El veto presidencial según las enseñanzas de Alberdi

El reciente veto al proyecto de ley de financiamiento universitario por parte del presidente Javier Milei representa un escenario contemporáneo que concreta la relevancia del veto presidencial en el contexto del pensamiento liberal argentino, tal como lo concebía Juan Bautista Alberdi. Este análisis se centrará en cómo este veto refleja tensiones entre poderes, las posturas ideológicas con respecto al financiamiento público y la estabilidad del sistema educativo argentino.

El veto presidencial es una herramienta crucial en el marco del derecho constitucional argentino, que permite al presidente de la República rechazar leyes aprobadas por el Congreso. Este mecanismo del sistema de pesos y contrapesos busca mantener un balance entre los distintos poderes del Estado. A su vez, garantizar una política de gobierno estable y coherente con los principios del liberalismo.

El artículo 80 de la Constitución Nacional establece que el presidente tiene la capacidad de vetar total o parcialmente las leyes sancionadas por el Poder Legislativo. Debe ser justificado y, si el Congreso insiste en la aprobación de la ley por mayoría de dos tercios, el veto puede ser levantado. Este mecanismo busca no solo proteger la prerrogativa del Poder Ejecutivo, sino también fomentar un debate más profundo sobre las políticas públicas.

Alberdi, en su obra más célebre, “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, plantea un modelo de gobierno que se basa en los principios del liberalismo. Para él, el equilibrio entre los poderes del Estado era esencial para evitar abusos y asegurar la libertad de los ciudadanos. En ese sentido, escribe que para que sus procuradores no abusen del ejercicio de la soberanía delegada en sus manos, el pueblo reparte en diferentes mandatarios los varios modos con que ella puede ser practicada. Para ejercer la soberanía en la sanción de las leyes, entrega este poder al cuerpo legislativo. Para llevarla a cabo en la interpretación y aplicación de las leyes a los casos contenciosos ocurrentes, deposita esa función en manos del poder judiciario. Para que las leyes se cumplan en los casos no contenciosos y se ejecuten las decisiones de los jueces, el pueblo encarga esta parte especial de su soberanía al poder ejecutivo.

El veto presidencial se entiende como una salvaguarda contra posibles excesos del Legislativo.

El liberalismo de Alberdi promueve la idea de que el Estado debe ser un facilitador de la libertad individual y el desarrollo económico. El veto presidencial apunta a que las leyes no sólo sean fruto de mayorías circunstanciales, sino que también respondan a principios de justicia y equidad, evitando tentaciones populistas o demagógicas.

El proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento universitario tiene como objetivo asegurar recursos sustanciales para las universidades públicas, promoviendo así el acceso a la educación superior. Sin embargo, este proyecto fue rechazado por el presidente Milei bajo argumentos que se alinean con su visión liberal y su propuesta de reducción del gasto público. Para el jefe de Estado, el financiamiento de la educación debe ser reevaluado en función de criterios de eficiencia y de un menor intervencionismo del Estado en la economía. Ambas ideas fueron base de la campaña electoral que lo llevó a ser presidente. Por ende, sumamente representativas de su plan de gobierno.

Milei pregona la idea de Alberdi, que enseña en “Sistema Económico y Rentístico” que el dinero público gastado en cosas que no sean los que la Constitución señala como objetos de la asociación política argentina, es dinero malgastado y malversado.

A partir de esta decisión presidencial -que se complementa con el veto al proyecto de ley de reforma jubilatoria-, puede apreciarse que esta herramienta constitucional se convierte en un punto de análisis interesante al considerar las ideas que fueron base de sustentación del equilibrio entre los poderes del Estado. Según Alberdi, el veto es un mecanismo que debe ser ejercido a fin de preservar una dirección coherente y responsable de la política pública. En este caso, la decisión presidencial puede interpretarse como una forma de exigir responsabilidad fiscal y de cuestionar la viabilidad de aumentar el gasto público en un entorno económico complicado.

No obstante, este acto también genera controversia. Al vetar el financiamiento para la educación, se plantea una interrogante sobre la visión de futuro del país y la interpretación de los principios liberales: ¿es suficiente reducir el gasto sin considerar las necesidades del sistema educativo y su impacto social?

Es que la decisión de Milei toca el delicado equilibrio entre estabilidad política y social. La educación es un pilar fundamental para la cohesión social y el desarrollo económico a largo plazo. La falta de financiamiento en las universidades está generando descontento social y movilizaciones, pudiendo afectar la estabilidad que se busca en el gobierno. Aun así, se aprecia que las facciones políticas que se oponen a la decisión presidencial son quienes poseen un íntimo interés en detentar el poder dentro de las universidades nacionales, todo lo cual le quita legitimidad a sus reclamos a poco que se escarban sus verdaderas intenciones.

Volviendo a la perspectiva de Alberdi, resulta importante que el gobierno detente un balance que respete tanto la autonomía del Legislativo como las necesidades del país en términos de desarrollo humano e infraestructura educativa.

La estabilidad política es un objetivo esencial en cualquier sistema de gobierno, y el veto presidencial juega un papel fundamental en su consecución. Al ejercer un control sobre las leyes, el presidente puede evitar que se implementen políticas que pudieran desestabilizar el orden, relevante en un país como Argentina, que ha enfrentado a lo largo de su historia ciclos de inestabilidad.

El veto presidencial es un mecanismo que refleja las preocupaciones de Juan Bautista Alberdi sobre la necesidad de un equilibrio de poderes en una república. En su interpretación, este derecho del presidente no solo actúa como un contrapeso ante el Congreso, sino que también promueve una armonía política necesaria para el desarrollo y la libertad de los ciudadanos.

La comprensión del veto no sólo en su contexto legal, sino también en su implicancia filosófica y política, es fundamental para analizar el funcionamiento del sistema democrático argentino. Así, el legado de Alberdi continúa siendo relevante en el debate contemporáneo sobre la gobernabilidad y el papel del Estado al bien común.