Javier Milei dijo una de sus frases más célebres en Estados Unidos, en una entrevista con Bari Weiss, la periodista que pegó el portazo en The New York Times, en 2020, luego de acusar al diario de una “atmósfera intolerante” al no dar aire a las más incómodas voces anti woke.
“Aaamo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro”, soltó el Presidente, completamente fascinado con la entonación de sus palabras. Las directrices de la “batalla cultural” que quiere enarbolar pueden leerse con mayor claridad en las alocuciones que da en el exterior, más despojadas de la coyuntura local. No sólo el mensaje es qué dice, sino desde dónde lo dice.
No siempre lo que pregona tiene correlato con sus acciones en la realidad, pero efectivamente hay un hilo conductor para reducir el Estado a su mínima expresión que comenzó a tomar velocidad. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya anunció que se viene una etapa de “deep motosierra” para disminuir el gasto y apunta a la revisión de 185 mil contratados en la administración central que, escalonadamente, deberán rendir exámenes de idoneidad.
Pero el más profundo recorte viene acompañado de la meta oficial de deshacerse de las empresas públicas, una misión que termina siendo más complicada de lo imaginado. El desorden de la estructura heredada es tal que aún hoy no está finalizado el relevamiento del total de empresas o estructuras societarias dentro del Estado.
La tarea está a cargo de “Los Infernales”, como llaman puertas adentro al equipo encabezado por Diego Chaher, secretario de Empresas y Sociedades del Estado. Se ve que lo toman como una guerra porque el nombre deviene del ejército de gauchos que peleó en el norte bajo las órdenes del General Martín de Güemes, cuyo cuadro habita en el nuevo Salón de los Próceres de Casa Rosada.
Chaher llegó a ese puesto recién en junio luego de la purga de funcionarios que respondían al ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse. En los últimos días se oficializaron los nombramientos en el área que llevará adelante los procesos administrativos y legales. También se conoció esta semana que la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo regulador del mercado financiero local, flexibilizó el régimen de información contable para hacer más fácil que las empresas estatales salgan a la Bolsa.
¿Esto para qué? La alternativa de “privatizar” a partir de la emisión de acciones es la que prevén usar en varios casos, como Arsat, Aysa, Nucleoeléctrica y Tandanor. La idea surge sobre todo luego de estudiar el período de los 90, y encontrar dos consecuencias negativas: 1) sospechas de corrupción en el pasamanos a privados, y 2) la percepción en la opinión pública de que se “regalaron” las joyas de la abuela. Con este atajo, se evita un trámite de licitación y, en todo caso, el precio lo pone el mercado.
El camino hacia la primera venta de acciones lleva por lo menos 6 meses de preparación para un privado, pero esto resulta más engorroso para las firmas públicas a la hora de armar su IPO (Initial Public Offer). En paralelo, estas operaciones incluyen un largo “road show” con interesados internacionales para tener asegurados inversores y una estimación inicial del precio de la acción.
En los despachos oficiales citan como caso de éxito la salida al mercado de capitales de la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo (Sabesp), que a mediados de este año logró captar 2.650 millones de dólares. El gobernador Tarcísio de Freitas, aliado de Jair Bolsonaro, hace tiempo encara una ola privatizadora aunque eso le costó huelgas y resistencia en la calle.
Hay sobre la mesa otras decisiones más drásticas. El “efecto Télam” fue determinante: Milei logró bajar la persiana de un lugar simbólico sin costo político. La agencia estatal de noticias tenía cerca de 800 empleados y ahora queda un centenar, abocado a “tareas periodísticas” en el edificio de Avenida Belgrano. En realidad, hacen clipping de medios para consumo interno, pero es probable que sean reubicados cuando se constituya la agencia de publicidad que otorgará pauta en 2025.
En la lista de cierres, entre otras, están Coviara (la desarrolladora de viviendas del Ministerio de Defensa), Ceatsa (Centro de Ensayos de Alta Tecnología, creada en 2010, operada por INVAP), Administración General de Puertos (por considerar que es un ente coordinador de concesiones que no hace falta).
Para otras empresas hay un destino intermedio, una especie de purgatorio: entregársela a los trabajadores. Eso es lo que está previsto que ocurra pronto con Optar, la agencia de venta de pasajes de Aerolíneas Argentinas, cuya resolución está bajo confección en Legales.
Esa advertencia de “háganse cargo” funcionó hasta ahora a modo de amenaza en otras compañías, pero aquí pasará a los hechos y, si hay resistencia de los empleados, terminará con el cartel de cerrado.
Es más incierto el desenlace de Aerolíneas Argentinas porque no hay consenso sobre cómo avanzar con la empresa. La privatización clásica, que debe tener apoyo parlamentario, necesita de un comprador. Los sindicatos, con Pablo Biró al mando, juegan contra cualquier incentivo. Tampoco cuaja la idea de Mauricio Macri de ir a la quiebra porque la señal que da el país es de “defaulteador” y tampoco es una solución.
En otras áreas, el Gobierno marcha hacia volver a licitar concesiones que están vencidas o por vencerse. Se trata de contratos a 30 años, que volverían a tener esos plazos, por ejemplo, para cuatro centrales hidroeléctricas y los servicios de trenes. Milei tendrá el desafío de renegociar lo que decidió su inspirador, Carlos Menem.
Aunque el número es transitorio, hoy el foco está puesto sobre 59 empresas con 11 jurisdicciones distintas en el organigrama del Estado. Los clusters más voluminosos son Transporte (11 firmas), Energía (5 firmas, más 8 filiales) y Hacienda (5 firmas, más 6 filiales). Chaher actúa bajo la supervisión de Santiago Caputo y con el patrocinio externo de Rodrigo Lugones, socio del asesor presidencial en la consultora Move e hijo del ministro de Salud. Las crónicas suelen referirse a él como “el amigo de Santiago”, aunque, a veces, la fórmula debería invertirse a “el amigo de Rodrigo”.
El plan privatizador no está exento de cortocircuitos de Palacio. El martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció irregularidades y gastos innecesarios en la gestión anterior de Aysa. Más de uno de los encargados de conseguir inversores se agarraba la cabeza: “Los empresarios no quieren ruido. Eso los aleja”. Es difícil compatibilizar los objetivos porque el relato comunicacional es combustible espiritual para la gestión de La Libertad Avanza. Una muestra es el conflicto universitario, que no sólo escaló producto de las tomas de facultades en todo el país, sino también por las declaraciones del Presidente y sus seguidores que azuzaron la pelea. Hay una tendencia a ponerle a todo épica, cuando el problema arrancó con una discusión paritaria mal resuelta. Es tan ridículo que los estudiantes crean que están en el Mayo Francés como que los que gobiernan piensen que son Robespierre, Danton y Marat. Argentina, 2024.
En la Casa Rosada rinden tributo al estilo pendenciero, a veces real, a veces una impostura. Fueron celebrados entre los libertarios los videos de Caputo practicando tiro en combate con una, en apariencia, Glock 45. Esa ráfaga festiva se interrumpió entre los fanáticos de las armas cuando conocieron la disposición 149/2024 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Allí se estableció un nuevo régimen de condiciones de guarda para los legítimos usuarios, obligándolos a aumentar las medidas de seguridad en sus domicilios, como a través de la colocación de puertas especiales y alarmas de sistema GSM que envíe avisos a distintos destinatarios, incluidas las fuerzas de seguridad. A eso se suma una carga burocrática vinculada a las inspecciones.
La resolución, que contradice el discurso libertario, generó rechazo entre los usuarios por el costo económico y lo que consideraron una afrenta a su derecho de defensa personal. El desagrado fue tal que Juan Pablo Allan, titular de la ANMaC, hizo una rectificación que será publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Lo que sí quedará en pie es el endurecimiento de las restricciones de seguridad para usuarios tipo G3, con más de 50 armas. Eso es específicamente para las armerías debido a que dos locales fueron robados en el último mes. Se trata de episodios extraños, con alguna sospecha de información filtrada desde adentro, que encendieron la paranoia.