El desafío del sistema previsional en Argentina: más allá del veto

El reciente veto a la movilidad jubilatoria impulsado por el presidente reabrió una discusión que va más allá del conflicto político del momento. La situación de los jubilados en Argentina plantea un desafío mucho más profundo que trasciende lo coyuntural: por un lado, la pérdida del poder adquisitivo y el déficit crónico del sistema previsional, por el otro, la revolución demográfica de la longevidad.

Los números son claros y preocupantes. Hoy, el 65% de los jubilados cobran un haber mensual mínimo de $304.000, incluyendo el bono previsional. Sin embargo, en agosto, una familia tipo necesitó $939.887 para no caer bajo la línea de pobreza. Es decir, dos jubilados de la mínima que vivan juntos apenas cubren el 64% de esa canasta básica.

Además, en los últimos siete años, Argentina ha aplicado cuatro fórmulas de movilidad previsional diferentes, pero ninguna logró recomponer por completo los ingresos de los jubilados. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el haber mínimo, que contempla refuerzos, ha perdido en los últimos 7 años un 26% de su poder adquisitivo. Para aquellos que no perciben el bono, la pérdida asciende a casi el 50%.

Al mismo tiempo, el déficit del sistema previsional es insostenible. ANSES recibe, en concepto de aportes y contribuciones, solo el 49% de los fondos necesarios para pagar jubilaciones y pensiones. El resto proviene de transferencias del Tesoro Nacional, lo que agrava el problema fiscal del país.

Gran parte de este déficit se explica por la moratoria previsional, que permitió a millones de personas acceder a una jubilación sin haber completado los 30 años de aportes requeridos. Si bien esta medida se planteó como una solución ante la alta informalidad laboral (que en algunos momentos ha alcanzado el 50%), no deja de ser un parche temporal que añade más presión a un sistema ya desequilibrado. Es importante no mirar a la moratoria previsional como la única causa del desequilibrio de la caja y, muy especialmente, no fomentar el enfrentamiento entre jubilados que han empleado moratoria para jubilarse y aquellos que han logrado completar los 30 años de aportes.

Es aquí donde debemos preguntarnos: ¿estamos atacando el problema de raíz o seguimos ofreciendo soluciones de corto plazo? Según un informe de la CEPAL de 2020, incluso si se lograra una mayor formalización del trabajo y aumentara el número de aportantes, el déficit previsional continuaría creciendo. Para 2050, este déficit alcanzaría el 4,8% del PIB, lo que indica que la reforma laboral, por sí sola, no será suficiente para revertir la tendencia.

Argentina, además, no cuenta con una tradición de estudios actuariales periódicos que permitan anticipar problemas y proponer ajustes paramétricos o estructurales. Esta falta de previsión ha sido uno de los principales obstáculos para diseñar un sistema previsional sostenible.

La moratoria previsional actual vence en marzo de 2025, y el gobierno ya ha anunciado que no la renovará. Esto significa que solo tres de cada diez personas podrán jubilarse bajo las condiciones actuales, aquellas que logran completar los 30 años de aportes. Según el CEPAL esta medida no modificará la tendencia deficitaria del sistema, que solo se verá atenuada.

Mientras tanto, la expectativa de vida sigue aumentando: para 2065, se espera que la sobrevida promedio a los 65 años sea de 23 años. Este escenario plantea una serie de preguntas cruciales. Si el pico de los despidos ocurre entre los 45 y 50 años, y sin políticas que permitan a las personas mantenerse activas y productivas por más tiempo, ¿cuál será el futuro de aquellos que no puedan acceder a una jubilación? El impacto en la pobreza de los mayores de 60 años será devastador si no se encuentran soluciones estructurales. Se estima que sin acceso a una cobertura previsional, las pobreza extrema se incrementará en casi 20 puntos.

La discusión sobre la movilidad jubilatoria no puede limitarse a los ajustes temporales ni a la eliminación de la moratoria. El verdadero debate debe centrarse en cómo garantizar un sistema previsional sostenible en el largo plazo y en qué medidas tomar para evitar que las personas mayores caigan en la pobreza.

Debemos repensar el sistema de trabajo, fomentar políticas que permitan a las personas mantenerse productivas por más tiempo, y generar incentivos para el emprendedurismo en las personas mayores de 50 años. A su vez, es fundamental que Argentina desarrolle una cultura de estudios actuariales que guíen las decisiones a futuro, para que no sigamos enfrentando crisis previsionales sistemáticas.