Cuanto más grande es el Estado menor es el progreso

Un Estado omnipresente en una economía de G20 tiene como único propósito: servir intereses particulares. En nombre de esos intereses, se verifica en la plaza pública una narrativa que distorsiona por completo lo que son y para qué sirven la previsión social y la economía de mercado.

En primer lugar, se confunde intencionalmente solidaridad con asistencialismo. La solidaridad, como la caridad de inspiración católica, busca la protección temporal de quienes realmente son vulnerables.

Temporal, porque gracias a la escuela y la universidad pública ese ciudadano debería tornarse capaz de valerse por sí mismo y competir en el mercado. Por ello, en un país liberal es importante la educación.

La verdadera solidaridad implica brindar herramientas para liberar al ciudadano de la ayuda estatal, devolviéndole la responsabilidad sobre la conducción de su propia vida, pero lo que tenemos hoy es algo completamente distinto. No es solidaridad.

Es puro asistencialismo. Es una contribución ciega y eterna de subsidios que no sacan a nadie de la pobreza. Al contrario, perpetúan esa condición y actúan como incentivo negativo para el trabajo y el logro individual convirtiéndolo en presa fácil del populismo y del clientelismo electoral, condicionando así nuestro potencial colectivo como país.

¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué el propio Estado fomentó por décadas este asistencialismo? Ahora bien, porque la dependencia del dinero público crea y alimenta a toda una clientela electoral que jamás votará por fuerzas políticas opositoras y reformistas y cuando lo hace, estos gobiernos que propician los cambios, son sometidos a la extorsión, a la oposición violenta y a las trabas sistemáticas para que nada cambie.

Otra confusión que reina en la opinión pública, es sobre el papel del Estado en la economía. Parece increíble escuchar, en pleno siglo XXI, que la virtud se encontraba al final en Berlín oriental, el sector soviético de la ciudad tras la Segunda Guerra Mundial.

La función del Estado en la economía debe ser únicamente la de definir reglas claras e iguales para todos y hacerlas cumplir, roles de los poderes legislativo y judicial. Con el objetivo de crear un entorno de competencia, donde los ganadores y perdedores sean definidos por su competencia, visión y mérito. Está más que comprobado que son estas las condiciones que atraen la mejor inversión extranjera, el empleo más cualificado y los salarios más elevados.

Una vez más el sistema que tenemos hoy está a años luz de esa realidad. La pobreza estructural viene creciendo en forma incremental hace décadas llegando en la actualidad a la alarmante cifra del 52%. Mientras regula, el Estado interviene, compite y protege el monopolio. En lugar de fomentar el dinamismo y la libertad de iniciativa, se refuerza esa cultura de dependencia, tanto entre ciudadanos como entre empresas, que acaban operando entre rescates y protecciones continuas, en lugar de volverse realmente competitivas, tanto dentro como fuera del país.

En este caso, además de garantizar una clientela electoral, los partidos, en especial el kirchnerismo que durante décadas han patrocinado esta cultura buscaban otro beneficio: la distribución de comisarios políticos en empresas y organismos tutelados por el Estado, normalmente personas que, en una verdadera economía de mercado, difícilmente tendrían empleo cualificado.

Entendemos que estos dos vicios ‐el asistencialismo y el intervensionismo- constituyen la semilla de nuestros desequilibrios.

Alimentan la voracidad fiscal y el exceso del gasto público que se financia con deuda pública o mediante la creación de nuevos impuestos y a falta de esos recursos se apela a la emisión monetaria produciendo inflación.

Existe además otro efecto que es la presión sobre el contrato social ¿Qué tipo de contrato es este en el que pagamos cada vez más impuestos al Estado para recibir a cambio cada vez menos? Una pregunta sin duda en la mente de millones de argentinos. El ex Presidente Mauricio Macri intentó cambiar, no pudo o no lo dejaron, el Presidente Javier Milei lo intenta con mucha voluntad pero enfrenta una resistencia institucional y de la otra muy fuerte. Será que el camino es que lo hagan juntos cada quien en el rol que la sociedad les asignó.

Finalmente, como siempre es el soberano el que tiene la última palabra.