El Estado creció y se fortaleció en la era Milei

Hay que reconocer que Javier Milei es un propagandista y marketinero excepcional. Su discurso es relativamente bueno pero la realidad no se conduce con discursos. Y, claramente, tiene gran impacto en la opinión pública.

Por ejemplo, los casos de corrupción que destapa el Gobierno, sin duda, son reales, pero lo que no es verdad que vaya a terminar con esta práctica estatal porque, dice la ciencia, la corrupción es inherente al Estado y ocurre, incluso, en países que la opinión pública cree impolutos como EE.UU., Suiza, Japón.

Sucede que el Estado es el monopolio de la violencia y así impone leyes y regulaciones. Ahora, la violencia, en última instancia, queda decidida por el agente que la aplica. Por caso, el policía decide si la sombra que ve es de un ladrón o un vecino noctámbulo, no discuto si tiene razón o no, simplemente quiero mostrar que la violencia estatal depende en última instancia del agente que la aplica que puede ser sobornado.

A diferencia del mercado en donde toda interacción surge del acuerdo voluntario entre las partes, por tanto, en principio, no tiene sentido la corrupción, el único modo de disminuir la corrupción es reduciendo el poder arbitrario del Estado sobre el mercado.

Impacta mucho la campaña del Presidente: “el que las hace las paga” con el fin de aumentar la represión y el fortalecimiento estatal. Obvio que la frase es una arenga a la venganza. Creer que los problemas sociales, de la índole que sean, ya que el principio ontológico es el mismo, económicos, sociales, sicológicos, etc. se resuelven con más represión -como los precios máximos en economía- contradice a la evidencia empírica que muestra que existe un orden natural, espontáneo (el sol sale todos los días, los seres humanos necesitan alimentos para vivir, etc.) y ese orden es violado por la fuerza.

Ya Aristóteles (“La Gran Moral”, I, XIII) definía la violencia como aquella fuerza extrínseca (a la persona en cuestión) que pretende desviar su curso (su evolución) natural.

En particular, el nivel de delitos baja, precisamente, cuanto más (libertad) se respete el orden natural, espontáneo: en el caso ideal, si toda persona tiene un empleo bien remunerado y agradable, los casos delictivos se reducen a problemas siquiátricos.

Por el contrario, el aumento de la capacidad represiva estatal (además de la arbitrariedad, ergo, la corrupción que conlleva) implica una suba del gasto estatal, más pobreza e indigencia.

Al hablar de “achicar al Estado”, disminuir su peso, me refiero al mercado (al sector privado). Por caso, EE.UU. tiene un Estado mucho mayor al argentino, pero es más pequeño con relación al mercado y esto es lo que importa. Por cierto, Irlanda consiguió disminuir mucho esta relación al punto que su PBI subió hasta 35% anual en 2015 y, teóricamente, podría ser mayor aun, no hay límite superior.

Por el lado de los empleados, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con datos a julio de 2024, el número de asalariados privados descendió en 180.500 puestos desde agosto de 2023, siendo la mayor caída la de enero 2024 (0,6% respecto del mes previo), mientras que hasta julio la nómina en el sector público disminuyó en 41.300 personas.

Es decir que, dado que la reducción de empleo privado es mayor a la del público, hoy el Estado es más grande en términos de empleados. En el mejor de los casos, como según el Indec la cantidad de asalariados informales creció en 132.000, aun si se descuenta los perdidos en el sector formal, la reducción en el sector público sigue siendo menor.

En cuanto a la desregulación, sin dudas es pobre, se nota poco en la vida cotidiana y sigue vigente el cepo cambiario que, quizás, sea la más dañina de todas. Y, por cierto, la sola pregunta de si es posible o no levantarlo implica un descreimiento de que la libertad, la vigencia del orden espontáneo natural es la mejor (ciertamente imprevisible) solución.

Es difícil medir el nivel de desregulación, pero como muestra recordemos que los empleados informales siguen creciendo, 132.000 más se pasaron en el último año desde el sector formal. Es decir, para el mercado las regulaciones siguen siendo destructivas y, en consecuencia, evadidas.

Y finalmente el tema del gasto. En rigor, lo que importa no es el gasto estatal que, eventualmente, podría solventarse con venta de las innumerables propiedades del Estado, sino la relación de la recaudación sobre el PBI.

Otra vez, lo que importa es el nivel de violencia recaudatoria (desvío de recursos contra la voluntad del mercado). “La presión tributaria pasaría de 22,37% del PBI en 2024 a 22,92% en 2025″, se lee en el mensaje del proyecto de Presupuesto 2025, página 47. Es decir, el Gobierno reconoce que el Estado se agranda. Y este aumento de la presión podría ser aún mayor si se tiene en cuenta la férrea decisión de Milei de mantener el déficit cero y la caída de la recaudación que, en septiembre, fue del 8,1% interanual en términos reales, y que por tanto se prevé que se recuperará.

La actividad económica sigue bajando, precisamente, como consecuencia del peso del Estado. De hecho, en septiembre cae el IVA, el Impuesto al Cheque, el Índice Construya, la producción de autos, el patentamiento de motos, las ventas minoristas pymes, etc.

Y resulta sintomático que las variables financieras alcanzaran su mejor nivel en cinco meses. El blue en torno de $1.200, la brecha cambiaria por debajo de 20%, los bonos en dólares estatales subieron a precios máximos del año y el índice de riesgo país cerca de 900 puntos básicos.

En otras palabras, el presidente Milei fortalece al Estado a costa del sector privado. Si el Merval sube, es por esta inercia que favorece al Estado, sus bonos y al establishment como bancos y demás amigos estatales. Pero el mercado real va por otro lado.

Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California