Provincias: baja la discrecionalidad, mejoran las cuentas

En la búsqueda del equilibrio fiscal de la Nación, una de las primeras decisiones del gobierno al asumir, fue la de cortar -prácticamente a cero- las transferencias discrecionales a provincias, esto es, aquellos giros presupuestarios que no obedecen a las directivas de una ley permanente emanada del Congreso y que las provincias reciben en forma automática y diaria (el gran componente de estos recursos es la coparticipación federal de impuestos).

En consecuencia, en los primeros siete meses de 2024, medidos a precios de agosto, los envíos discrecionales totalizaron $83.538 millones promedio por mes, cuando en igual período de 2023 y en la misma unidad de medida, alcanzaron a $571.244 millones mensuales. Esto es, los recursos que por esta vía llegaron a las provincias en lo que va del año no representan siquiera el 15% de los recibidos por las 24 jurisdicciones un año atrás. Este comportamiento se ha mostrado invariable desde enero, en forma continua.

En 2023, las transferencias discrecionales representaron 28,4% de los recursos propios provinciales en términos promedio y 50,9% de los recursos tributarios propios, también como promedio para las 24 jurisdicciones.

Por qué no preguntarnos, entonces, ¿Cómo han lidiado las diferentes jurisdicciones con la nueva realidad? Nueva realidad que, por supuesto, se aleja de la anterior no sólo en cuanto a la disponibilidad de estos fondos sino a las consecuencias del comportamiento macroeconómico en general.

Para ello vamos a considerar un subconjunto de provincias para las que existe información para el primer semestre del año (consistente con la que presenta la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía en forma periódica para las 24 jurisdicciones): CABA, Buenos Aires (PBA), Catamarca, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe.

Se trata de 11 jurisdicciones (casi la mitad de las provincias), entre las que están representadas todas las regiones del país y muestra que también es diversa en cuanto a grado de desarrollo, dotación de recursos y densidad poblacional. Ello no quiere decir que sea estrictamente representativa del total, pero sí que podemos confiar en las regularidades y diferencias que del análisis de los números obtengamos.

Si observamos de lo general a lo particular, lo primero que surge es que solo PBA muestra déficit en 2024, pero ninguna tiene déficit primario en el primer semestre.

En 2023 habían sido siete de estas once las provincias con déficit global y seis con déficit primario. Solo CABA tuvo un peor resultado (menor superávit) en el primer semestre de 2024 que un año atrás. En suma, diez de once mejoraron sus resultados.

Las once provincias redujeron sus gastos totales, en un rango que, en términos reales, va de un mínimo de 9,8% en CABA al 42,4% en Formosa, cifras que se replican de forma muy similar en el gasto primario.

Por ser el más flexible, el gasto de capital es el que más cedió, con caídas, también absolutamente generalizadas, de 90% en Santa Cruz, y 79 y 78% en Entre Ríos y Chaco, respectivamente.

En CABA fue donde el gasto en inversión menos perdió: 19%. Por su parte, la contracción del gasto en personal (no contamos con la información para Santa Cruz) va desde el máximo de 43,6% en Formosa hasta los mínimos de 9,5% y 5,7% en Neuquén y CABA, respectivamente.

A excepción de Neuquén, las once provincias dispusieron en este primer semestre de menores recursos que un año atrás (siempre en términos reales). Si primero miramos los recursos tributarios, notamos una fuerte dispersión entre lo que pudieron cobrar de sus propias fuentes las jurisdicciones y lo que recibieron en forma automática desde la Nación (nuevamente no analizamos Santa Cruz porque no contamos con la información detallada).

Los casos más anómalos son los siguientes: por un lado, en Formosa los tributos provinciales aportaron 31,3% menos que un año atrás, pero los impuestos de origen nacional solo cayeron 11,5% (algo menos a lo que ocurrió para el promedio de las jurisdicciones). Chaco, con menor diferencia, replica este comportamiento: los tributos provinciales aportaron 25,6% menos que en el primer semestre de 2023 y los tributos nacionales, 13,1% menos.

En el otro extremo, los impuestos provinciales neuquinos aportaron 8,6% más que un año atrás, convirtiéndose en la única de estas once jurisdicciones en que los recursos propios aumentaron.

Por último, el punto que generó esta nota: las transferencias discrecionales -ahora nos restringimos a las corrientes- cayeron entre un máximo de 92% en La Rioja y un mínimo de 46% en CABA.

En suma, las provincias recortaron los gastos necesarios para que los recursos disponibles alcanzaran, logrando mejores resultados que un año antes; la única excepción fue CABA, pero ya tenía superávit y no necesariamente se ve compelida a repetir ese nivel. La reducción de las transferencias no automáticas redujo la discrecionalidad, es una cuestión ética a la que debemos darle la bienvenida.

A partir de aquí resulta más evidente la necesidad y premura de discutir la Ley de Coparticipación y, con ello, las otras distribuciones automáticas de impuestos nacionales. ¿Cuáles son los criterios de acuerdo con los cuales cada jurisdicción se hace de recursos que se generan en los diferentes territorios pero que recauda la Nación? La discusión no es solo imprescindible porque la Constitución así lo demanda desde hace 30 años, la realidad cambiante torna ineludible la aplicación de mecanismos flexibles que generen, intrínsecamente, premios y castigos y no vayan en detrimento de la sostenibilidad de largo plazo.

La autora es Economista de FIEL. Esta nota fue publicada en Indicadores de Coyuntura de 667 de FIEL