El control de infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires está a punto de vivir un cambio significativo con el lanzamiento de un nuevo sistema de procesamiento de multas viales, anunciado recientemente por las autoridades.
Esta iniciativa busca mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión de las infracciones, en particular las captadas por cinemómetros (fotomultas). Estos dispositivos han sido objeto de cuestionamientos por la opacidad en su operación por las empresas a cargo y la red de intereses económicos que podrían estar detrás de su uso.
El flamante sistema, que estaría implementado antes de fin de año, pretende optimizar la gestión de infracciones viales, permitiendo el procesamiento y la notificación de las multas de manera más ágil y transparente.
Además, promete brindar mayor claridad tanto para los ciudadanos como para los organismos encargados de administrar la seguridad vial, poniendo foco en la trazabilidad de las multas y en la garantía de que las infracciones se gestionen ajustadas a las normativas vigentes.
Así, el ministro de Transporte ha anunciado que se abrirá una licitación para incorporar nuevos proveedores de tecnología y servicios relacionados con el control vial.
Este anuncio llega en un contexto de creciente desconfianza hacia el uso de los cinemómetros, donde el cuestionamiento es: ¿justicia o negocio?
Recientemente, una investigación reveló una “trama oculta” en torno a estos dispositivos, que va más allá de su propósito primordial de seguridad vial y de prevenir hechos de tránsito; según el informe, existe una compleja red de contratos y relaciones que podría estar beneficiando a ciertos sectores.
Las cámaras de velocidad, colocadas estratégicamente en rutas y avenidas, han sido criticadas por su falta de transparencia. La opacidad en el manejo de los contratos para la instalación y el mantenimiento de estos dispositivos, así como la distribución de las ganancias generadas por las multas, ha generado inquietudes entre diversos sectores de la sociedad.
En la provincia de Buenos Aires, el 20% de las multas va al Gobierno provincial para seguridad vial, mientras que el resto se distribuye entre los municipios para mejorar el tránsito y reforzar los controles, con variaciones según los casos. Un porcentaje significativo también va destinado a universidades que colaboran con el sistema de gestión de infracciones. Por ejemplo, algunos municipios reciben el 16%, la Provincia el 20%, y el 64% a fundaciones universitarias, mientras que, en otros casos, la distribución es de 20% para la Provincia, 24% para el municipio y 56% para las fundaciones.
En este contexto, se ha propuesto realizar una auditoría para analizar la distribución de los fondos recaudados por las multas
Asimismo, se implementa el pago de las multas a través de todos los medios electrónicos, lo que permitiría a los conductores regularizar sus situaciones de manera más ágil. Además se toma en cuenta el aumento del valor de la Unidad Fija (UF), que hizo que el ciudadano tenga dificultades para cumplir con los pagos y ha provocado un incremento en la presentación de descargos ante los jueces, quienes, con las herramientas que la ley les provee, buscan ajustar los montos para que las sanciones sigan cumpliendo su objetivo principal: ordenar el tránsito y promover la educación vial, evitando el incumplimiento y que las multas se perciban solo como un mecanismo de recaudación.
La provincia regula las multas a través del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT), que ha demostrado ser una plataforma eficiente con un enfoque centralizado y automatizado, y permite a los conductores consultar y pagar sus multas.
El SACIT es un buen sistema porque se respalda en un cuerpo judicial que trabaja de manera exhaustiva. Los jueces no pueden eliminar multas sin una resolución fundamentada, lo que refuerza la equidad y la integridad del proceso.
Este procedimiento asegura que el sistema funcione de manera justa y garantiza que las decisiones de los magistrados estén sustentadas en hechos comprobables.
Además, y en el marco de la política vial, se ha planteado la idea de lanzar una campaña de concientización para explicar el funcionamiento del sistema de multas en la provincia de Buenos Aires, haciendo énfasis en que el procesamiento se realiza a través de los juzgados provinciales.
También se destacó que la Provincia ya cuenta con un régimen de educación vial en los colegios, mediante el cual los jóvenes que aprueban el examen escolar no deben rendir la prueba teórica para obtener su licencia de conducir.
Adicionalmente, las autoridades han informado que parte de lo recaudado por las infracciones será destinado a la mejora de las rutas, incluyendo la instalación de balanzas y otros sistemas de control para garantizar la seguridad vial.
Si bien la medida ha sido bien recibida, el desafío es cambiar la percepción pública sobre el uso de los cinemómetros y la gestión de las infracciones viales. La transparencia prometida por el nuevo sistema será clave para restaurar la confianza y garantizar que el verdadero objetivo de estas herramientas siga siendo la seguridad vial, y no un negocio en la sombra.