Recientemente, la plataforma X ha sido protagonista de controversias y enfrentamientos políticos en diversas partes del mundo. En un contexto global donde las redes sociales juegan un papel central en la comunicación, X se ha convertido en un campo de disputa política, un espacio donde se libran batallas por el control de la narrativa. Esta plataforma, que se encuentra bajo la dirección de Elon Musk, se ha convertido en enemiga o aliada de los distintos gobiernos, líderes políticos y órganos de justicia de los Estados.
A finales de agosto, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó la “suspensión inmediata” de X, luego de que la empresa incumpliera una orden judicial para bloquear cuentas acusadas de difundir mensajes de odio y noticias falsas. Para democracias como la brasileña, el contenido que circula en X puede representar una amenaza y un factor de desestabilización. Se trata de un fenómeno novedoso para la política internacional: mientras que en el pasado eran los Estados quienes suponían las principales amenazas para otros Estados, hoy el poder ha pasado también a manos de actores transnacionales, como las plataformas digitales, que tienen la capacidad de influir directamente en los procesos democráticos.
Aunque el caso de Brasil es el más reciente, existen otros ejemplos de tensiones en la relación entre los Estados y las redes sociales. En abril, el Senado de Estados Unidos aprobó una ley que exige a la empresa matriz de TikTok, con sede en China, vender la plataforma en un plazo de nueve meses bajo amenaza de prohibición. La preocupación de los legisladores radica en la posibilidad de que las autoridades chinas accedan a los datos de los usuarios estadounidenses o manipulen el contenido de la plataforma a través del algoritmo. Además, en agosto, el juez federal Amit Mehta dictaminó que Google abusó de su posición dominante en el mercado de las búsquedas, aplastando la competencia y reprimiendo la innovación.
Por su parte, la Comisión Europea está investigando si Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, ha violado la Ley de Servicios Digitales. En ese sentido, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, declaró que la misma “ha creado medios para proteger a los ciudadanos europeos de la desinformación y la manipulación selectiva por parte de terceros países”. No es el primer señalamiento contra Mark Zuckerberg, fundador de Meta, quien a lo largo de los años ha enfrentado múltiples acusaciones, como el escándalo de Cambridge Analytica, que implicó el uso indebido de los datos de 87 millones de perfiles de Facebook.
Lejos de estos debates normativos, en Argentina, X ha sido un terreno fértil para la comunicación política, especialmente en el último año. Durante el periodo electoral, se transformó en un motor de movilización para el entonces candidato libertario Javier Milei. Su estrategia electoral se centró en las redes sociales, desarrollando un ecosistema orgánico que incluyó influencers, creadores de contenido, asesores y trolls especializados en investigación de tendencias. Una vez asumida la presidencia, ha sabido aprovechar esta red social para comunicarse directamente con su base, eludiendo a los medios de comunicación y moldeando la conversación pública con cada posteo.
Un informe de conversación del Paro General del 9 de mayo de este año, elaborado por Enter Comunicación, señala que “el modelo de comunicación exacerbado con el que se maneja el oficialismo continúa resultando efectivo tanto en viralidad como en agenda setting”. Esto se refleja claramente en la conversación digital sobre el Pacto de Mayo, donde las cuentas fan, líderes de opinión y trolls concentraron la mayoría de las interacciones, superando en impacto a los dirigentes opositores y medios tradicionales.
Para el presidente Javier Milei, X se ha convertido en un espacio fundamental para llevar adelante el debate en torno a sus medidas de gobierno. A través de esta plataforma, el mandatario no solo comunica decisiones, sino que interactúa con los usuarios, respondiendo a críticas y liderando el debate público. Incluso funcionarios como el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, han aumentado su presencia en la red social. De esta manera, X se ha consolidado como un canal de retroalimentación entre el gobierno de Milei y la ciudadanía.
Queda claro que, desde sus inicios, X se caracterizó por ser una plataforma polémica y política, lo que le permitió convertirse en un espacio propicio para la batalla de encuadres entre actores de poder. Este formato de continuo debate y confrontación le queda cómodo a muchos dirigentes políticos que deciden mostrarse como algo diferente, romper la institucionalidad y tomar la iniciativa constante para marcar y manejar la agenda de los temas de conversación. A casi un año del comienzo de la presidencia de Milei, podemos asegurar que su estrategia de comunicación en este sentido ha sido muy efectiva y exitosa.
Autores como Arias Maldonado señalan que la viralidad digital ha contribuido a “intensificar el fenómeno de sentimentalización política que, aunque preexistente en otros formatos, ha desbordado a las esferas públicas nacionales para conectar entre sí a ciudadanos de todo el mundo”. La lógica de X facilita la amplificación de mensajes políticos por parte de formadores de opinión, militantes e incluso influencers. La plataforma permite a los gobiernos controlar la conversación pública, definir la agenda, influir en la percepción ciudadana y tomar la iniciativa comunicacional. Además, les ofrece un espacio para librar batallas dialécticas contra sus oponentes y movilizar a sus seguidores en torno a los temas que buscan posicionar.
En esta era de viralidad e hiperconectividad, las redes sociales están redefiniendo constantemente las reglas de la comunicación política, y también reconfiguran el mapa de poder. Un escenario donde se cruzan influencers, marcas, trolls, ciudadanos, políticos e interactúan entre ellos, cuanto más fuerte es el debate, más repercusión trae y donde vemos que los límites se van corriendo diariamente. Por más que muchas cosas parecen obvias, gran parte del arco político sigue con estrategias de comunicación política analógicas y no logran insertarse de manera efectiva en esta arena. En este caso, el riesgo no es perder un debate, sino la conexión con la ciudadanía.