Recordando aquella Argentina menos competitiva y decadente

Como lo hace todos los años la prestigiosa universidad suiza IMD publicó su “Ranking de Competitividad de Global 2024″ (”2024 IMD World Competitiveness Ranking”), que se realiza a partir de datos del año 2023. Por algún tiempo, habíamos dejado de comunicar y comentar los resultados de Argentina siendo que no traían nada nuevo para comentar. Pero en esta oportunidad, creemos que sí puede ser interesante a efectos de mostrar el piso al cual habíamos llegado, y evaluar hacia adelante el resultante de las mejoras que produzcan las políticas públicas liberales que intenta implementar nuestro gobierno, trabajando todos los días para reformar nuestro país. Incluso con un ministerio específico enfocado en mejorar nuestra competitividad y calidad institucional.

El ranking está hecho con datos de 67 países, pero que son los más importantes y capturan el grueso de la riqueza y población mundial. Dentro del ranking global general Argentina ocupa el puesto 66 (de 67), sólo siendo “superado” por Venezuela, siendo esta la peor clasificación desde que se publica la medición. Nuestra clasificación general, no puede estar peor. Y de allí la novedad, sumada al cambio radical de políticas públicas anunciadas. A su vez este índice general se compone de cuatro subíndices que son:

1. Funcionamiento de la economía,
2. Eficiencia del gobierno,
3. Eficiencia de las empresas,
4. Infraestructura.

Comentaremos brevemente algunos aspectos destacados de cada uno. En todos los subíndices Argentina también tiene la peor clasificación histórica.

Empezando por el “Funcionamiento de la economía”, que mide nuestro comercio internacional, el empleo, la economía doméstica, los precios y las inversiones, ocupamos el puesto 62, ubicados a mitad de tabla en empleo y en los finales de la tabla en el resto. Sólo para destacar algunas mediciones: ocupamos los últimos lugares en inflación, apertura de la economía, en crecimiento de PBI per cápita y total, en flexibilidad económica y en exportaciones sobre PIB. Sabemos de nuestra caótica macroeconomía, de su volatilidad y falta de previsión que impiden las inversiones, la transparencia y cualquier proyección a largo plazo, imprescindibles para el desarrollo económico.

Continuando con el subíndice de “Eficiencia del gobierno”, donde se clasifican las finanzas públicas, la política impositiva, la fortaleza institucional, la legislación económica y el entorno social, ocupamos el puesto 67, es decir el último de la tabla. Tenemos algunos índices sociales muy destacados como facilidades inmigratorias y razonable libertad de prensa, pero muy despareja distribución del ingreso (índice GINI), cohesión social y una justicia disfuncional. Ocupamos el último y anteúltimos puestos en las tablas de subsidios, regulaciones laborales, sistema de jubilaciones, carga fiscal en personas físicas, costo del capital, proteccionismo, mercado de capitales, creación de nuevas empresas, incentivos a la inversión y en regulaciones legales. También ocupamos los últimos lugares en deuda sobre PBI, finanzas públicas, evasión impositiva, economía subterránea, tasa de impuestos a las empresas, cargas sociales, ranking crediticio, inestabilidad cambiaria, burocracia, corrupción, estado de derecho, barreras tarifarias, proteccionismo, leyes de la competencia, procedimientos para crear nuevas empresas e inestabilidad política. Luego de esta enumeración cuesta agregar algún comentario adicional, se explican por sí solas. El peso del estado, la opresión que ejerce sobre los ciudadanos y sobre todas las actividades económicas, políticas y sociales es descomunal.

Veamos ahora qué datos surgen respecto al subíndice de “Eficiencia de las empresas”. Aquí se miden la productividad y la eficiencia, el mercado de trabajo, las finanzas, las prácticas de management y las actitudes y valores, donde ocupamos el puesto 66 de 67 posibles. Clasificamos en los dos últimos lugares en satisfacción del consumidor, sistema de valores, derechos de los accionistas, capitalización de mercado, servicios y créditos bancarios y financieros, imagen externa, venture capital y legislación bancaria. Tenemos bajísimos índices de productividad, nos cuesta atraer y retener talentos, la fuerza laboral tiene baja motivación, tenemos fuga de cerebros, management mediocre, bajísimos índices de activos y pasivos bancarios sobre PBI, empresarios con muy baja credibilidad, somos poco emprendedores y una cultura que rechaza lo extranjero.

Es claro que nuestra disfuncional macroeconomía y el peso de un gobierno “ausente” son responsables de parte de la ineficiencia empresaria, pero también es cierto que las corporaciones tienen mucho para mejorar por su cuenta, en particular para luchar contra la opresión del estado, y no ser –al final del camino– facilitadores de la casta política y de sus intereses.

Por último tenemos el índice de “Infraestructura”, donde relativamente (no tan mal como que en las otras categorías) ocupamos el mejor lugar, siendo clasificados número 56 de 67. Aquí se miden la infraestructura básica, tecnológica y científica del país, la salud, el ambiente y la educación. Tenemos malas vías de comunicación terrestre y aérea, pobre seguridad tecnológica, muy pocos graduados en ciencias, bajo desarrollo tecnológico, pobre administración de las ciudades, bajo acceso al agua potable, inadecuada infraestructura energética, baja velocidad de internet, bajo registro de patentes, inadecuada infraestructura sanitaria, alta mortalidad infantil, bajo desarrollo humano, baja calidad de vida, bajos presupuestos y baja calidad educativa primaria, secundaria y terciaria, y pobre inserción laboral, entre otros.

Resta decir que está claro que todas las variables se retroalimentan entre sí, tanto para bien como para mal. También es fácil caer en la tentación de echarle la culpa al gobierno, a la casta política, a la justicia y a la opresión del gobierno, pero no es así. Nuestra clase dirigente ha sido funcional en la creación del país que tenemos. Las corporaciones empresarias, sindicales, religiosas y políticas son responsables en igual medida, quedando los consumidores y el público sin voz, sin defensa y sin representación, resultando en una pobreza récord. Tenemos una nueva oportunidad histórica de hacer un cambio radical. Apostemos a nuestro nuevo futuro desde donde estemos, recordando que todos somos responsables y es obligación de cada uno de nosotros hacerse cargo de lo que pueda y de lo que le toque hacer. Entre todos lograremos el éxito, la paz y prosperidad para nuestro país, y puede lograrse en un tiempo mucho más breve de lo que imaginamos.

El autor es presidente de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre