La transición energética justa

A poco tiempo de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad – COP16, se ultiman detalles en Cali (Colombia) para recibir cerca de 196 delegaciones de países y representantes de todos los sectores que se darán cita para, entre otros, revisar avances en la implementación y movilización de recursos financieros para el cumplimiento de las metas del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, que busca salvaguardar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad.

Hasta hace unas semanas, solo 20 países habían presentado ante el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) la actualización de sus planes de acción y estrategias nacionales de biodiversidad para el 2030, de los cuales para la región, México y Cuba son los únicos en la lista. Si bien, se prevé que se continuarán presentando, la lectura del panorama general de las apuestas para detener y revertir la pérdida de la biodiversidad para 2030 a nivel global, así como su grado de ambición, transversalidad e integración con los compromisos de otras agendas como la climática, se tendrá que realizar en simultáneo con las decisiones que se tomen en la COP16.

En paralelo, en Egipto, como preparación para la COP29 sobre cambio climático, se adelanta el 2° Diálogo del Programa de Trabajo en Transición Justa creado hace dos años en la COP27. Para entonces, las voces de los países que buscábamos visibilizar el estrecho vínculo entre la conservación de la biodiversidad y las sendas de transición para hacerle frente a la crisis, incluyendo las de la transición energética, resonaban sin mayor eco. Ahora esas discusiones poco a poco han tomado fuerza, aún con los retos que hay para que puedan traducirse en decisiones que lleven a la acción urgente y efectiva.

No obstante, como apuesta común de la región, existe una gran oportunidad para situar en ambos escenarios internacionales, la reflexión sobre estos dos temas. Primero, cómo transitar hacia economías diversificadas y descarbonizadas, que busquen tanto crear y/o fortalecer actividades productivas asociadas al uso y conservación de la biodiversidad, y en segundo lugar, cómo avanzar en la transformación de las matrices energéticas de manera alternativa para reducir la dependencia de los combustibles fósiles como el gas, el petróleo y el carbón.

Pensar y trabajar en el camino a esos dos tránsitos es fundamental para lograr un desarrollo armónico que incorpore la visión local, la vocación territorial y tenga presente las necesidades específicas de adaptación para disminuir la vulnerabilidad ante los efectos de la crisis climática y de biodiversidad a escala territorial. Pero movernos en esa dirección también debe garantizar que no se ponga en riesgo la seguridad energética, la riqueza ecosistémica, la soberanía nacional y la garantía de los derechos humanos de nuestra región.

Sin duda, afrontamos un reto de grandes proporciones. Basta con dar una mirada a los racionamientos energéticos en Ecuador y Costa Rica, las restricciones de agua potable en Colombia y la suspensión temporal de operaciones en hidroeléctricas en Brasil, propiciados por los extensos periodos inusuales de sequía; así como a las pérdidas y daños generados para la biodiversidad y la infraestructura en los países del Caribe ante el paso de los huracanes en los últimos años.

Tampoco podemos perder de vista las propuestas en la región de retomar o ampliar la generación de energía con fuentes térmicas para compensar el desabastecimiento por la ausencia de lluvias; de ampliar la explotación de combustibles fósiles por métodos no convencionales ante el descubrimiento de nuevas reservas; o a la persistencia en los conflictos socioambientales asociados con la explotación minera ante la demanda global inminente de minerales críticos (como litio, níquel, cobre) requeridos para ampliar las energías renovables.

Sin embargo, hay que insistir en que, en la región, estas transiciones serán viables y nos llevarán a buen puerto solo si son concebidas desde su complejidad, como vehículo para cerrar brechas históricas de inequidad social, y si la planificación territorial incorpora el aumento de la resiliencia climática local y otras variables socioambientales.

También hay que apostarle al fortalecimiento de la gobernanza ambiental para revertir la pérdida de biodiversidad, y al trabajo bajo una visión integrada, circular, soberana y sensible con la naturaleza, la oferta energética nacional y regional, sin dejar de lado la comprensión de quiénes transitan o para quiénes es la transición.

Al respecto, diversos esfuerzos se vienen adelantando en la región, con desafíos para hacerlos escalables, autosuficientes y perdurables, pero que pueden ser un referente experiencial. El uso de mecanismos de participación ciudadana vinculantes frente al desarrollo de proyectos energéticos, como la consulta popular efectuada en Ecuador para detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní en 2023, o el reconocimiento de delitos con perjuicio para la biodiversidad y la habilitación de instancias judiciales e institucionales para la investigación, control y vigilancia como ocurrió en Colombia en 2021 o en Chile en 2023, son algunas acciones clave que podemos referir.

También podemos hablar del impulso de soluciones energéticas locales como las desarrolladas en Armstrong (Argentina) y en Babilonia (Río de Janeiro, Brasil) que, de manera directa o con potencial de profundización, incorporan co-beneficios para la biodiversidad.

Por todo lo anterior, es necesario que los países entiendan la relevancia que posee integrar la transición energética con las acciones para la conservación de la biodiversidad, en el contexto Latinoamericano. Esta COP16, en la que estamos jugando de locales, representa una oportunidad para que los líderes de la región la hagan tangible en sus planes y estrategias de biodiversidad, evalúen objetivamente sus avances durante la negociación, y aprovechen los diversos espacios para aunar esfuerzos multilaterales, con miras a profundizar en investigación sobre los impactos y potencialidades de las energías renovables sobre la biodiversidad. Además, deberán incorporar medidas para la integración intersectorial en la gestión territorial, tanto en las agendas energéticas y de biodiversidad, con metas concretas para el seguimiento; así como, para asegurar la movilización de recursos financieros suficientes e integrales, y visibilizar todas las voces en las decisiones tomadas, incluyendo las comunidades locales, tal como se ha manifestado desde su organización.