Reglas presupuestarias para ser un país serio y normal

Los argentinos solemos echarles la culpa a otros por todo lo que nos pasa. Incluido a los políticos que nosotros mismo votamos y les dimos el poder para gestionar o legislar. Luego de hacerlo, nos desentendemos y, al final, sufrimos las consecuencias de esa falta de compromiso cívico. Durante décadas dejamos que los políticos construyeran un Estado que les sirve a ellos y se sirve de los argentinos.

Por ello, el gasto fue aumentando sin pausa para permitirles ganar votos, favorecer a determinados sectores o enriquecer sus bolsillos o los de su entorno. De hecho, los argentinos llegamos a normalizar la corrupción con el “roban, pero hacen”, sólo porque eran preferibles a los que sólo robaban. Por supuesto, esos aumentos de erogaciones tenían que ser pagados con una mayor presión tributaria que llegó a tal punto de que para, evitar ser exprimidos, muchos buscaron refugiarse en la informalidad o sacando sus recursos del país. O sea, se generó una economía en la que cada vez se invierte, se produce y se genera menos empleo formal. A la larga, se terminó excluyendo a, cada vez, una mayor proporción de la sociedad de un trabajo digno y productivo. Mientras, los gobiernos que se vanagloriaban de cuánto habían aumentado la cantidad de planes sociales. Es decir, de cuántos más pobres crearon y, por ende, de la necesidad de subsidiarlos.

Cuando no alcanzaban los recursos genuinos para pagar las erogaciones del Estado, se endeudaban hasta que el país entraba en cesación de pagos y tuvimos 9, con sus consecuentes reestructuraciones. Es decir, les terminamos desconociendo gran parte de lo que les debíamos a los acreedores. Hoy a algunos les extraña que ni argentinos ni extranjeros quieran prestarle al gobierno argentino y que, si lo hacen, que pidan una alta compensación por el enorme riesgo que asumen. También, les llama la atención de que, en vez de que haya inversiones, Argentina sea uno de los países con más fuga de capitales. Deberían preguntarse, ¿si querrían asociarse con un reconocido estafador?

Al quedarse sin crédito, la opción de los gobiernos fue darle a la “maquinita” para financiar los excesos de gasto público y sacarles a los argentinos poder adquisitivo de sus pesos con impuesto inflacionario, empobreciéndolos. La mala noticia es que los que tienen mayor proporción de su patrimonio en moneda local son los que menos tienen; por lo que son los que más sufren ese tributo. Así hemos aprendido a sobrevivir con altísima inflación y a incontables crisis monetarias, incluidas tres hiperinflaciones.

En los países del mundo que son normales nos miran extrañados y se preguntan sobre nuestra masoquista perseverancia en votar vivir así. Por suerte, ahora empezamos a darnos cuenta que algo andaba mal, y que, al igual que en nuestra casa y en nuestro negocio, el Estado no puede gastar por encima de sus posibilidades. La historia de crisis recurrentes de Argentina lo demuestra.

Sin crédito y con la intención de recuperarlo para que el sector privado pueda invertir, producir, generar más empleos y mayor bienestar, el Estado tiene que gastar sólo lo que le ingresa. En el Congreso, algunos parecen no haber entendido que, en un país serio, si se sanciona un aumento de erogaciones por ley, se decide a quienes se les recortarán el presupuesto o quiénes pagarán más impuestos. Acá siguen actuando como antes, aumentando erogaciones irresponsables y demagógicamente para hacerse del beneficio político que significa, pasándole al Poder Ejecutivo el costo político de decidir quién lo va a pagar. Obvio que tampoco lo hacía y se endeudaban o saqueaban al banco central con los desastrosos resultados comentados con anterioridad. Eso se tiene que terminar o no se acabará nuestra historia de decadencia.

Por eso, es un gran avance el planteo de que el Proyecto de Presupuesto se discutirá de la misma manera que lo hace la gente responsable con el de su hogar o negocio. Se verá con qué recursos se cuenta, se restará lo que se quiera ahorrar y el resto será lo que se podrá gastar. De esa forma, no habrá excesos de erogaciones que haya que financiar gestando futuras crisis y decadencia. Al no aumentar la deuda en términos nominales, será cada vez más chica respecto a un país que crece y, por ende, disminuiremos la carga que le estaremos dejando a las futuras generaciones.

Por otro lado, si los ingresos aumentan más de lo esperado, se usarán esos recursos que sobren para bajar la tremenda presión tributaria que tiene el país; lo cual significará más inversión, producción y puestos de trabajos formales. Esto resultará en un círculo virtuoso; ya que cada vez serán más los que pagarán impuestos, permitiendo cobrarles cada vez menos.

Si por algún motivo los recursos estimados fueran menores a lo presupuestado, bajarán las erogaciones del Estado; lo cual es lógico. La alternativa sería pedir que los que ajusten sean los que trabajan, crean y producen en el sector privado o sea los que generan bienestar económico para todos.

Otra definición importante es que el Gobierno se restringirá a cumplir con los roles que manda la Constitución y que, al día de hoy, no cumple o lo hace pobremente. Es notable, aquellos que votamos para que hagan lo que debe hacer el Estado han demostrado su inutilidad cumplir con su deber. Sin embargo, luego se consideran con la capacidad suficiente para manejar empresas públicas o decir cómo debe administrar sus negocios el sector privado. Un absurdo que debe acabarse y que sólo tiene el sentido de poder distribuir privilegios e ingresos para los gremios, los políticos y los funcionarios de turno.

Por último y no menos importante, el Presidente planteó una mayor descentralización del gasto público, acercando su ejecución a los ciudadanos que recibirán esos servicios. Esto implicará más federalismo; pero, también, la necesidad de que en cada provincia y ciudad haya ciudadanos comprometidos cuidando que sus recursos se usen adecuadamente y los impuestos con los que se financien sean razonables.

El autor es economista y director de la Fundación “Libertad y Progreso”