extiende, pero el tiempo disponible para mantenerse sin reservas netas que respalden vencimientos durante un lapso -no solo por la eventual impaciencia política, sino por la capacidad de competir de la mayoría de los agentes económicos- no es infinita. Y aquí aparece una segunda cuestión: la tasa de inflación mensual se acerca al umbral del 2%, pero desde arriba, y para perforarlo todavía restan ajustes de precios relativos que condicionan esa baja.

Congelar tarifas o llevarlas al 2% mensual no es, desde luego, un método para corregir precios relativos sino exactamente lo contrario.

Si bien las inversiones proyectadas y la mayor desregulación podrían eventualmente llevar a menores precios de equilibrio en el gas en boca de pozo y las tarifas de transporte, esto requerirá tiempo, capital y mucha desregulación, así como -en algunos casos- una baja de la presión impositiva.

Mientras tanto, ajustar precios por debajo de la inflación exigirá ahorrar en otras áreas. El ajuste fiscal será incompleto si el tipo de cambio real se aprecia un 10% anual (considerando la inflación internacional), y en ese caso se necesitará una reducción continua del gasto público en relación con el PBI para que -junto con una apertura económica agresiva y desregulación- las empresas puedan ganar competitividad.

Un plan de largo plazo hacia una economía abierta y desregulada, con un gasto público que caiga al 25% o 26% del PBI, con una inflación de un dígito y un tipo de cambio unificado y libre, exige pasar por un período de transición en el que estos objetivos se alcanzan con esfuerzo y quizás a destiempo.

Es decir, la economía permanecerá en desequilibrio durante un tiempo, con precios relativos que deberían ajustarse rápidamente a la productividad potencial que podría lograrse en los próximos dos o tres años con “otra empresa” que sea bien diferente de la que creció en una economía cerrada y súper-regulada.

En esta etapa, el segundo año de reformas (que para muchos es el primero en el que se implementan ajustes más estructurales) que debe cuidarse de no condenar a quienes podrán eventualmente adaptarse tras las reformas (es decir, con tiempo) pero que pueden cerrar en el medio del camino si los costos -salariales, tributarios- no lo permiten.

El intento por acelerar los resultados visibles para la población de la nueva estrategia macroeconómica con una fuerte baja inflacionaria podría empeorar las cosas, ya que en una economía con baja inflación es necesaria una mayor flexibilidad para reconvertirse de lo que la ley permite.

En otras palabras, si el Gobierno está apurado por llegar a una inflación mensual equivalente a un dígito anual, debería actuar ahora (en lo que queda de 2024 y en 2025) profundizando las reformas laborales y los ajustes de gasto público real -en Nación, provincias y municipios–, con recortes impositivos asociados en lugar de incrementar la presión tributaria.

Es fácil decirlo, pero no hacerlo puede implicar que los niveles de costos laborales y tributarios no sean consistentes con el sostenimiento de la actividad para muchas actividades y regiones -con la excepción de sectores que accedan a condiciones de alta productividad o beneficios específicos, como el RIGI-.

La alternativa es -y quizás sea lo que veremos- acelerar con el frenazo inflacionario y baja de tasas de interés, en un contexto de euforia financiera, en parte transitoria y en parte permanente por ajuste de niveles, que podría profundizar los desequilibrios de precios relativos.

Así, en 2025 podríamos ver un ciclo político de raíz diferente, al que predominó en otros períodos, con euforias transitorias que dan pie a una mejora del consumo y la actividad, pero que encuentren dificultad para sostenerse en el tiempo y demanden nuevas y duras correcciones.

Nunca es bueno dejarse llevar por la euforia, y siempre será mejor tener la cabeza fría al servicio de un corazón caliente, y no la recíproca.

El autor es Director y Economista Jefe de FIEL. Esta nota es un anticipo de Indicadores de Coyuntura 669, noviembre