Inteligencia artificial: mejor Justicia y estado de derecho

En un mundo inundado de información que fluye a velocidades vertiginosas, la inteligencia artificial (IA) ha irrumpido no solo en nuestra forma de abordar este desafío, sino también en la manera en que trabajamos, producimos y nos comunicamos. El sistema judicial no permanece ajeno a esta transformación, sino que se enfrenta al desafío de abordar lo que muchos ya denominan “la cuarta revolución industrial”.

La aplicación de la IA en el ámbito judicial se está explorando a nivel global. Muchos sistemas judiciales ya utilizan la IA para brindar asistencia en investigaciones y automatizar procesos de toma de decisiones, especialmente en el campo de la justicia penal. La Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la IA, adoptada en noviembre de 2021 por los 193 Estados miembros, incluida Argentina, resalta el valor de los “sistemas de IA para mejorar el acceso a la información y el conocimiento”, así como la necesidad de “fortalecer la capacidad del poder judicial para tomar decisiones relacionadas con los sistemas de IA en consonancia con el Estado de derecho y las normas internacionales”.

En Argentina, muchas jurisdicciones provinciales ya están implementando procesos automatizados y sistemas de IA. Numerosos funcionarios judiciales exploran las ventajas de la IA generativa. Más de 3.000 funcionarios se han sumado al Programa de Uso Estratégico y Responsable de la IA Generativa en la Justicia Argentina, impulsado por la UBA-IALAB, el Ministerio de Justicia Nacional, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, entre otras organizaciones. La Justicia Federal no puede quedar ajena a esta nueva revolución. La urgencia de tomar decisiones rápidas, equitativas y eficaces se vuelve ineludible. Es ahí cuando la incorporación de nuevas tecnologías como la IA, utilizadas de manera responsable y bajo principios éticos rigurosos, pueden contribuir sustancialmente a mejorar la eficiencia del servicio de justicia y fortalecer el acceso a la misma.

Entre otras cosas, la IA puede contribuir a la automatización de tareas administrativas, eliminando la burocracia y mejorando la eficiencia y celeridad. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden predecir resultados basados en datos históricos, optimizando la asignación de recursos y la priorización de casos urgentes. También puede ayudar a detectar posibles prejuicios en las decisiones judiciales, contribuyendo a una mayor imparcialidad. La equidad es fundamental para un sistema de justicia justo. Por eso, como funcionarios judiciales, tenemos la obligación de explorar y avanzar en su aplicación.

Estamos ante una oportunidad única de transformar el sistema judicial y de ponerlo al servicio de la ciudadanía, con la rapidez que muchas veces les falta a los procesos judiciales.

Por supuesto que no desconocemos los desafíos que plantea la implementación de sistemas de IA en el seno del Poder Judicial Nacional. Es crucial respetar principios éticos para salvaguardar los derechos fundamentales, mantener los valores democráticos y mitigar riesgos. La innovación centrada en las personas debe guiar nuestro camino, recordándonos que ningún sistema de IA puede reemplazar la responsabilidad final de los seres humanos ni su obligación de rendir cuentas.

La implementación de la IA en la justicia debe considerar tanto los avances tecnológicos como los principios fundamentales del estado de derecho. De ahí que, para lograr una implementación efectiva y ética, resulte esencial seguir los más altos estándares internacionales en la materia. Organismos como la OCDE y la ONU, a través de la UNESCO, vienen aportando con seriedad mejores prácticas y estándares para el diseño, gestión e implementación de sistemas de IA en las judicaturas del mundo que deben ser tenidos en cuenta, poniendo siempre a las personas como eje y beneficiarias de estas herramientas.

Es momento de subirnos a la ola de la revolución del Siglo XXI y analizar, debatir e implementar su utilización. El Poder Judicial Nacional no puede quedar afuera, debe ser parte y asumirse como faro para el resto de las judicaturas del país.