Las barreras sociales en la inclusión educativa y los desafíos de las escuelas argentinas

En América Latina y el Caribe (ALC), aproximadamente 1 de cada 7 personas tiene una discapacidad -más de 88 millones de personas en 2020 (Berlinski et al., 2021)-, ya sea física, sensorial, intelectual o mental. Se estima que esta proporción aumentará a 1 de cada 5 personas en las siguientes tres décadas, debido al rápido envejecimiento de la población en la región. “Tener discapacidad no es algo fuera de lo común. Más bien, es una parte intrínseca de la diversidad humana” (BID, 2024).

En las últimas décadas, las políticas de educación inclusiva han avanzado a nivel global, respaldadas por investigaciones pioneras como las de Mel Ainscow, quien enfatizó que la inclusión va más allá de simplemente integrar a los estudiantes con discapacidad en las aulas. Ainscow subrayó la importancia de derribar las barreras sociales, institucionales y culturales que obstaculizan el aprendizaje de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con y sin discapacidad. Esta visión es particularmente relevante en el contexto argentino, donde la implementación de una educación verdaderamente inclusiva enfrenta desafíos críticos relacionados con la inversión, infraestructura y recursos docentes.

El término “wokeismo”, surgido de la cultura contemporánea, hace referencia a una conciencia extrema sobre temas de justicia social, racismo y desigualdad. Sin embargo, en su forma más rígida, ha derivado en una ideología que, paradójicamente, puede limitar el diálogo constructivo y polarizar aún más a la sociedad. Para superar los excesos de esta corriente, es esencial comprender en qué consisten las barreras sociales que subyacen a los problemas estructurales que el wokeismo busca visibilizar.

Las barreras sociales son obstáculos que impiden la plena participación de ciertas personas o grupos en la sociedad, ya sea por motivos económicos, educativos, culturales o de discriminación. Estas barreras limitan las oportunidades de desarrollo y acceso a derechos básicos, y perpetúan la exclusión. Para abordar estos problemas de manera efectiva, es necesario ir más allá de las etiquetas y reflexionar sobre las causas estructurales que perpetúan la desigualdad.

El wokeismo, en su versión más extrema, puede caer en una simplificación de los problemas sociales, reduciéndolos a categorías morales o culturales sin analizar en profundidad las barreras estructurales que realmente los sostienen. El riesgo es que, al enfocarse exclusivamente en cuestiones identitarias o de corrección política, se pierda de vista la necesidad de implementar políticas públicas que desmantelen las verdaderas barreras sociales, como la falta de acceso a una educación de calidad, empleo digno, salud y vivienda. El modelo social plantea que las barreras para la inclusión no son únicamente físicas o relacionadas con la discapacidad, sino también estructurales y sociales. Entre estas barreras se destacan tres claves:

1. Prejuicios y estigmatización: las actitudes de la sociedad y dentro de las escuelas hacia las personas con discapacidad son una de las principales barreras. La discriminación, incluso si es inconsciente, puede perpetuar la exclusión.
2. Políticas educativas inflexibles: a menudo, las normativas y estructuras escolares no están diseñadas para atender a la diversidad de estudiantes, lo que limita las posibilidades de inclusión real.
3. Recursos insuficientes: la falta de apoyo financiero y humano adecuado reduce la capacidad de las escuelas para adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad.

Entender estas barreras implica reconocer la complejidad de los problemas sociales y desarrollar soluciones inclusivas que busquen la equidad desde la raíz. Abandonar el wokeismo no significa dejar de ser conscientes de las injusticias, sino trascender el discurso simplista para centrarse en acciones concretas que fomenten una verdadera inclusión y participación social. Solo así se podrá construir una sociedad más justa, donde se enfrenten las barreras reales que marginan a las personas, en lugar de limitar el debate a narrativas que, aunque bien intencionadas, no resuelven los problemas de fondo. Para eliminar estas barreras, es crucial fomentar una “cultura de la inclusión” en las instituciones educativas, donde la diversidad sea vista como una fortaleza y no como un obstáculo. Las escuelas deben adoptar enfoques flexibles y colaborativos, que involucren tanto a docentes como a estudiantes en el proceso de inclusión.

Se entiende a la discapacidad como un concepto multidimensional y en evolución que incluye a todas las personas, tengan o no discapacidad, e involucra aspectos de la función y estructura del cuerpo (deficiencias), de la capacidad (medida por la posibilidad de realizar actividades básicas sin el beneficio de asistencia de ninguna forma) y del desempeño (medido por la capacidad del individuo para llevar a cabo estas mismas actividades básicas usando ayuda) (OACDH, 2008; Giuliodori, 2008; UNICEF, 2021a); SIRIED: Sistema Regional de Información de los Estudiantes con Discapacidad, 2023).

En Argentina, la educación inclusiva está respaldada por diversas leyes y resoluciones que buscan garantizar el acceso a la educación de calidad para todos los estudiantes. Sin embargo, la brecha entre la normativa y la realidad es significativa. Las escuelas argentinas, en muchos casos, no cuentan con los recursos necesarios para implementar de manera efectiva un modelo inclusivo.

Inversión e Infraestructura: una de las principales barreras que enfrentan las escuelas en Argentina es la falta de inversión suficiente en infraestructura. Muchas instituciones no están preparadas para recibir a estudiantes con discapacidad, ya sea porque carecen de rampas de acceso, baños adaptados o tecnología de apoyo para aquellos con discapacidades visuales o auditivas. La OCDE ha señalado repetidamente la importancia de invertir en infraestructura escolar para asegurar el bienestar de todos los estudiantes. Sin embargo, la inversión estatal en este ámbito sigue siendo insuficiente.

Distintos aspectos de la infraestructura inciden de manera diferente según el nivel socioeconómico de los estudiantes.

El acceso para personas con discapacidad es otro déficit que atenta contra la equidad en la educación. En el promedio a nivel país, solo el 57% de las escuelas cuenta con rampas para personas con discapacidad. El promedio cae debajo del 30% en los establecimientos en Santiago del Estero, Corrientes, Chaco o Formosa; y si bien CABA es la que más rampas tiene en sus escuelas, expone un déficit mayor al 20%. Más allá de la variable que se observe, los expertos coinciden en que la infraestructura escolar impacta en los aprendizajes (Informe FIEL, Templado, I. 2023).

El presupuesto destinado a la educación ha mostrado fluctuaciones y, en algunos años, incluso recortes, lo que afecta directamente la capacidad de las escuelas para adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad. En este sentido, lograr una educación inclusiva implica no solo adaptar los edificios, sino también asegurarse de que todos los alumnos, con o sin discapacidad, tengan acceso a espacios seguros y adecuados para su desarrollo integral. Sin embargo, la inversión en infraestructura escolar resulta un desafío crítico para un sistema en el que todas las provincias dedican más del 80% de sus presupuestos educativos a salarios, con escaso margen para financiar obras. La autora encontró que distintos aspectos de la infraestructura inciden de manera diferente según el nivel socioeconómico de los estudiantes.

Recursos Docentes y Formación: otro desafío importante radica en la formación de los docentes. Muchos maestros en Argentina no reciben la capacitación adecuada para trabajar en aulas inclusivas. Se destaca la importancia de capacitar a los docentes para que comprendan cómo adaptar su enseñanza a estudiantes con diferentes capacidades y estilos de aprendizaje. Sin embargo, en la realidad argentina, la formación docente en inclusión es, en muchos casos, limitada o insuficiente. Programas como el Plan Nacional de Formación Docente Continua han buscado abordar esta carencia, pero su implementación ha sido desigual en distintas provincias. Los docentes a menudo se encuentran con la necesidad de gestionar aulas diversas sin contar con el acompañamiento adecuado, lo que puede llevar a situaciones de frustración y a la exclusión indirecta de los estudiantes con discapacidad.

Política educativa: celebro los tres planes clave -alfabetización, transformación de la secundaria y formación docente desde la implementación de políticas acordes a potenciar la calidad, inclusión y equidad-. Sin embargo, la educación inclusiva no aparece como un ítem relevante. Si realmente se busca inclusión, es fundamental que las personas con discapacidad sean consideradas dentro de estos proyectos. Aunque el término “inclusión” está presente en los documentos, no se detalla un plan concreto o un programa que indique cómo implementar esta política. No se trata de una crítica, sino de una observación: tomar decisiones en materia de educación inclusiva implica reconocer que la inclusión es parte importante de la política educativa. Un pacto razonable se refiere a los ajustes necesarios en entornos como el escolar, para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder y participar en igualdad de condiciones con los demás.

En conclusión, es esencial poder realizar los cambios pertinentes y necesarios para acceder a políticas educativas que garantice en consonancia con los principios de “no dejar a nadie atrás”, “llegar primero a los más rezagados” y de abarcar “lo largo de la vida” (Agenda 2030 ODS).

Reconectar: construir alianzas amplias

Las comunidades desempeñan un papel esencial en la promoción de la salud mental en relación a las personas con y sin discapacidad. Por lo tanto, es fundamental fortalecer los vínculos entre los responsables de las políticas del gobierno central y local y una amplia gama de asociaciones comunitarias, grupos de apoyo y organizaciones de la sociedad civil para ayudar a crear una comprensión conjunta de lo que significa la prevención y la promoción de la salud mental y cómo se puede fomentar a nivel de la población.

La falta de equipos de apoyo a las prácticas inclusivas dentro de las escuelas también constituye una barrera crítica. Para que las escuelas puedan funcionar como comunidades inclusivas, es esencial que cuenten, dentro o fuera de ellas, con equipos interdisciplinarios que incluyan psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos y trabajadores sociales. Estos equipos juegan un rol clave en el diagnóstico y seguimiento de los estudiantes con necesidades específicas, además de apoyar a los docentes en la implementación de estrategias inclusivas.

A pesar de esto, muchas escuelas argentinas carecen de estos equipos o cuentan con personal insuficiente para atender a la cantidad de estudiantes que lo requieren. Esta carencia refuerza la exclusión de los estudiantes más vulnerables y perpetúa las desigualdades.

Datos: los datos sobre los resultados de salud mental de la población siguen siendo fragmentados. El gráfico destaca que un 14,3% de los estudiantes integrados no presenta ninguna discapacidad física o intelectual, lo que sugiere que podrían estar recibiendo apoyo en el marco de la inclusión por razones académicas o vinculadas a la salud mental. Este dato subraya la importancia de abordar el bienestar emocional y psicológico dentro del sistema educativo, para asegurar la participación plena y el éxito académico. Lo cual, refuerza la necesidad de políticas inclusivas que contemplen todas las dimensiones.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado en múltiples informes que la inclusión educativa no solo mejora el bienestar de los estudiantes con discapacidad, sino de toda la comunidad educativa. Un sistema educativo inclusivo, que ofrezca apoyo adecuado y fomente el respeto por la diversidad, tiene efectos positivos en la cohesión social y en el desarrollo de competencias socioemocionales clave para el siglo XXI.

La OCDE insiste en que el bienestar estudiantil debe ser una prioridad más para los sistemas educativos modernos, y esto solo se puede lograr si se garantiza que todos los estudiantes, con o sin discapacidad, reciban el apoyo necesario para prosperar. Las políticas educativas que buscan la equidad y el bienestar deben ir de la mano de inversiones sostenidas en infraestructura, formación docente y apoyo institucional.

El desafío no es solo técnico o financiero, es también cultural. La inclusión comienza con un cambio de mentalidad que valore la diversidad y promueva el bienestar de todos los estudiantes. Solo a través de un esfuerzo conjunto de docentes, instituciones y el Estado, podrá avanzar hacia un sistema educativo verdaderamente inclusivo que garantice el bienestar de todas las personas.

*Los datos recopilados pertenecen al informe de la autora Ivana Templado, economista de FIEL, en su estudio “Infraestructura escolar y aprendizajes: evidencia para la Argentina”, publicado esta semana por la fundación Konrad Adenauer.