La crisis presupuestaria en las universidades pone en riesgo el futuro

En un mundo donde la innovación y el conocimiento técnico son los motores del crecimiento, el ahogo presupuestario a la educación superior nos sitúa en una posición de desventaja alarmante

Marcha Federal Universitaria (Mario Sar)

En los últimos meses, hemos observado con preocupación el impacto devastador que la crisis presupuestaria y salarial está teniendo sobre las universidades nacionales de Argentina. Este contexto no solo afecta a nuestros docentes y no docentes, sino que amenaza directamente la excelencia académica y, en consecuencia, el desarrollo de nuestro país. Como dirigentes de la UTN Buenos Aires, consideramos fundamental elevar nuestra voz y advertir sobre las graves consecuencias que ya están afectando a la educación superior.

El 60% de los profesores universitarios en Argentina cobran por debajo de la línea de pobreza. Esta situación es insostenible. Con salarios que, en muchos casos, no alcanzan los 120 mil pesos para un ayudante que inicia su carrera docente, nos enfrentamos a un problema crucial: cada vez menos profesionales calificados están dispuestos a dedicarse a la docencia. Esta realidad pone en riesgo la formación de calidad y, con ello, el futuro de nuestras universidades.

En UTN Buenos Aires hemos visto cómo algunos de nuestros docentes, quienes han dedicado años a su formación y que son pilares de la calidad educativa que brindamos, están abandonando sus cargos en busca de oportunidades que les permitan mantener una calidad de vida digna. La pérdida de estos educadores es algo que no se recupera fácilmente. No hablamos únicamente de individuos, sino del conocimiento, la experiencia y la dedicación que estos profesionales aportan a nuestras aulas. Cuando un docente se va, perdemos parte de nuestra capacidad de formar a los futuros ingenieros, técnicos y profesionales que sostendrán la industria y el desarrollo del país.

Recientemente, el Presidente de la Nación decidió vetar la ley de financiamiento para las universidades nacionales. Esta decisión representa darle la espalda a la sociedad, especialmente después de la masiva Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo ayer, donde miles de docentes, estudiantes y trabajadores se movilizaron para defender la educación pública. La ley vetada representaba solo el 0,14% del PBI y no afectaba el equilibrio fiscal del país.

Vetar esta ley por motivos ideológicos es negar estos recursos y condenar a las universidades a una situación insostenible y poner en peligro la formación de profesionales que tanto necesita nuestra industria. Además, resulta inadmisible que el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, haya afirmado que “las universidades tienen todo el presupuesto que necesitan” y que “los salarios son adecuados”. Estas declaraciones, aparte de ser absurdas, muestran un desconocimiento profundo de la realidad que viven nuestras instituciones y sus trabajadores. No se puede negar el impacto de la inflación y la falta de recursos cuando cada día más docentes abandonan sus puestos debido a las condiciones indignas que se les ofrecen. Necesitamos representantes que comprendan la importancia de la educación y trabajen para su fortalecimiento, no para desinformar y minimizar la crisis.

Argentina se enfrenta a un desafío crucial: sin educación de calidad, la industria no contará con los profesionales formados para desarrollarse y competir a nivel global. En un mundo donde la innovación y el conocimiento técnico son los motores del crecimiento, la crisis universitaria nos sitúa en una posición de desventaja alarmante. Si no logramos resolver la precariedad salarial y garantizar condiciones dignas para quienes eligen enseñar, el futuro de nuestro país se verá comprometido de manera dramática.

La excelencia académica de nuestras universidades nacionales, reconocida internacionalmente, está hoy en peligro. Reclamamos al Estado, a los actores responsables y a la sociedad en general que se comprenda la gravedad de esta situación. Es hora de actuar para evitar un daño irreparable en el sistema educativo. Necesitamos garantizar condiciones salariales dignas para nuestros docentes y asegurar el financiamiento adecuado para nuestras universidades. Solo así podremos mantener y elevar el nivel académico que ha caracterizado a la educación superior pública de nuestro país, y contribuir al crecimiento de una Argentina que merezca ser vivida.