Carta Democrática Interamericana: 23 años de compromiso hemisférico con la democracia

La Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 11 de septiembre de 2001, es un instrumento internacional que representa el compromiso colectivo con la promoción y defensa de la democracia. Esta declaración sostiene a la democracia representativa como el sistema de gobierno compartido por los pueblos de las Américas y define los elementos esenciales que la componen, trascendiendo una concepción puramente electoral de la misma, incorporando aspectos fundamentales como el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, la separación de poderes y la transparencia gubernamental.

Su preámbulo menciona sus antecedentes y justificaciones con referencias a acuerdos y declaraciones previas. Los primeros 6 artículos afirman el derecho de los pueblos americanos a la democracia; define sus elementos esenciales; destaca la importancia de la transparencia, la probidad y la libertad de expresión y enfatiza la importancia de los partidos políticos y la participación ciudadana. Los siguientes tres artículos la vinculan con el respeto a los derechos humanos y con el sistema interamericano; promueve la eliminación de la discriminación y el respeto a la diversidad, e incluye el respeto de los derechos laborales. Y en los artículos 11 a 16, reconoce su interdependencia con el desarrollo económico y social; compromete a los gobiernos a combatir la pobreza y promover la educación y enfatiza la importancia de la protección del medio ambiente.

Respecto del fortalecimiento y preservación de la institucionalidad a tratados en los artículos 17 a 22, establecen mecanismos para la asistencia a Estados miembros en caso de riesgo para su proceso democrático, define procedimientos en caso de alteración del orden constitucional, y prevé la posibilidad de suspender a un miembro en caso de ruptura del orden democrático. En los artículos 23 a 25 trata sobre la extraordinaria función de las misiones de observación electoral estableciendo el marco para su realización. Finalmente, sus artículos 26 a 28 compromete a la OEA a desarrollar programas para fortalecer la cultura democrática y promueve la participación igualitaria de la mujer en las estructuras políticas.

En resumen, nos referimos un documento comprehensivo que no solo define los principios democráticos para las Américas, sino que también propone mecanismos concretos para su restauración en caso de quebrantamiento. El documento define la democracia como sistema de gobierno y como forma de vida, vinculándola estrechamente con el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos americanos.

En sus 23 años de existencia, la Carta, con los límites de todo consenso no coactivo, se ha presentado como mecanismo para la prevención y respuesta a crisis en la región, evitando en muchos casos, rupturas del orden constitucional. Sin embargo, las tensiones entre el principio de no intervención y la defensa colectiva del estado de derecho, las tendencias populistas y iliberales en las sociedades e instituciones y el debilitamiento del consenso regional que permitió la aprobación dificulta su aplicación efectiva en determinados casos; por ello, de cara al futuro, es necesario encontrar mecanismos para que siga siendo fundamental en las Américas.

En consecuencia, es importante reconocer que la mera existencia de la Carta no garantiza por sí sola la consolidación democrática. Los recientes retrocesos en esta área en algunos países de la región demuestran la fragilidad de los avances logrados y la necesidad de un compromiso continuo con los principios de la Carta.

Uno de los desafíos pendientes es cómo abordar las llamadas “erosiones democráticas graduales” que no constituyen rupturas abruptas del orden constitucional, pero que socavan progresivamente las instituciones y prácticas. La Carta fue concebida principalmente para responder a golpes de estado tradicionales, pero las amenazas en el siglo XXI suelen ser más sutiles y complejas.

Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de la implementación de la Carta. La propuesta de considerar un sistema de revisión periódica entre pares podría ser un paso importante en esta dirección, permitiendo una evaluación más sistemática y objetiva de la situación en los países miembros.

Sus principios y mecanismos han contribuido significativamente a prevenir crisis y fortalecer las instituciones en la región. Sin embargo, los desafíos persistentes y emergentes requieren una renovación del compromiso y una adaptación creativa a las realidades del siglo XXI. De esa manera la OEA podrá continuar desempeñando un papel relevante en la construcción de democracias más sólidas, inclusivas y resistentes en todo el hemisferio.