El costo de la ideología: prioridades invertidas

En los últimos años se ha dado una tendencia mundial a desviar recursos públicos originalmente destinados a sectores esenciales como salud, seguridad, educación, nutrición infantil e infraestructura, hacia campañas y programas relacionados con la ideología de género. Esta tendencia ha generado críticos debates sobre las prioridades en asignación de recursos, especialmente en contextos donde los servicios esenciales requieren mayor atención e inversión.

Sólo por citar algunos ejemplos en Europa, según el informe del Observatoire des Inégalités (2019), a partir de 2017, Francia destinó unos 10 millones de euros a la creación de talleres educativos en ideología de género para adolescentes, mientras se redujo el presupuesto para modernización de infraestructura escolar y apoyo a estudiantes con dificultades académicas. Dominique Reynié demuestra el agravamiento de las tensiones en áreas rurales y suburbanas por falta de docentes y deterioro de instalaciones, mientras aquellas campañas de género son percibidas como prioridades forzadas por el Estado.

El Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (2020) demostró que, entre 2017 y 2020, Italia destinó más de 15 millones de euros a campañas sobre diversidad sexual, mientras redujo un 5% los presupuestos para mantenimiento escolar y contratación de personal sanitario en zonas rurales. El Istituto Nazionale di Statistica indicó que mientras aquellas campañas recibían incrementos presupuestarios, los programas sociales para combatir la pobreza enfrentaban recortes, precisamente en una Italia con altos niveles de desempleo juvenil y pobreza infantil.

Según el informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (2018), comunidades autónomas como Cataluña y Madrid, desde el 2015, han redirigido una parte de sus presupuestos a programas LGTBI recortando significativamente partidas previamente asignadas a la sanidad pública. La Fundación Civismo (2019) señaló la redirección de recursos significativos hacia campañas de ideología de género en las escuelas públicas reduciendo las inversiones en programas sociales para combatir la pobreza infantil y mejorar el acceso a la educación en zonas desfavorecidas. Juan Ramón Rallo en 2019 señaló que mientras se destinaban cerca de 6 millones de euros a programas de ideología de género, los hospitales públicos enfrentaban déficit de recursos esenciales, aumentando listas de espera para cirugías y deteriorando la calidad del servicio. La Ley de Educación conocida como LOMLOE (2020), incluyó curricularmente las diversidades sexuales y géneros pero desatendiendo programas para lidiar con el impacto de la pobreza y desempleo en la educación, especialmente tras la crisis económica por la pandemia COVID-19.

El Swedish National Audit Office (2020), muestra que Suecia entre 2015 y 2019 destinó más de 800 millones de coronas a programas de diversidad sexual, reduciendo un 3% los presupuestos en salud pública en comunidades rurales, para inmigrantes, asistencia social y educación en barrios marginales. Tino Sanandaji criticando esta redistribución de fondos, argumentó que incluso en un país con altos niveles de bienestar, dicho desvío de recursos para financiar campañas ideológicas es contraproducente, ya que Suecia, según Sofi Johansson, enfrenta problemas de segregación social y desempleo en sus áreas más desfavorecidas. Similar situación puede describirse en Noruega.

En Estados Unidos, en California, el Departamento de Educación asignó millones de dólares para implementar en 2020 programas de diversidad sexual y género en las escuelas públicas, mientras que The Heritage Foundation (2021) demostró que los fondos dedicados a la mejora de infraestructura educativa y formación docente se congelaban, provocando déficit de profesores y deterioro de instalaciones. De 2018 a 2020, mientras los presupuestos educativos para la enseñanza de matemáticas y ciencias experimentaban una reducción del 7%, los asignados a programas para ideología de género aumentaban un 12% en ciertos distritos, desequilibrando las prioridades educativas de los Estados incluso más progresistas.

En América del Sur, según el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2019), entre 2014 y 2018, se destinó 45 millones de reales a programas educativos y sociales para diversidad sexual, mientras el presupuesto de seguridad pública se redujo el 5%. El Instituto Liberal de São Paulo (2016) indicó que mientras los fondos para aquellos programas aumentaban, las tasas de analfabetismo en las zonas rurales y favelas continuaban altas por falta de inversión en infraestructura y recursos educativos. En Chile, el Centro de Estudios Públicos (2021) indicó que, entre 2016 y 2020, el presupuesto para programas de diversidad sexual en la educación aumentó un 15%, mientras que el destinado a mejorar instalaciones escolares y capacitación docente se redujo un 10%. Andrés Hernando ha señalado la precarización de la calidad educativa afectando a los alumnos más vulnerables como consecuencia de esta redistribución presupuestaria que no responde a necesidades básicas.

El informe de México Evalúa (2021) indicó que entre 2019 y 2021, el gobierno federal destinó más de 500 millones de pesos a campañas de género y diversidad sexual, mientras que los fondos para programas contra la pobreza extrema y seguridad en zonas de alta criminalidad, como Oxaca y Chiapas, disminuyeron respectivamente 8% y 6%. El Presupuesto de Egresos de la Federación (2021) mostró un incremento significativo en los recursos para diversidad sexual, mientras que aquellos para mejorar la infraestructura escolar en áreas rurales y marginadas fueron reducidos en términos reales.

En Argentina, durante la última década se ha invertido ingentes recursos en la implementación de políticas de diversidad sexual, incluida la creación entre 2019-2022, de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuyo presupuesto en el 2022 fue de más de 43 mil millones de pesos. Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (2021), los recursos destinados a la educación en áreas rurales y para combatir la pobreza se vieron reducidos, mientras que el presupuesto para programas relacionados con la ideología de género aumentó significativamente. Hasta el 2023, el presupuesto destinado a programas relacionados con la diversidad sexual en Argentina ha mostrado un llamativo crecimiento, particularmente en las políticas LGTBI. En el Presupuesto Nacional 2023, el 14,65% del total, equivalente a 4,24 billones de pesos, fue asignado a políticas con este enfoque. Este incremento fue notable, ya que representó un aumento del 106% respecto al 2022. También se financiaron en 2023, tratamientos relacionados con hormonización de personas trans bajo el programa “Acciones para la Identidad de Género”, con un presupuesto de 33 mil millones de pesos. En contraste, sectores de salud, educación, seguridad, infraestructura, asistencia social, sistema de pensiones y jubilaciones más áreas que luchan contra la pobreza extrema han enfrentado significativas limitaciones presupuestarias.

Similares consideraciones podrían realizarse respecto de Colombia, Perú, Ecuador, Bangaldesh y Polonia, entre otros países. Esa distorsión e inversión de las prioridades, por cuestiones ideológicas, que invisibilizan las urgencias reales que deben abordarse, se manifiesta también en el Informe de la OEA sobre Libertad Religiosa y de Creencia (2023). Allí, la Comisión Interamericana de DDHH menciona 33 veces el tema de la identidad de género frente a sólo 2 veces el concepto de pobreza, cuando Latinoamérica cuenta con un 29% de personas bajo la línea de la pobreza y un 11,2% debajo de la línea de pobreza extrema.

Conclusión, la reasignación problemática de fondos públicos para campañas de diversidad sexual y género, desatendiendo servicios esenciales como salud, educación, seguridad, infraestructura, agua potable, cloacas, o lucha contra la pobreza, se debe claramente a una agenda ideológica. Resulta evidente que su implementación, en el mejor de los casos, sin un análisis adecuado de las necesidades más urgentes de la sociedad, o a pesar y con indiferencia de ello en el peor de los casos, resulta en un neocolonialismo moral. Por ello es crucial que los gobiernos encuentren un balance en la asignación de recursos que permita promover la diversidad e inclusión, pero sin perjuicio de los servicios esenciales, evitando perjudicar a los sectores más vulnerables con agendas políticas que, aunque eventualmente legítimas, no deben desplazar las necesidades más básicas de la población.