El presupuesto de Milei y las prioridades del ajuste

El presupuesto no es más que la hoja de ruta del Estado para el año siguiente. Un plan que refleja las intenciones del gobierno. Es importante recordar que el presidente Javier Milei, en 2023, acordó dos puntos con Massa: la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores, medida que luego revirtió, y la decisión de no enviar un presupuesto para que lo debata el Congreso. Por lo tanto, este presupuesto es el primero que presenta el gobierno de Milei, tras casi diez meses en el poder.

¿Por qué debería importarle a la ciudadanía el presupuesto que presentó el Presidente el 15 de septiembre? La respuesta es sencilla: todos están a la expectativa de si Milei cumplirá con sus promesas de campaña, como levantar el cepo al dólar, eliminar el Banco Central, dolarizar la economía y bajar impuestos. Gobernadores, el FMI, mercados e inversores están atentos a conocer el plan económico del Gobierno para 2025, pero, sobre todo, quieren ver si será capaz de lograr consensos políticos sostenibles.

Esta incertidumbre sólo puede disiparse con una negociación razonable en el Congreso, que permita alcanzar los consensos necesarios para convertir el presupuesto en ley, tal como sucedió hace meses con la Ley de Bases en su segundo intento. Sin embargo, en esa ocasión, el Ministro de Economía nunca se presentó en el Congreso, a pesar de que se discutía un extenso capítulo fiscal redactado por él mismo.

Es responsabilidad del titular de Economía explicar la política económica del Gobierno, asistir al Congreso y responder a las preguntas técnicas y políticas de los legisladores, quienes finalmente votarán el presupuesto. No basta con que el Presidente sea economista y lea un discurso un domingo por la noche ante un puñado de legisladores y algunos televidentes. La presencia del Ministro en el Congreso es clave para generar confianza en el plan económico, evitando que se cuestionen cada dato y número del documento. Cuando el Ministro no da explicaciones, genera desconfianza, y los legisladores, la prensa, el FMI, los mercados y los gobernadores comienzan a desmenuzar el presupuesto, señalando inconsistencias o injusticias. Se empiezan a talar los árboles porque no se exhibe que son parte de un bosque.

Este Gobierno parece tener dificultades para explicar un plan económico coherente, especialmente en cuanto al desmantelamiento del cepo al dólar y la razón por la cual, mientras se destinan fondos para espionaje, compras de armamento avanzado y regímenes fiscales especiales como el de Tierra del Fuego, no hay recursos para pagar jubilaciones dignas, financiar la educación universitaria o subsidiar el transporte en Córdoba o Rosario (aunque sí en el AMBA).

En la Ley de Bases, los diputados intentamos, sin éxito, hacer más equitativo el ajuste que lleva adelante el Gobierno, proponiendo reducir el gasto tributario, para lograr que el impacto en los sectores más vulnerables, como los jubilados, sea menor. El gasto tributario se refiere a los ingresos que el Estado deja de percibir por sectores que no pagan ciertos impuestos, muchas veces bajo regímenes especiales que, aunque nacen con fines estratégicos, se convierten muchas veces en prebendas eternas.

Un ejemplo a nivel internacional es Estados Unidos, que decidió renunciar a 300 mil millones de dólares para incentivar la producción de baterías de litio para autos eléctricos y evitar la saturación del mercado por parte de China en esos productos estratégicos para el presente y el futuro de la movilidad. En Argentina, sin embargo, el 70% de estas políticas favorecen a contribuyentes exceptuados de pagar impuestos, como los honorarios exentos de IVA en los directorios de empresas, mientras que solo el 30% se aplica a regímenes especiales como el de Tierra del Fuego, donde tres empresas producen tecnología sin pagar prácticamente impuestos, sin siquiera la contrapartida de que los productos sean vendidos a un precio razonable (basta con cruzar a Chile para conseguirlos hasta tres veces más baratos).

En la discusión de la Ley de Bases, la Cámara de Diputados dispuso que el gasto tributario debía reducirse del 4.7% actual al 2% en un plazo razonable, dejando en manos del Ministro de Economía la elección de los regímenes a revisar. Sin embargo, el Senado, a pedido del Gobierno, eliminó ese artículo, y lo hizo con una mayoría especial que impide que se pueda insistir durante este año. Siguiendo esa lógica, el presupuesto que envió el Gobierno para 2025 no propone ninguna modificación al gasto tributario, lo que seguramente suscitará una amplia discusión.

Miente el Gobierno cuando dice que no hay plata. Hay mucha plata y el Congreso, en la discusión del presupuesto, debe definir junto al Gobierno las prioridades para gastarla. No olvidemos como a principios de año, el Presidente calificaba a los diputados de ratas y a los gobernadores de corruptos por defender fideicomisos que existían, por ejemplo, para la realización y mantenimiento de obra pública a lo largo y ancho del país, pero recientemente el mismo Presidente dispuso aumentar el fideicomiso del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, sin una explicación clara de los proyectos que se financiarán ni de por qué ese fideicomiso sería prístino y no corrupto como marcaba a los demás.

Debatir seriamente sobre fideicomisos y gasto tributario es esencial para que todos los argentinos afronten de manera equitativa el ajuste que propone el gobierno de Milei. No es aceptable que los jubilados o las universidades asuman el costo que grandes empresarios amigos del poder no pagan. La sabiduría de la democracia radica en la existencia de pesos y contrapesos que permiten corregir las injusticias y desigualdades que un Poder puede generar.