¿Qué está vetando Milei?

Todos los países que admira el Presidente han logrado elevados estándares de crecimiento al invertir en educación, ciencia y tecnología, lo contrario a la política del gobierno nacional

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Los estudiantes y docentes organizaron una segunda Marcha Federal Universitaria tras el anuncio del veto a la Ley de Financiamiento Universitario
Los estudiantes y docentes organizaron una segunda Marcha Federal Universitaria tras el anuncio del veto a la Ley de Financiamiento Universitario

En distintas intervenciones, el presidente Milei ha planteado que, si Argentina sigue el camino que viene transitando su gobierno, en unas décadas será como los países desarrollados. De acuerdo al público al que se dirige, varía el país elegido como ejemplo y también la cantidad de años que necesitaremos. Pero acostumbra mencionar a Irlanda, Israel, Corea del Sur, Alemania, etc. Lamentamos comunicarle que el veto que acaba de decretar sobre la Ley de Financiamiento de las Universidades va en la dirección contraria, porque nos aleja más de la posibilidad de alcanzarlos en el nivel de desarrollo.

Todos los países que menciona Milei han logrado elevados estándares de crecimiento y de condiciones de vida para sus poblaciones justamente por haber hecho lo contrario de lo que consigue con el veto: son un ejemplo de cómo se puede impulsar el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos a partir de la creciente inversión en la educación, las universidades, la ciencia y la tecnología.

Ninguna de las naciones a las que el presidente aspira que Argentina se parezca se caracteriza por tener importantes reservas de materias primas ni sustentan su riqueza en las exportaciones de productos primarios sin elaborar. Todas ellas tienen la capacidad de agregar valor a la producción a partir de la calidad de su investigación científica y de la posibilidad de transferirla hacia nuevos desarrollos tecnológicos. También basan su capacidad de generar riqueza en la calidad del trabajo que llevan adelante sus técnicos y profesionales, la mayoría de los cuales ha transitado por universidades y centros de investigación de excelencia. Por supuesto, la mayor parte de estos países está entre los que más Premios Nobel han obtenido en ciencias básicas en los últimos años.

Tomemos el caso más mencionado por Milei: Irlanda. Hace pocos meses, asumió como primer ministro Simon Harris. Hasta ese momento, Harris había sido el ministro de Educación Superior, Investigación, Innovación y Ciencia. Con 37 años, es el más joven de la historia de Irlanda. Entre sus principales antecedentes estaba el haber elaborado un plan para recuperar el liderazgo tecnológico de Irlanda, duplicando la Inversión en Ciencia y Tecnología en los próximos años. En su discurso de asunción dijo: “Ahora es un buen momento para construir un nuevo contrato social, creando igualdad de oportunidades, apoyando a quienes más necesitan del Estado, protegiendo nuestro éxito económico y utilizando sus beneficios para ofrecer resultados tangibles a la sociedad”. Parece evidente que, una vez más, la realidad transita por caminos diferentes a los que pretende llevarnos el actual presidente.

Milei ha planteado que científicos y universitarios son parte de la “casta” y que no está dispuesto a financiar sus vocaciones. No logra (o no quiere) entender que, al invertir en la Universidad o en la Ciencia, lo que está financiando no son vocaciones individuales, sino la posibilidad de aportar desde el saber y el conocimiento al desarrollo económico, a la soberanía y a la resolución de los problemas de los argentinos. También a generar la posibilidad de movilidad social ascendente y aportar a la mejora de las condiciones de vida de muchos jóvenes en base a su dedicación al estudio y a la investigación. El financiamiento de la Universidad Pública no es una inversión que sólo favorece a quien tiene la posibilidad de ser docente o alumno en la misma. Es un aporte a todos aquellos que se benefician con el trabajo profesional y la investigación que realizan sus egresados. Llama la atención que siendo economista el presidente no comprenda los beneficios sociales e individuales estrictamente económicos de la inversión educativa. Por ejemplo, un reciente estudio de Argentinos por la Educación que se denomina “Retornos de la educación: ¿vale la pena estudiar?” concluye que en el caso de los universitarios “la tasa de retorno (económica) de continuar estudiando es mayor al costo estimado por hacerlo” y que “estudiar en Argentina tiene retornos positivos en los ingresos laborales de las personas: ante un aumento de un año de educación los ingresos de las personas aumentan alrededor del 10%”.

Por otra parte, los datos muestran que el actual gobierno no sólo está desfinanciando la Universidad, sino toda la educación. La suspensión del pago del FONID para los maestros y profesores de todas las provincias, la paralización de la construcción de escuelas, la caída del salario docente, la paralización de la distribución de los libros y las laptop, etc. son algunas de las medidas de ajuste que afectan a todos los establecimientos educativos de los distintos niveles. En el mismo sentido, el proyecto de presupuesto 2025 propone suspender las leyes de financiamiento de la educación, la de educación técnica, y la de ciencia y tecnología, todas ellas votadas oportunamente por unanimidad o por grandes mayorías parlamentarias. En todos estos campos, en caso de aprobarse el proyecto oficial, el ajuste superará el 40%. ¿Es que los alumnos de las escuelas primarias que, según los últimos datos, en 2 de cada 3 casos se encuentran en situación de pobreza, también son parte de la “casta”? ¿Es que no se sabe que el deterioro salarial docente es una de las principales causas de la baja de la calidad de la educación?

Los representantes del pueblo en el Congreso Nacional tienen ahora la posibilidad de ratificar sus convicciones y rechazar el veto presidencial. No sólo permitirá mostrar su capacidad de escucha hacia una sociedad que masivamente salió a apoyar sus universidades. También será un ejemplo de la posibilidad de articular transversalmente políticas de Estado por encima de las diferencias partidarias.

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