Economía del gasto público: cantidad y calidad, ejes del cambio

El gasto tiene una contrapartida de trabajo, de deuda o de ahorro. Cuando es hogareño se cubre con ingreso corriente producto del trabajo, jubilación o pensión, con deuda o con desahorro. Cuando el gasto es público se cubre con impuestos, deuda local, deuda externa o reservas en el Banco Central, lo cual es parte del ahorro. El Estado puede ahorrar cuando le ingresan impuestos por encima de su nivel de gasto.

El gasto público está poco asociado a la inversión en Argentina y más al consumo, al derroche, al despilfarro, a la compra pública poco transparente, al desembolso para asistencia social.

En análisis de las erogaciones del Estado equivalentes en dólares es fundamental para comprender cómo las decisiones políticas y económicas han impactado en la asignación de recursos y el bienestar de la población.

Desde 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la tendencia del gasto público ha ido en aumento. El período 2015-2019, bajo la presidencia de Mauricio Macri, se destaca por un gasto promedio significativo de más de USD 245.000 millones. Por el contrario, desde el inicio 2024 hasta el presente, se evidencia una notable reducción, al equivalente de USD 133.000 millones.

Para comprender la disminución observada durante el gobierno de Javier Milei, es importante considerar varios factores. En primer lugar, al comparar el período de enero-julio de 2023 con el similar intervalo de 2024, se evidencia una transformación significativa en las cuentas públicas: el déficit primario se redujo de $2,48 billones a un superávit primario de $6,35 billones, y el déficit financiero pasó de $3,95 billones a un excedente de $884.816 millones.

El gasto primario real, ajustado por inflación, experimentó una disminución del 31% en el período mencionado. En particular, la partida en salarios se redujo 18% en términos reales, y las transferencias corrientes y de capital a provincias y municipios cayeron 75% y 96% en términos reales, respectivamente.

Otro factor que contribuyó a esta reducción del gasto, ahora equivalente en dólares, fue la devaluación del peso en diciembre de 2023, superior a 50%. El tipo de cambio oficial pasó de $391 a $800 por dólar.

En el segundo gobierno de Carlos Menem (1996-1999), el gasto público promedio por habitante fue de USD 2.707. Y se redujo durante la gestión de Eduardo Duhalde (2002-2003) a un promedio de 901 dólares.

A partir de ese momento, se inicia una tendencia creciente que culmina en la presidencia de Mauricio Macri, con un gasto promedio equivalente a USD 6.117 por habitante.

En el período de Alberto Fernández, se observa una ligera reducción en comparación con el gobierno anterior, alcanzando un promedio de USD 5.429 por habitante, manteniéndose aún en niveles elevados.

En tanto, en los primeros meses de la administración de Javier Milei se produce una drástica contracción: cae a USD 2.882 por habitante. Esta variación refleja no solo cambios en las políticas fiscales, sino también en las condiciones económicas que enfrentó el país en cada período.

Para facilitar la comprensión del concepto de gasto público por habitante, se puede estimar que hoy con el nivel promedio mencionado de USD 2.882 por habitante los ciudadanos podrían adquirir 327 hamburguesas compradas en casas de comida rápida, o asistir a 331 funciones de cine. Asimismo, podrían haber pagado 306 veces el abono mensual de sus celulares, o comprado 1.473 paquetes de yerba; o 1.547 litros de leche.

Estas comparaciones sirven para ilustran de manera concreta cómo se traduce el gasto público en el día a día de los ciudadanos que pagan sus impuestos para sostenerlo, proporcionando una perspectiva más tangible sobre el impacto de las decisiones fiscales en la vida cotidiana.

En el primer trimestre de 2024, el ingreso promedio en dólares en Argentina fue equivalente a USD 242. Si este monto se multiplica por los 12 meses del año, se obtiene USD 2.904. Esto indica que el ingreso medio anual de las familias supera al gasto público promedio por habitante en 25 dólares.

Entre los principales objetivos del gasto público se encuentran: mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos, asegurar la justicia, fomentar el crecimiento económico, salvaguardar el medio ambiente, permitir el acceso a la educación, incentivar la inversión y producción privada y el empleo, garantizar una vida digna, contar con defensa a través de sus fuerzas armadas.

Sin embargo, en las últimas décadas las finanzas públicas fueron deficitarias e ineficientes. El gasto corriente, como salarios de empleados y de funcionario Estado y prestación de servicios públicos se incrementaron para favorecer el clientelismo político en detrimento de la sociedad en su conjunto.

Los gastos de capital se han visto deteriorados con menor nivel de activos para el desarrollo de infraestructura, como comunicaciones, transporte, puertos, caminos y rutas, etc. Las transferencias tuvieron un incremento exponencial a los efectos de subsidiar mediante diferentes tipos de planes y programas a mayor cantidad de familias, resignando la mejora la calidad de los servicios públicos existentes, y derivando en estancamiento prolongado de la productividad, creciente informalidad y endeudamiento público insostenible.

Argentina está en proceso de una reforma estructural de su Estado que posibilite bajar la presión tributaria, mejorar la competitividad y productividad de la economía, eliminar los obstáculos a la eficiencia de la producción de bienes y servicios, incrementar la inversión privada y el empleo, reducir los niveles de informalidad, mejorar las tasas de ahorro e inversión y corregir los niveles de endeudamiento.

El autor es Analista Económico