Insólito: los promotores de la ley que decretó el fin de los hospitales psiquiátricos hoy protestan por el cierre del Bonaparte

Cada vez que a lo largo de estos años los psiquiatras y los familiares de los pacientes elevaron su voz para protestar por la absurda Ley de Salud Mental 26.657 promulgada en 2010 y reclamar que fuese reformada, la defensa de la norma y la oposición a todo cambio venía de sectores más motivados por la ideología que por un claro conocimiento de su contenidos y efectos. Hoy toman de su propia medicina y por eso reaccionan.

“Desmanicomialización” era la consigna que, entre risas, trataba de pronunciar Axel Kicillof, al anunciar, en junio de 2021, el alto cumplimiento provincial de la Ley de Salud Mental, una norma que pone en riesgo a las personas con enfermedades mentales y deja a clínicas y hospitales en la intemperie legal.

La Ley -todavía vigente- disponía el cierre de los neuropsiquiátricos -es decir, de los establecimientos especializados- en un plazo de 10 años, y ordenaba que los pacientes fuesen internados en hospitales generales.

“La ley exige, exige muy bien, que haya que atender en instituciones generales a aquellos que tienen un problema de salud mental”, decía el gobernador bonaerense, haciendo gala de su desconocimiento en la materia.

Aclaro desde ya que no estoy para nada a favor del cierre de este hospital. Desde hace años, me hago eco de las críticas a las deficiencias de la Ley de Salud Mental y de la necesidad de su reforma, un reclamo de larga data, tanto de las asociaciones de psiquiatras como de familiares de pacientes; siendo el caso más emblemático el de la madre de Chano Charpentier.

Recordemos que desde el viernes pasado hubo recortes en los servicios de internaciones y guardia del Hospital Laura Bonaparte y que se rumoreaba que esta misma semana vendría el cierre definitivo.

Lo insólito es que, cuando en el año 2017 hubo un intento de modificar por decreto la reglamentación de la Ley de Salud Mental de 2010, para limitar sus aspectos más dañinos, de inmediato reaccionaron diferentes sectores en un comunicado con más de 300 firmas, entre las cuales estaba la de ATE. O sea que el mismo sindicato que ahora protesta contra el cierre del Bonaparte, defendía en 2017 la ley que fijaba el cierre de los monovalentes en un plazo de 10 años ampliamente vencido.

Es evidente que eso no se cumplió -salvo mínimas excepciones- porque es una medida delirante.

Habría que decirles a los defensores de la ley que se queden tranquilos: pueden internar a los pacientes que actualmente están en el Bonaparte en hospitales generales, como decía Kicillof que “muy bien exige la ley”.

Pero como la coherencia no parece ser una cualidad de nuestros políticos, en junio del año pasado, Cristina Kirchner, que ejercía la presidencia cuando se promulgó la ley de Salud Mental, elogiaba la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos porque, en el viejo establecimiento, “por ahí te podías cruzar con una persona en estado psiquiátrico ...”

¿La estigmatización?, bien, gracias. Pero además, sin hacerse cargo de lo que ella misma promovió, estaba cuestionando que se internase a enfermos psiquiátricos junto con los demás. Y tiene razón.

Un paciente cardíaco, un fracturado, uno que necesita asistencia respiratoria o alimentación por sonda, está internado porque debe guardar cama. El paciente psiquiátrico no. Salvo determinados momentos, es un paciente que deambula, que necesita espacio para actividades recreativas o de laborterapia, por ejemplo, y condiciones de seguridad para evitar que, en una crisis, se dañe a sí mismo o a terceros. De ninguna manera puede compartir sala con pacientes clínicos.

Estos principios elementales de la práctica psiquiátrica no fueron contemplados en la elaboración de la ley por los mismos sectores ideologizados que hoy ponen el grito en el cielo, seguramente con razón, por el desmantelamiento del Hospital Laura Bonaparte.

Pero la pregunta que surge es: ¿manicomio solo es el otro? ¿Por qué el Laura Bonaparte no califica como “monovalente”? ¿Porque lleva el nombre de una madre de Plaza de Mayo? ¿No deberían los ideólogos de la Ley de Salud Mental celebrar como Kicillof esta “desmanicomialización”?

Como explicó a los medios el psiquiatra Martín Muntaabski, el Bonaparte “brinda otras prestaciones, tiene centro cultural, dispositivo de salud integral, kinesiología, controles de salud, cosas complementarias para abordar la salud de manera integral”.

Pero lo mismo sucede hace tiempo en casi todos los hospitales y clínicas psiquiátricas del país, así como el abordaje multidisciplinario, otra pretendida “novedad” de la ley. La norma dispone que “la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados” y que las áreas a incluir son “psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes”.

El “manicomio” en el sentido de lugar de depósito y encierro de personas, sólo está en la imaginación de los que redactaron la ley, con un enfoque foucaultiano, es decir con espíritu de abolicionismo psiquiátrico.

Cuando el actual gobierno incluyó en la Ley Bases o Ley Ómnibus varias modificaciones a la Ley de Salud Mental, entre ellas una que suspendía el cierre de los establecimientos psiquiátricos y levantaba la prohibición de crear nuevos, fueron los mismos que hoy abrazan al Bonaparte los que se opusieron y lograron quitar esa parte, con los argumentos ideologizados de siempre.

Paradigma de esta actitud fue el psicólogo Alberto Trimboli, director de la Asociación Argentina de Salud Mental, que decía que, con la reforma propuesta por el Gobierno, “volvemos a lo que pasa en las películas: para sacarse de encima a un familiar se lo mata o se lo interna”. Un argumento muy científico, que confirma la estigmatización de la psiquiatría. Es evidente que los redactores de la ley vieron mucho cine, al estilo de “Vuelo sobre el nido del cucú”.

“Están en riesgo nuestras libertades individuales; es un encierro”, decía entonces Trimboli, que ahora defiende al Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte porque tiene una treintena de pacientes internados. Pero cuando se trató de frenar ese aspecto de la ley bases, Trimboli asimilaba la internación involuntaria a afectaciones a los derechos humanos, cuando es una medida muchas veces indispensable para superar crisis e iniciar tratamientos, tanto de enfermedades psiquiátricas como de adicciones.

Como decía a Infobae el psiquiatra Andrés Mega, a comienzos de año, la Ley de Salud Mental del kirchnerismo es “una ley maldita, creada para sostener una ideología setentista, falsa defensora de los derechos de quienes en rigor, perjudicó”. “No es fácil describir con pocas palabras, el daño que ciertos políticos, a través de la perversa ley 26657, han infligido durante muchos años a innumerables pacientes portadores de diversas patologías mentales -agregaba-, y a los psiquiatras y psicólogos que seria y responsablemente cuidamos de ellos”.

Además cuestionaba “la caprichosa interpretación” de esta ley “por los operadores políticos disfrazados de profesionales de salud mental”, un hecho que llevó al “cierre de instituciones y a la despoblación de efectores en el sector público y privado”, con la consecuente desatención a pacientes lo que en muchos casos ha llevado a desenlaces fatales, como es de público dominio.

En efecto, el Órgano de Control de la aplicación de la ley está formado por abogados vinculados a derechos humanos, disposición de la ley que se condice con una visión de la internación psiquiátrica como un encierro por motivos ajenos a lo médico, y de los tratamientos como un castigo.

Por caso, el artículo 12 dice que “la prescripción de medicación sólo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo (sic)”. Además del despropósito de que una ley diga cómo debe encarar un médico un tratamiento, la norma asimila al psiquiatra a un torturador.

En la misma línea, la ley dice que “la internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo”, o sea, la equipara a un encierro. Y agrega que en ningún caso “puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda”. Ahora en cambio destacan que el Bonaparte se ocupa justamente de casos sociales. En palabras del citado Muntaabski: “Se atiende a población con problemáticas de salud mental entre moderada y severa, con complejidades varias, entre ellos personas en situación de calle y debilidad psicosocial”.

Lo mismo pasa en otros establecimientos, que ellos califican de “manicomios”. Muchos pacientes permanecen en hospitales psiquiátricos públicos porque no tienen adónde ir. Tal vez los redactores de la ley los prefieran debajo de cartones.

El órgano de revisión en manos de abogados y activistas de derechos humanos refuerza la sospecha sobre la psiquiatría, como si la mala praxis fuese terreno exclusivo o inherente a esta especialidad.

Las ONG de DDHH, que no han tenido la decencia de rechazar ser parte de una supervisión para la cual no están capacitadas, criticaron ahora duramente el posible cierre del Bonaparte. Calificaron al gobierno de “negacionista, inhumano y perverso”, y destacaron la gravedad de la medida “en tiempos” de un “aumento exponencial de padecimientos psíquicos” que, obviamente no se deben a la pandemia y las políticas de los últimos años, sino sólo a esta gestión.

Cuando Andy Blake, director nacional de Salud Mental (gestión Macri), quiso modificar los aspectos más polémicos de la ley, estos mismos organismos se opusieron, a través de un comunicado promovido por el CELS, en el que denunciaban la intención de modificar por completo el espíritu de la ley. Lamentablemente no se lo pudo hacer porque el ministro Adolfo Rubinstein se dejó presionar por ellos.

El comunicado decía que las modificaciones propuestas, reinstalaban la “perspectiva biologicista” de la salud mental. Ya sabemos, no existe la locura, existe la sociedad opresora que la inventa para encerrar gente, como bien lo explicó el profeta de estas corrientes, Michel Foucault.

“Habilita exclusivamente las ‘prácticas fundadas en evidencia científica’ [N. de la R: así, entre comillas] y excluye los aportes de disciplinas imprescindibles para la rehabilitación del padecimiento mental, como la terapia ocupacional, la musicoterapia, el arte, la enfermería, la psicología, los acompañamientos terapéuticos y el trabajo social, entre otras”, decían. Además de la descalificación de la psiquiatría como ciencia médica, implícita en esta frase, lo que decían es falso porque hace tiempo que todas esas prácticas complementarias están incorporadas a los tratamientos.

Por ultimo denunciaban que la reforma reinstalaba “el manicomio bajo el nombre de hospitales especializados en psiquiatría y salud mental”.

¿Y el Laura Bonaparte qué es? ¿Acaso no lo defienden hoy justamente por ser un hospital especializado en salud mental y adicciones? Alegan con razón que se trata del único hospital público del AMBA especializado en Salud Mental y adicciones.

No hay mal que por bien no venga. La crisis desatada por el avance del ajuste oficial sobre este hospital puede ser la ocasión para que los abolicionistas psiquiátricos de escritorio revean su postura y para reabrir en el Congreso el debate sobre la necesidad de reformar por completo la actual Ley de Salud Mental. Esperemos que esta vez tengan la decencia de no oponerse.