El Plan ENIA: una política pública diseñada desde la evidencia para mejorar la vida de las y los adolescentes

En estos ocho meses de gestión, el gobierno nacional avanzó con particular ensañamiento en la desarticulación de aquellas políticas dirigidas a promover igualdad de oportunidades a partir del acceso a ciertos derechos, en particular cuando se trata de niñas, niños y adolescentes o mujeres jóvenes. El gobierno nacional ha implementado una práctica activa para desresponsabilizarse de aquellas políticas que, mucho antes de la gestión pasada de gobierno, se fueron delineando y fortaleciendo con un objetivo que debiera ser política de Estado: garantizar que cada persona pueda decidir con libertad su plan de vida.

Frente a los embates que el Plan ENIA viene recibiendo de distintos actores y también desde artículos en algunos medios, y dadas las falsedades que se presentan en sus planteos y los descréditos institucionales y personales que impunemente se plantean, esta nota tiene la intención de ofrecer elementos de juicio, datos y argumentos que permitan al lector informarse apropiadamente. En el contexto de desmantelamiento del Plan ENIA por parte del gobierno nacional, esos embates y agravios solo contribuyen a la confusión. Buscamos con esta nota aportar claridad e información a quienes procuran saber más y mejor de qué se trata esta política pública y cuáles han sido sus contribuciones.

El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia es una política pública que se creó en el 2017 con el objetivo de promover el acceso de adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos. Al prevenir la maternidad temprana es una política fundamental para romper el ciclo que perpetúa la pobreza.

Para dar respuesta a esta problemática que afecta las vidas de las y los adolescentes y el desarrollo económico del país, se puso en marcha el Plan ENIA. En sus 6 años de implementación, alcanzó los objetivos que se propuso. Fue diseñado en base a las evidencias internacionales en este tema, contó con financiamiento propio y se articuló gracias a acuerdos entre la Nación y las provincias priorizadas. El Plan es actualmente un ejemplo regional de política exitosa, reconocida por gobiernos y expertos.

De acuerdo al marco legal vigente en la Argentina, tres principios fundamentales deben orientar las políticas públicas: la autonomía progresiva, el interés superior y la participación significativa. Estos principios implican que en ningún caso puede sustituirse la voluntad de las niñas, niños y adolescentes, y que todas las decisiones deben tomarse considerando su interés superior y su autonomía progresiva, tal como lo establecen las leyes vigentes en Argentina. Deben ser siempre escuchadas e informadas cualquiera sea su edad y sus opiniones siempre deben ser consideradas. Basado en el reconocimiento de estos principios, el Plan ENIA buscó ofrecer oportunidades a las y los adolescentes para que pudieran tomar sus propias decisiones. El Plan no obliga a ninguna persona a orientar su vida de una determinada manera, sino que ofrece opciones, esas opciones a las que las y los adolescentes no tenían acceso, en particular quienes viven en situaciones de vulnerabilidad social.

A través de diversas estrategias como la educación sexual integral, las asesorías en salud integral en las escuelas y las comunidades, y las consejerías y el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva en los servicios de salud. Las asesorías y consejerías son espacios de escucha atenta en los que profesionales de distintas disciplinas (psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, médicas, obstétricas) brindan herramientas para que las y los adolescentes tomen decisiones libres e informadas. La información que se brinda en estos espacios es veraz, actualizada y comprensible.

La maternidad temprana afecta las trayectorias educativas de forma negativa, es un factor que reproduce el ciclo intergeneracional de la pobreza y aumenta la inequidad social.

El embarazo en la adolescencia impacta en los logros educativos de las madres: solo el 38% de las mujeres que fueron madres en la adolescencia (entre 10 y 19 años) completó la educación secundaria, mientras que el 55% de quienes fueron madre en edad adulta completó ese nivel. Por citar más datos: las mujeres que fueron madres en la adolescencia resultan afectadas por la inactividad laboral en un 25% más que aquellas que lo fueron en la primera década de la edad adulta (de 20 a 29 años).

Los resultados del Censo 2022 muestran los impactos de la prevención del embarazo en la adolescencia: una reducción del 50% en la cantidad de adolescentes que tuvieron hijos/as. El impacto de esta política pública se observa también en la mayor cantidad de denuncias por abuso sexual que las niñas pudieron reportar gracias a las asesorías en las escuelas y comunidades: con una escucha disponible, con referentes que tienen la sensibilidad necesaria, niñas y adolescentes pudieron contar las situaciones de abuso que vivían. Además, el impacto se observa en la vida de niñas, niños y adolescentes que tuvieron sus derechos garantizados: derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a vivir vidas libres de violencia, derecho a tener mayores oportunidades para el desarrollo personal.

El Plan ENIA es un ejemplo de política basada en la evidencia, costo efectiva (prevenir cada embarazo no intencional costó al estado nacional USD 65 por año), y con impactos medibles. Ha producido información sistematizada y pública, al alcance de quienes quieren conocer más y mejor cómo se diseña, implementa y evalúa una política pública, contribuyendo también a la buena práctica de rendir cuentas a la ciudadanía respecto de la inversión de los recursos públicos.

El Centro de Estudios de Estado y Sociedad fue una de las instituciones que diseñó esta política pública junto con el CIPPEC, instituciones convocadas en el año 2017 debido a su amplia trayectoria académica en este campo. Silvina Ramos, socióloga e investigadora del área de salud del CEDES fue la primera coordinadora técnica del Plan.

CEDES tiene 50 años de trayectoria. Es una organización civil sin fines de lucro, independiente y pluralista que desarrolla actividades de investigación en ciencias sociales, formación de recursos humanos, y asistencia técnica. Sus investigadores han brindado asistencia técnica a gobiernos provinciales y nacionales de distintos signos partidarios, ha trabajado junto a universidades y otras organizaciones de la sociedad civil con el propósito de fortalecer la democracia y las políticas que promueven y garantizan los derechos y la equidad social. Su propósito es contribuir a la incidencia informada y al diseño, implementación y monitoreo de políticas.

El financiamiento del CEDES se basa en las contribuciones de sus investigadores, el aporte institucional de agencias gubernamentales de fomento a la investigación, y también recibe aportes de agencias de cooperación internacional y del sistema de Naciones Unidas, así como de fundaciones privadas a través de competencias internacionales abiertas para el fomento de la investigación y la formación de recursos humanos.

El objetivo que nos mueve a todos los investigadores que integramos el CEDES es el mismo que persiguen quienes se involucran en la política pública desde otros espacios, así como al periodismo que, con responsabilidad, se propone contribuir a construir una sociedad mejor: aportar al fortalecimiento de las instituciones, fortalecer la democracia, mejorar la vida de nuestra comunidad.

Para que esta contribución sea honesta, la veracidad de la información que se presenta y la robustez de las fuentes e informantes que se utilizan son un imperativo ético y también político por el que todos debemos velar.