La obcecación como revulsivo social

Preso de una intransigencia que, de tan impostada y amplificada como atributo central de su autopromocionado liderazgo rupturista y de impronta refundacional, Javier Milei pareciera deslizarse con cada vez más frecuencia hacia la más baladí obcecación.

Un movimiento que quedó expuesto con meridiana claridad la semana pasada con la reacción del oficialismo ante una nueva marcha universitaria y la posterior confirmación de un demorado veto a la ley de financiamiento universitario que podría ser rechazado por el Congreso la semana próxima. Una secuencia que, en definitiva, podría implicar una triple derrota para el gobierno: en la calle, en la opinión pública y en el Congreso.

Si bien es cierto que se trató de una marcha menos convocante que la de abril pasado, y con la participación no sólo de muchos dirigentes de la oposición más “dialoguista” sino con la presencia explícita de dirigentes políticos y sindicales directamente vinculados al kirchnerismo, el intento de Milei de “empaquetar” este conflicto en los términos con que encuadra su particular visión de la “batalla cultural” no parece surtir el efecto deseado.

No solo la universidad como institución tiene un mejor nivel de imagen y confianza a los tres poderes del Estado e infinitamente superior al de las organizaciones sindicales o los partidos políticos, sino que además el reclamo del financiamiento tiene importantes niveles de consenso entre la opinión pública.

Un respaldo que varias encuestas han registrado por estos días, como la difundida por el sociólogo Hugo Haime, que revela que 7 de cada 10 consultados no respalda el veto a la ley que busca garantizar el presupuesto a las universidades nacionales. Y que comienza a dar forma a un fenómeno que aunque pueda parecer paradójico, podría complicar los planes del gobierno: aún hacia el interior del importante sector de la opinión pública que manifiesta su apoyo a la idea de disciplina fiscal y déficit cero crece el descontento respecto a las medidas específicas que el gobierno propugna para alcanzarlo, como los recortes a las universidades y jubilaciones o el retiro de los subsidios al transporte. Quizás allí resuene esa promesa ya bastante deslucida -incluso en el relato- de “que el ajuste lo pague la casta”.

En este contexto, el empecinamiento del presidente por rechazar el reclamo y vetar la ley, puede configurar un error estratégico de proporciones insospechadas. Y por varias razones. En primer lugar, porque el intento de reducir el conflicto al supuesto aprovechamiento político de algunos sectores que se hicieron visibles el pasado miércoles no ha logrado opacar lo que una mayoría social considera un reclamo o legítimo. En segundo lugar, porque se trata a todas luces de un conflicto que era evitable si el presidente hubiese actuado con un criterio más pragmático, y se hubiese avenido-como tras la primera marcha- a una negociación que lo hubiese mostrado más receptivo y empático con las demandas sociales. En tercer lugar, y muy vinculado con el punto anterior, porque a diferencia de la ley de recomposición de haberes jubilatorios aquí el tan mentado “costo fiscal” no era el tema central, ya que lo que estaba en juego era sustancialmente menor -casi insignificante en los grandes números-, por lo que queda claro que lo que está en juego no es la obsesión presidencial por el déficit fiscal.

En cuarto lugar, porque queda en evidencia -una vez más- que Milei carece de una visión política en temas estructurales para cualquier sociedad democrática, como la educación en general, y la política universitaria en particular. El burdo intento de reducir el conflicto a una discusión “por la caja” termina obturándole la posibilidad de, aun cediendo en parte al reclamo presupuestario, procurar instalar una agenda propositiva en esta temática y, eventualmente, disputar el sentido dominante respecto a la idea de “universidad pública”.

Y, por último, aunque todavía sea muy cierto que no hay sector político alguno -ni en el espectro dialoguista ni en el más nítidamente opositor- capaz de capitalizar políticamente el conflicto universitario, y mucho menos aún el creciente descontento que ya evidencian por segundo mes consecutivo las encuestas, en el corto plazo está actitud confiada y displicente del oficialismo puede horadar el aún precario blindaje de ese tercio de legisladores que Milei parecía haber conseguido tras la aprobación de la ley de las jubilaciones. Al menos, el panorama a la luz de los primeros posicionamientos públicos del radicalismo y de algunos sectores del PRO, parece ser menos auspicioso,

Así las cosas, mientras el gobierno evidencia las crecientes dificultades de arropar la creciente conflictividad social con la otrora efectiva narrativa oficial, e incluso para conseguir “héroes” para esta sesgada cruzada, sigue azuzando el descontento que comienza a nutrir un humor social que parece haber comenzado a cambiar y que, aún sin encontrar un vehículo de representación político-institucional, puede ser un peligroso revulsivo para una Argentina que no logra superar la profunda recesión ni acompañar a quienes sufren con mayor crudeza los efectos de la misma.