El 63,5% de las periodistas mujeres y con diversas identidades de género fueron víctimas de violencia digital, en los últimos seis años, en Argentina. Todas ellas fueron insultadas; el 85,6% sufrieron hostigamiento o trolleo; el 45,9% recibió amenazas de violencia sexual o fue acosada y al 44% le llegaron amenazas de violencia física, según el relevamiento del informe “Muteadas: el impacto de la violencia digital contra las periodistas”, presentado por Amnistía Internacional, el 15 de octubre en ARTLAB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El desempoderamiento es la palabra clave de la época: cinco de cada diez periodistas se autocensuran en las redes sociales para evitar ser víctimas de ataques. No se dice. No se opina. No se publica. No se postea. No se escribe. No se piensa. No se avanza. Se retrocede, se silencia, se paraliza, se mutea. Las mujeres volvieron a callarse o a ser calladas. El peor final. El 44,7% evita la interacción con la audiencia. El 34,5% dejó de participar en alguna red social. El 7,10% cerró sus cuentas. La liberación de la palabra quedó enterrada.
La investigación tiene una recomendación: Hate alert!. No es para menos. Siete de cada diez viven con el temor de ser víctimas de amenazas o ataques en línea. La política no es una solución, sino un problema: un 23% de las trabajadoras de prensa que experimentaron violencia online recibieron agresiones por parte de figuras del ámbito político. La casta y la anti casta dan una misma clase: la falta de respeto a las trabajadoras de prensa que ejercen su trabajo sin chaleco anti balas para los dardos que se disparan desde X, Instagram, Tik Tok y otras redes sociales.
Un 27% de las encuestadas señaló que fue víctima de ataques provenientes de “personalidades de las redes”, una categoría amplía pero que demuestra que los agresores se inflan (y pueden ser literalmente premiados) cada vez que agreden. No es una burla, sino un sistema que cuenta con la connivencia de la tecnocracia mundial y deja solas a las que escriben desde la precarización, sin redes sociales reales (las de carne y hueso, las del cuidado feminista que falta, las de audiencias que lean y escuchan para apoyar a las que se juegan el pellejo) y sin protección legal organizada por entidades que unifiquen la libertad de expresión y exigan a la justicia resultados contra la impunidad de los trolls.
Amnistía Internacional encuestó a 403 periodistas mujeres y de diversas identidades de género de todo el país y a 36 editoras, directores, ejecutivos y dirigentes de asociaciones de periodistas como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Academia Nacional de Periodismo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Además se consultó a representantes de la empresa Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp). La empresa X (ex twitter) se negó a responder a la consulta del organismo de derechos humanos.
Cinco de cada diez periodistas que fueron víctima de violencia se autocensuran en las redes sociales para evitar experimentar ataques y más del 80% explicó que su práctica profesional se vio afectada por los ataques en redes. “Las agresiones me paralizan. Decidí borrar, bloquear y retraerme cada vez más”, expresó una de las entrevistadas. La libertad de expresión no se puede maridar con la agresión como forma sistemática de ataque a las periodistas. Todo lo que el avance del empoderamiento había logrado robustecer se desvanece frente a la agresión como revancha por la visibilidad pública de mujeres y diversidades.
La presentación de “Muteadas” contó con la participación de Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina; la periodista Luli Trujillo, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta; Nadia Koziner y Natalí Schejtman, especialistas en periodismo y tecnología. El informe “Muteadas” amplifica: “Esto se enmarca en un contexto más amplio de polarización y ataques a periodistas, donde los discursos de odio, la agresión y la desinformación se han vuelto moneda corriente para desacreditarlos públicamente y minar por completo su reputación”.
“La violencia de género online tiene como fin disciplinarlas y silenciarlas, simplemente por el hecho de ser mujeres que alzan su voz en espacios públicos o, en el caso de las periodistas especializadas en género, por atreverse a visibilizar públicamente la desigualdad de género y releva que la producción noticiosa sobre aborto, femicidios, y violencia de género y derechos humanos las expone a recibir mayor violencia”, denuncia Amnistía.
“No se trata en absoluto de un fenómeno nuevo. Desde Amnistía Internacional venimos denunciado los ataques a periodistas durante gobiernos de distinto signo político, pero en los últimos tiempos esta práctica se ha visto exacerbada por un contexto donde la violencia y los abusos en espacios digitales es habilitada y promovida especialmente por autoridades gubernamentales, lo que agrava los riesgos de alteración del clima que preserva la libertad de expresión”, dimensionó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Las redes sociales pasaron de ser aliadas a constituirse como espacios de violencia. “Las plataformas digitales, que inicialmente democratizaron el acceso a la información y fueron grandes aliadas de las periodistas y de las principales voceras de las agendas de género -como lo demuestran los movimientos #MeToo y #NiUnaMenos-, se han convertido en espacios que amplifican discursos de odio y la violencia de género contra las periodistas. El anonimato, la rápida difusión y la permanencia de los contenidos en internet hacen que el impacto de las agresiones sea aún mayor con consecuencias sumamente graves”, señala Amnistía.
El informe “Muteadas” advierte: “La investigación permite acreditar que la violencia de género online hacia las periodistas no es aislada y episódica, sino un hecho cotidiano en sus vidas. Se observa un continuo de la violencia que padecen las mujeres, niñas y diversidades en el entorno digital y fuera del mundo virtual, que emerge de la misoginia y la desigualdad estructural de género”. La violencia no es inocua. No se trata de señoritas débiles, señoras sin contención, señoronas sin fortaleza o margaritas que se resquebrajan en un soplo.
La violencia digital impacta masivamente en las periodistas y quiebra su física y mental y afecta a sus familiares y personas allegadas. No solo se agrede más a las mujeres, sino que ellas cargan con las responsabilidad de las represalias contra sus hijos e hijas, de terminar lastimadas en medio de tener que cocinar para su familia o de tener que contener a niños pequeños o de escuchar a adolescentes con demandas de atención, paciencia y comprensión, de no ser entendidas por sus parejas o de no encontrar amistades que entiendan el impacto sobre ellas.
Por otra parte, los insultos sobre el cuerpo y la sexualidad no entran por un oído y salen por otro. Hacen hueco en el espejo que devuelve una imagen que no se logra llevar con dosis extra de autoestima. Es imposible soportar la lupa maliciosa de redes que denigran a todas las mujeres que se plantan por todas las razones posibles (muy gorda, muy flaca, muy joven o muy vieja) y que evalúan o demonizan su sexualidad (por ser sexy o por no parecerlo) con consecuencias muy negativas en su autoestima, sus relaciones y sus sentimientos
“La investigación evidencia el impacto de esta modalidad de violencia en la salud mental y la vida de las periodistas”, diagnostica Amnistía. Tres de cada diez víctimas de violencia digital se sintieron físicamente inseguras debido al hostigamiento en redes sociales y dos de cada diez recurrió a un apoyo médico o psicológico como consecuencia de las situaciones vividas.
La batalla cultural de la extrema derecha contra los discursos de género dio resultado. No solo Argentina se encuentra sin políticas para prevenir la violencia de género, atender a las víctimas, cumplir con las leyes aprobadas sobre salud sexual y reproductiva e identidad de género sino que, como nunca, no hay cobertura periodística -salvo muy pocas y valiosas excepciones- como efecto de la violencia digital, las amenazas de muerte o de violación, los ataques personales, el disciplinamiento económico, la censura y autocensura, la crisis económica y el resquebrejamiento de la industria mediática.
Los temas que desencadenaron más agresiones fueron el aborto (60%), femicidios y violencia de género (47,3%), derechos humanos (46,1%), política (44,1%) y Educación Sexual Integral (41%). La agenda que convirtió a las periodistas del sur en un faro mundial hoy desapareció de portales, radios y canales de televisión.
Si se nombra un tema (falta de preservativos, violencia de género que afectó a una actriz famosa, fin de la moratoria para que se jubilen las amas de casa o desmantelamiento del programa “Acompañar”) es porque lo dice un varón como excepción o con una voz que logra ser escuchada porque es masculina, justo, todo lo que se quería evitar: que las mujeres se silencien y que el monopolio de la palabra vuelva a ser de los trajes y las corbatas.
Casi no hay columnistas de género y las que siguen escribiendo lo hacen entre multitareas, agresiones, despidos, amenazas, bajos salarios y una convicción que no es acompañada por la envergadura de su trayectoria y de su reconocimiento internacional. El escenario actual es injusto y no es sinónimo de polarización ideológica, sino de homogenización machista producida por una misoginia online que odia a las mujeres y convirtió su odio en censura.
Un ejemplo es que en Argentina había 13 editoras de género y ahora quedan la mitad. Pero casi no hay notas y las pocas que hay circulan poco. El problema no es solo de los agresores, sino de quienes les hacen eco, las dejan de leer o no respaldan un trabajo indispensable para una sociedad igualitaria. De un país de narraciones de vanguardia a un silencio de cementerio, Argentina ha descendido en su calidad de información y en las garantías para informar y opinar con libertad de expresión y equidad de género. En un país con división de poderes, sin embargo, el Poder Ejecutivo contribuye a la violencia contra las mujeres periodistas y el Poder Judicial no contribuye ni a que denuncien, ni a proteger a las periodistas.
Solo el 7% de las víctimas de violencia digital denunció ante la justicia. Pero si se denuncia la impunidad es absoluta: hay revictimización, inacción de las fiscalías, defensa de los agresores, no se realizan allanamientos, no se escucha a las perjudicadas y solo se acrecienta el peligro sin ninguna solución, ni acción frente a una violencia que tiene efectos, pero no respuestas.
El escenario argentino es grave porque en otros países latinoamericanos -como el Tribunal Constitucional de Colombia o la Suprema Corte de Brasil- frente a autoritarismos gubernamentales o mensajes de odio la justicia representa un equilibrio de poderes. En Argentina el desequilibrio es total y lo pagan caro las periodistas y las audiencias que dejan de escuchar sus voces y quedan aturdidas por una realidad en donde los hombres vuelven a monopolizar la palabra y las mujeres a quedar enterradas con la lengua afuera en la vuelta a la invisibilidad pública y el deterioro privado.
El 90% de las encuestadas víctimas de violencia reporta haber sido agredida por cuentas anónimas que suelen tener pocos seguidores y ser creadas específicamente para cometer el ataque. Las redes sociales son cada vez más laxas con los agresores y más censoras con los contenidos feministas que pisan, no comparten, censuran o restringen.
La excusa de redes como Facebook o Instagram es que solo pueden dar la identidad de un agresor con una denuncia judicial. Pero cuando la justicia lo pide los violentos tienen permitido ejercer una calesita tecnológica para evadir ser identificado o usar chips de otros países para no ser juzgados por tribunales locales.
Por eso, se necesitan acuerdos y cooperación trasnacional para enfrentar este fenómeno. Y voluntad judicial de no ser cómplice o complacientes con los violentos como sucede en la actualidad. Los defensores piden que las causas se archiven y los fiscales no se mueven para que los agresores rindan cuentas ante la justicia.
Ahora si, por un milagro, un violento es encontrado la justicia se ocupa más de hacer prescribir la causa que de realizar allanamientos o tomar medidas para identificar a los autores materiales y, por sobre todo, a los autores intelectuales (los que pagan para que las granjas de odio ataquen periodistas) que fomentan una ingeniería organizada y orquestada para que las mujeres tengan miedo de seguir expresando sus ideas, denunciando abusadores o interpelando al poder.
El informe no es solo una radiografía del problema, sino un llamado a acciones concretas: “Amnistía Internacional insta al Estado argentino a garantizar a las periodistas una vida libre de violencias y discriminación y a promover políticas públicas que protejan su libertad de expresión. A la vez hacemos un llamado a las plataformas digitales para que revisen sus políticas y sean transparentes respecto a las medidas adoptadas para garantizar los derechos humanos. Por último, insta a los medios de comunicación a que implementen políticas internas para proteger a las periodistas y garantizar la libertad de expresión sin miedo a sufrir represalias”.