Milei y el Congreso, segundo round

Mientras el gobierno nacional ha logrado extender el crédito social, prolongando inéditamente la tan mentada “luna de miel” mucho más allá de los 100 primeros días de gestión, no solo sigue enfrentando serios desafíos en el plano de unos mercados cada vez más ansiosos por medidas de raigambre más estructural (fundamentalmente en lo vinculado a lo cambiario), sino que también -en lo que respecta a lo político- parece haber revitalizado los conflictos en el Congreso de la Nación.

Por estos días la narrativa oficialista viene desplegando toda su artillería y recursos, capitalizando un patético y -por momentos- obsceno “espectáculo” que progresiva aunque explícitamente devela las ruinas y escombros de la innegable tragedia que hubo de convertirse en una de las principales “condiciones de posibilidad” pare el fulgurante ascenso de Milei: el profundo proceso de degradación ética, institucional y cultural de la política argentina en general, y de la dirigencia tradicional en particular.

Lo cierto es que más allá de los interrogantes con respecto a la continuidad, el impacto y los alcances de las revelaciones de las escabrosas, polémicas y escandalosas (in)conductas que –en función de la investidura de los involucrados- trascienden innegablemente la esfera de lo privado, hegemonizan la agenda de los medios y captan la atención prioritaria de amplias franjas de la opinión pública, la dinámica política habitual, aquella signada primariamente por la relación entre el oficialismo y la oposición, discurre por canales que si bien no están ajenos a la conmoción generalizada, tienen lógicas y temporalidades propias.

Es en este contexto en el que el Congreso ha vuelto a tener centralidad en la agenda, planteándole importantes desafíos a un gobierno que, más allá del clima de opinión favorable, aún tiene muchas cuentas pendientes de cara a transformar las promesas y apelaciones discursivas en realizaciones concretas que impacten tanto en la macro como en la micro y el bolsillo de los ciudadanos de a pie.

Si bien tras el prolongado, trabajoso y turbulento tratamiento legislativo de la Ley de Bases resultaba evidente que las cosas en el Congreso de la Nación se tornarían más complejas para el gobierno, recién esta semana la situación que se había venido gestando desde entonces comenzó a tornarse cada vez más evidente.

El retorno a la actividad de la Cámara de Diputados mostró los prolegómenos de una relación que el Gobierno deberá tratar de encauzar o, en su defecto, procurar contener en lo que respecta a los potenciales conflictos, obstáculos y desafíos que allí se expongan. Una situación que, por cierto, no debería sorprender a nadie: es evidente que el oficialismo se encuentra en una manifiesta posición de debilidad -y fragilidad- en el Congreso, y que en un escenario en donde la política “partidaria” no logra salir de la ciénaga de la decadencia y la impugnación ciudadana, el parlamento se convierta en la arena privilegiada para la plasmación de la faz agonística de la política.

Lo ocurrido en la cámara baja parece avizorar un panorama complejo para los próximos meses, en tanto se va delineando un nuevo escenario en la relación entre gobierno y oposición, redefiniendo y clarificando límites y fronteras tanto entre el inacabado y siempre inestable espectro oficialista, como en los heterogéneos y fragmentados espacios que integran el arco opositor.

Un escenario que expuso con particular crudeza la última sesión de Diputados, en la que se logró media sanción para la esencialidad en Educación (proyecto del PRO), un aumento en el presupuesto universitario y una fórmula de ajuste para los salarios de los docentes (proyecto de la UCR), y se bloquearon o modificaron iniciativas de Bullrich (ley de armas y registró de datos genéticos), de sectores del PRO que abogan por la fusión con el oficialismo (el repudio a las elecciones venezolanas impulsado por Fernando Iglesias) e incluso de UP (sanciones a los diputados que “visitaron” a genocidas en el penal de Ezeiza).

A ello se sumará esta próxima semana la agenda del Senado, que no solo incluye la posibilidad del tratamiento del proyecto de movilidad de haberes previsionales, sino el comienzo del tratamiento de los pliegos de los dos candidatos para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un debate que -en razón de los perfiles y antecedentes de los postulantes- se revela tan incierto como controvertido.

Debates que, tanto en el caso de los que se vienen planteando en Diputados como los que se plasman en la cámara alta, no solo tienen impacto en el clima político y la percepción de gobernabilidad del gobierno, sino que amenazan constantemente la dogmática política de “déficit cero” del presidente y su equipo. En todo caso, más allá del cariz e impacto de las normas en debate, lo cierto es que se trata de una realidad que interpela a un oficialismo que no solo ha dado muestras de improvisación e ineficacia en la negociación, sino que proyecta una imagen de poca flexibilidad y predisposición a la negociación y los consensos.

Así las cosas, parece claro que en un Congreso en el que parece librarse hoy el principal debate político -aún frente a la escasa atención pública-, las victorias y las derrotas no solo obedecerán a los meros criterios aritméticos que priman en las votaciones legislativas, sino a la evolución del clima político y las definiciones estratégicas de los diversos espacios que, aún en la fragilidad e incertidumbre, ya comienzan a posicionarse de cara a 2025.