Expectativas y desafíos de Azerbaiyán: la COP de las finanzas

La ruta hacia la 29° Conferencia de las Partes (COP29) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que se realizará del 11 al 22 de noviembre en Bakú, Azerbaiyán, se ha iniciado con un informe climático global que indica que 2023 fue el año más cálido de un registro climático de 174 años. Las temperaturas récord, combinadas con El Niño, derivaron en fenómenos climáticos extremos y severos. El primer mes de 2024 fue el enero más cálido que la Tierra haya visto desde que comenzaron los registros. La cita mundial tiene por meta preservar el objetivo vital de 1,5 °C, por encima de los niveles preindustriales desde 1850, para evitar graves impactos climáticos acordado en el Acuerdo de París de 2015. El reto de esta COP será ir más allá del Acuerdo de la COP28, e incluir en el texto final una referencia explícita a la “eliminación” (“phase out”) del gas, del petróleo y del carbón.

Por tercer año consecutivo será organizada por un petro-estado donde los combustibles fósiles suponen el 92,5% de sus exportaciones. La elección del país ha sido también criticada por su pobre expediente democrático y de derechos humanos.

Será presidida por su ministro de Ecología y Recursos Naturales, Mukhtar Babayev, quien tuvo una trayectoria de más de 26 años en la compañía estatal de petróleo (Socar). Su nombramiento ha sido duramente criticado por la sociedad civil, que ha recalcado el paralelismo con el doble papel del sultán Al Jaber, presidente de la COP anterior, quien fuera al mismo tiempo director ejecutivo de Adnoc, la compañía petrolera de Emiratos Árabes Unidos.

El contexto ha cambiado desmesuradamente desde que se estableció la meta de los 100.000 millones en 2009. El enfoque geopolítico y los conflictos que existen están desviando el financiamiento climático y de biodiversidad a otras áreas opuestas.

Esta nueva meta debe tomar en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo, pues la obligación de financiar la acción climática que tienen los países desarrollados no es caridad, es un deber y una responsabilidad.

Si analizamos el estado actual del financiamiento versus las necesidades, notamos que el 80% del financiamiento climático se va a la mitigación, menos del 15% a la adaptación y una porción muy pequeña a pérdidas y daños. La mayor parte del financiamiento incrementado viene del sector privado, no del público. Las necesidades de los países en desarrollo indican que su prioridad es la adaptación y que haya un acceso más sencillo y efectivo.

En cuanto a la línea del tiempo, los países en desarrollo quieren que esta meta se materialice en el corto plazo, no más allá de 5 años; mientras que los países desarrollados tienen una visión de largo plazo, incluso de revisiones cada 10 años.

El punto más álgido de las negociaciones es consensuar la cifra que los países desarrollados deberán comprometer. También sigue en debate la lista de países que contribuirán a la meta: para algunos, los países con altas emisiones y capacidad económica como China (mayor emisor actual) o los Petro-estados deberían formar parte del grupo que contribuya (se definen a sí mismos como naciones en desarrollo bajo el Acuerdo de París, lo que significa que no tienen que aportar dinero a los fondos).

En el otro lado de este debate, el tema de quién debe recibir los fondos es otro punto conflictivo. Muchos países desarrollados creen que deberían ir a parar a los más vulnerables a los efectos del cambio climático (los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo). Otro reto para los países en desarrollo es que el financiamiento que resulte de la nueva meta no genere más deuda pública.

El Balance Global (Global Stocktake - GST) es un mecanismo de evaluación colectiva para revisar, cada cinco años, el progreso mundial en términos de mitigación, adaptación y financiamiento climático. El ejercicio permite saber si los esfuerzos globales están siendo suficientes para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de limitar la temperatura del planeta debajo de 1.5 °C.

Los resultados del balance deben influir directamente en los compromisos climáticos de los países, contenidos en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. El texto del primer balance, aprobado en 2023, dio paso al proceso de actualización de las NDC, que los países deben presentar en 2025 en Brasil, anfitrión de COP30 y que deben concretar el compromiso histórico alcanzado en la COP28 de eliminar progresivamente los combustibles fósiles, fijar metas específicas de reducción de emisiones de metano, triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética.

El Fondo de Pérdidas y Daños está casi operativo. Es un mecanismo financiero diseñado para proporcionar un apoyo crucial a las naciones vulnerables que se enfrentan a la peor parte de los desafíos relacionados con el clima. Es imperativo el derecho a la participación porque por lo general las personas que lideran la discusión política no tienen ninguna conexión real con las comunidades que están experimentando los efectos del cambio climático. Esta falta de experiencia convierte el espacio en un intercambio teórico que no tienen una conexión real con las necesidades.

Para la sociedad civil y los países en desarrollo en general, las pérdidas y daños deben ser reconocidos como el tercer pilar de la acción climática, junto a la mitigación y adaptación. Pero para algunos países desarrollados con la creación del fondo ya no haría falta incluir el tema como parte de la nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento climático. El monto hasta ahora comprometido por los países desarrollados para alimentar el fondo no representa ni el 0.2 % de lo que se necesita anualmente. No existe aún una estrategia que proponga cuánto deberían aportar los países contribuyentes según su responsabilidad y capacidad.

Los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París estipulan que los “países desarrollados” deben apoyar la acción climática en los “países en vía de desarrollo”, a través de mecanismos de mercado y de no mercado. Implica temas clave tales como el establecimiento de mercados de carbono y las demandas de cooperación mediante de desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología y financiamiento. La sociedad civil califica de “falsas soluciones” al considerar que las empresas y los gobiernos se amparan detrás del “cero neto” de carbono al afirmar que simplemente tienen que pagarles a otros para que remuevan “su” carbono a través del sistema de compensación de emisiones en lugar de emprender acciones por sí mismos.

Si realmente ambicionamos instaurar un marco sólido para el logro de objetivos climáticos cruciales, limitar el calentamiento global a 1,5 °C requerirá una disminución del 43 % en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, según estimaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. La quema de combustibles fósiles para electricidad, transporte y calefacción representa la gran mayoría de las emisiones nocivas, aproximadamente el 73,2 %. Por eso, la COP29 representa un momento crítico en la lucha global contra el cambio climático, tiene el potencial de avanzar significativamente en la política climática global.

Todos tenemos el deber moral de evitar sobrepasar el objetivo de temperatura de 1,5 °C sin dejar a nadie atrás. Pero la ventana de oportunidad se está cerrando y debemos centrarnos en la necesidad de invertir hoy para ahorrar mañana. Es prioridad lograr reducciones de emisiones profundas, rápidas y sostenidas.