El DNU sobre pensiones amenaza a los niños con discapacidad

En un intento por mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, el Gobierno ha promulgado hoy un nuevo decreto que modifica las condiciones para acceder a la pensión no contributiva por invalidez. Si bien es legítimo el esfuerzo por evitar abusos en el sistema, el impacto de esta medida podría ser devastador para los niños con discapacidad y sus familias, que dependen de estas pensiones para garantizar su acceso a prestaciones esenciales de salud, como las ofrecidas por el programa Incluir Salud.

El decreto reintroduce una serie de requisitos estrictos para acceder a la pensión, que exige que la incapacidad sea total y permanente, afectando en al menos un 66% la capacidad de trabajo del solicitante. Esta condición es comprensible para los adultos que se encuentran en el mercado laboral, pero resulta completamente inapropiada para niños, quienes aún no tienen un trabajo ni una vida laboral. Este enfoque ignora las realidades de la niñez y de la discapacidad infantil, donde la necesidad de atención médica y apoyos es continua, independientemente de la capacidad de trabajar.

Para muchos niños con discapacidad, la Pensión No Contributiva es más que una ayuda económica: es la llave que abre la puerta a Incluir Salud, un programa que les brinda acceso a tratamientos, medicamentos, terapias, y cuidados especializados. Sin esta cobertura, muchas familias no podrían costear los costosos tratamientos médicos que sus hijos necesitan para vivir con dignidad y desarrollar su potencial. El riesgo es claro: aquellos que más necesitan el apoyo del Estado podrían quedar desprotegidos.

En su esfuerzo por evitar que el sistema sea abusado por personas que no cumplen con los requisitos, el nuevo decreto corre el peligro de expulsar del sistema a quienes realmente lo necesitan. Las familias de niños con discapacidad podrían perder la pensión y, con ella, el acceso a los servicios de salud esenciales.

Una solución equilibrada: auditar sin castigar Es cierto que en el pasado ha habido abusos en el otorgamiento de pensiones no contributivas. Personas que no cumplían con los requisitos se han beneficiado del sistema, y esa es una situación que debe corregirse. Sin embargo, la solución no puede ser generalizar restricciones que castigan a quienes más necesitan el apoyo estatal. La clave está en auditar adecuadamente el sistema, enfocando los esfuerzos en mejorar los mecanismos de control para evitar abusos, sin privar de las pensiones a quienes realmente las necesitan. La Agencia Nacional de Discapacidad debe implementar revisiones exhaustivas, pero personalizadas, para verificar la situación de los beneficiarios sin aplicar criterios genéricos que no se ajustan a la realidad de niños con discapacidades severas.

Auditar para garantizar la justicia es una tarea necesaria, pero no debemos permitir que paguen justos por pecadores. No podemos sacrificar el bienestar de los niños con discapacidad en nombre de la eficiencia administrativa. Las soluciones existen, pero requieren un enfoque más humano, uno que ponga a las personas en el centro y no solo mire el balance fiscal.

El nuevo decreto no debe ser un paso atrás en los derechos de las personas con discapacidad, especialmente de los niños. Es urgente que se revisen las disposiciones actuales, y que las políticas públicas se ajusten para proteger a los más vulnerables. La eficiencia del Estado no puede lograrse a costa de la salud y la dignidad de los niños con discapacidad.