Por qué la educación debe ser en la Argentina un servicio esencial

Los sucesivos paros aeronáuticos y la reciente declaración por decreto del presidente Milei al transporte aéreo como esencial volvieron a poner en discusión el sentido de fondo y los alcances de lo que se conoce como servicio esencial. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esencial es aquel servicio brindado por el sector público o privado “sin el cual la seguridad, la salud o el bienestar de toda o parte de la comunidad estaría en peligro o se vería seriamente perjudicada”. En principio, esta organización ha considerado esenciales en sentido estricto a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y la distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. La OIT aclara que la enumeración que aporta no es “exhaustiva”, indicando que no se ha referido a más servicios porque “sus pronunciamientos dependen de las situaciones particulares y contextos que debe examinar”. En tal sentido, si bien en principio, no incluye a la educación como servicio esencial, la OIT es clara respecto a que siempre deben analizarse las situaciones específicas.

La OIT -la entidad dispuesta por las Naciones Unidas para entender en temas laborales y distinguida por su composición tripartita entre estados, trabajadores y empleadores- es especialmente cuidadosa respecto al alcance de servicios esenciales sobre los cuales podría prohibirse la huelga. Emplea a tal fin el criterio de que debe existir una amenaza “evidente e inminente” para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población. Sin embargo, reconoce que no es una declaración absoluta por dos motivos: primero, un servicio no esencial en una primera instancia puede convertirse en esencial en el tiempo; segundo, la OIT indica que deben revisarse las circunstancias del análisis y la declaración resultante. En tal sentido, si bien vela por la protección del derecho a huelga por parte de los trabajadores, también admite cierta apertura a la revisión de cuáles son las prestaciones de servicios que deben considerarse como esenciales y, por tanto, por encima del derecho a la huelga, entendiendo que debe analizarse con celo el escenario en cada país en su particularidad. En tal sentido, puede suceder que ciertos contextos ameriten consideraciones especiales a la declaración general.

Asimismo, en el mundo laboral, no todas las voces parecen coincidir en que las definiciones de la OIT no deban ser revisadas. En tal sentido, el actual secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, se expresó recientemente en un evento sobre la reforma laboral respecto a que sería conveniente que la OIT actualice el análisis sobre qué son servicios esenciales y entienda que la educación es un servicio que, por su impacto a lo largo del tiempo en la vida de las personas, debe tener una ponderación similar a los otros servicios indicados por el organismo como esenciales. La educación marca significativamente la vida de las personas y tiene un efecto que perdura a lo largo de toda la vida, de ahí su trascendencia y de ahí su esencialidad. En esta misma tendencia, se había orientado previamente el DNU 70/2023, decretado en diciembre pasado por el presidente Javier Milei cuyo artículo 97 sustituía el artículo 24 de la Ley N° 25.877, buscando ampliar el listado de servicios esenciales e incluyendo a la educación bajo este concepto. La Sala de la Cámara Nacional de Trabajo declaró el 30 de enero de este año la invalidez de todo el Título IV (que incluía el mencionado artículo) por considerarlo contrario al artículo 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional.

¿Podemos considerar que la situación educativa de nuestro país requiere un análisis especial para revisar si la educación debe, como lo solicitó hace más de un año atrás la Academia Nacional de Educación (ANE), declararse servicio esencial? A mi juicio y, en concordancia con el resto de los miembros de la ANE, sí. Desde que se estableció la ley 25.864, en 2003, la Argentina nunca logró cumplir con el mínimo de 180 días de clase y menos aún con los 190 días estipulados en octubre de 2021 por el Consejo Federal de Educación como nueva y más desafiante promesa. Por supuesto, la situación del cumplimiento de estas metas no ha sido pareja en todas las provincias. Algunas provincias están mucho más cerca del objetivo y otras quedan en el rango más bajo de cumplimiento. A mediados de 2023 por ejemplo, la ONG Argentinos por la Educación, había concluido que, en el primer semestre del año que pasó, el promedio general para el país de cumplimiento de días de clase ascendía al 81%, pero que existían situaciones críticas como las de Santa Cruz con apenas el 33% del cumplimiento del calendario escolar.

Si bien los paros docentes no son el único obstáculo para cumplir con la promesa del ideal de días de clases, es indudable que este ha sido, tal vez, uno de los factores más relevantes. Es un tema tan complejo que ni siquiera podríamos sacar un total de paros ya que depende de la situación de cada jurisdicción. Pero, podríamos decir que a lo largo de 2024 llevamos en general unas 14 jornadas de protesta en promedio. Desde el regreso de la democracia, se estima que el promedio de paros docentes por año fue entre 12 y 13 por años. Argentinos por la Educación en 2018 había calculado que un alumno argentino de primaria a lo largo de su vida escolar había sufrido 3 meses de paro en el acumulado general de las medidas de fuerza docentes. Lejos de mejorar, esta situación, no solo no ha mejorado, sino que incluso podría decirse que ha empeorado.

El definir como esencial a la educación forma parte de una urgente necesidad en la Argentina de establecer una normativa clara y que comience a cumplirse. Tenemos un Estatuto Docente que rige hace casi 70 años y que derivó en múltiples estatutos docentes provinciales y municipales que hacen que ya no sepamos cuál es la norma. Y, a nivel ministerios y/o secretarias, cada responsable a cargo dicta lo que mejor le parece sin demasiado cuidado por la articulación general. Así, tenemos formas de evaluar distintas, normas de repitencia y promoción de grados diferentes, currículas distintas, y en general una disparidad en cada distrito escolar que hace imposible pensar que estamos en condiciones de revertir la debacle educativa en nuestro país.

En las últimas Pruebas PISA, la Argentina se ubicó en el puesto 66 de 81 participantes por su desempeño en Matemáticas. Y, en general, más de la mitad de los alumnos argentinos estuvieron por debajo del nivel básico en las tres asignaturas evaluadas. Desde el 2000, año en que se comenzaron a realizar estas pruebas, nunca se observaron mejoras significativas en la performance de nuestros alumnos.

Dijimos que la OIT habla de que para que un servicio sea esencial debe existir una amenaza “evidente e inminente” para la vida de toda o parte de la población. La crítica situación de la educación en la Argentina con más de 20 años sin que logremos cumplir con el mínimo indicado por ley de días de clases, el desorden normativo general y un cada vez más pobre desempeño académico de nuestros alumnos, a mi entender, muestran a las claras por qué desde la Academia Nacional de Educación promovimos y promovemos esta premisa. Los cambios en educación son lentos y los resultados llevan mucho tiempo. Pero la declaración de la educación como esencial que fuera incluida en el proyecto de ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados es un primer gran paso, si queremos comenzar a enmendar el rumbo.