Un primer paso para que se debatan cuestiones fundamentales

En los años prósperos de la Argentina de fines de siglo XIX, las virtudes de un presupuesto equilibrado rara vez eran puestas en duda. Julio A. Roca sostenía que “un presupuesto equilibrado no es sólo una cuestión económica, sino también una garantía de paz social”. Mientras Carlos Pellegrini defendía la solidez fiscal y argumentaba que: “El tesoro público no es una fuente inagotable, sino el fruto del trabajo del pueblo, y como tal, debe ser manejado con prudencia”.

Lamentablemente, el equilibrio y la prudencia se perdieron bastante rápido. La política fiscal (tanto del lado del gasto como de los impuestos) se convirtió en un instrumento a merced de los objetivos políticos del gobierno de turno.

Javier Milei concurrió este domingo al Parlamento para presentar, cumpliendo con los tiempos establecidos, el proyecto de Presupuesto 2025. Se trata del primer presupuesto elaborado por su Administración y el primero después de incontables años que se formula bajo la restricción del equilibrio presupuestario. Básicamente, no hubo sorpresas en la presentación, la cual estuvo centrada en reiterar la decisión innegociable del Presidente de cambiar la historia y perseguir inquebrantablemente el equilibro fiscal. Lo cual le da a este Presupuesto, al menos en cuanto a su objetivo final, un vicio de verosimilitud mayor que otros proyectos del pasado.

Ya veremos si el articulado del proyecto introduce algunas novedades que no hayan sido explicitadas en el discurso presidencial, por lo pronto, del lado de los grandes números, nos parece relevante lo siguiente: los objetivos de inflación (18,3%) y de crecimiento (5%) lucen optimistas. Al mismo tiempo, prevé un tipo de cambio que se mueve al mismo ritmo de la inflación tanto para 2025 como para los dos años siguientes. Lo cual supone que el tipo de cambio real se mantendría en los niveles de fines de 2024 ($1,019.9 por dólar, a precios de diciembre 2024). En cuanto a las previsiones presupuestarias, tanto los ingresos como los gastos del sector público nacional, se ubicarían prácticamente en los mismos niveles que este año.

Se había especulado con la posibilidad de que se incluyeran algunas reglas explícitas para asegurar el equilibrio fiscal (instrumentos, metas y penalidades si hay incumplimiento), pero finalmente ello no sucedió. El Presidente se inclinó por una regla más soft o implícita de equilibrio fiscal. A diferencia de las reglas explícitas, las reglas implícitas permiten mayor flexibilidad, ya que no están sujetas a restricciones legales. Pero, dado que no hay sanciones legales, el cumplimiento de las reglas implícitas depende en última instancia de la voluntad política del gobierno y su capacidad para resistir presiones internas o externas para aumentar el gasto o relajar el control fiscal. Lo cual determina que su éxito dependa de factores como la credibilidad del gobierno, el entorno institucional y la consistencia en la política económica.

Según el Presidente, el déficit fue siempre consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo conseguir los recursos. A partir de ahora, primero se verá cuánto hay que ahorrar (para pagar los intereses) y después ver cuánto se puede gastar. Digamos que el calificativo de regla le queda un poco holgado, pero podemos aceptar la idea general de compromiso con el equilibrio fiscal.

Sin embargo, un aspecto central de la credibilidad de una regla fiscal, que vale tanto para reglas explícitas como implícitas, radica en las políticas complementarias que las hacen creíbles. Y es allí donde se notaron las mayores ausencias en la presentación del Presidente Milei. Un ajuste fiscal exitoso debe ir acompañado de reformas estructurales que aseguren la solvencia fiscal y que aumenten el potencial de crecimiento de la economía a mediano y largo plazo.

El Gobierno está avanzado en muchos frentes de reforma de los mercados de bienes y servicios que fomentan la competencia, reducen las barreras regulatorias y promueven la inversión privada. Pero hay otras reformas que son imprescindibles: una reforma previsional, que termine con discusiones coyunturales que no contemplan la sustentabilidad del sistema a largo plazo; una reforma tributaria, que simplifique el sistema tributario, que amplíe la base impositiva y reduzca impuestos distorsivos; una reforma del mercado laboral, que incentive la creación de empleo; y un nuevo pacto fiscal con las provincias que cree un marco de incentivos (fiscal y tributario) más amigable para el desarrollo de las actividades privadas.

El debate de la Ley de Presupuesto podría ser un primer paso para que se debatan éstas y otras cuestiones fundamentales. Lamentablemente, el clima no es el mejor para un intercambio productivo de ideas y propuestas. Oposición y oficialismo no parecen encontrar puntos de contacto ni a corto ni a mediano plazo