Privatizaciones, entre la panacea y el riesgo de concentrar poder desmedido

En los últimos treinta años, los beneficios o perjuicios de la privatización de empresas estatales en la Argentina han sido recurrentemente tema de debate en la agenda política del país. Es indispensable tener en cuenta diversos factores que tienen que ver con los impactos económicos y sociales.

Comencemos por definir que es “privatizar”. Para ello, qué mejor definición que la del abogado constitucionalista Andres Gil Dominguez (UBA): “Privatizar supone transferir de manera permanente la propiedad de una empresa o un activo que es total o parcialmente propiedad del Estado al Sector privado”.

La revista The Economist utilizó el término “privatización” después de la reprivatización alemana (German Reprivatisierung). Uno de estos ejemplos fue la privatización de la fábrica de Volkswagen en la década de 1930. Alemania tenía la necesidad de un fuerte rearme militar para consolidar su poder económico. Sin embargo, el proceso impulsado por una necesidad ideológica y política comprendió la parcialización del mismo, transfiriéndose acciones a varias grandes corporaciones e inversores privados alineados al gobierno. A su vez, permitió al Estado mantener el control sobre la empresa, reduciendo el efecto del déficit público.

Las privatizaciones de empresas estatales, tal como las conocemos hoy, recién se da en Alemania en 1957, cuando el gobierno entrega su participación mayoritaria en Volkswagen a inversionistas privados.

En Argentina, en la década del 90 en un contexto de crisis económica feroz se produjo el mayor proceso de privatizaciones, con la venta de empresas como Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y la compañía telefónica ENTEL. La carga que enfrentaba el Estado por el déficit producto de la mala gestión y el fuerte endeudamiento, justificaba en muchos casos la oportunidad apropiada para el ingreso de importantes de inversiones, un cambio de gestión apuntando a mejorar la eficiencia y reducir pérdidas.

Con el diario del lunes podemos decir que los resultados fueron variados. Mientras algunas empresas lograban los objetivos principales por los cuales fueron objeto de privatización, otras gozaban de los privilegios de una falta o inadecuada regulación, produciéndose concentración de poder y pseudomonopolios en perjuicio de la ciudadanía. Sin dudas perder el control del proceso dentro de un marco regulatorio inexistente o deficitario es un gran riesgo que no podemos volver a repetir, por lo que nos encontramos de cara a un desafío legislativo mayúsculo en post de acompañar al gobierno nacional en beneficio de los intereses de la ciudadanía. Para ello es interesante detenernos a analizar algunos casos de éxito y fracaso en el mundo, comenzando por Estonia, un gobierno totalmente digital.

En Estonia el modelo de privatización fue gradual, transparente y orientado a la competitividad, caracterizándose por la diversificación de compradores locales y extranjeros a través de procesos y mecanismos de transparencia, y licitaciones abiertas, obligando a la reinversión de gran parte de los ingresos generados por las privatizaciones en la modernización de infraestructura de conectividad y en proyectos de desarrollo económico. Para ello el rol del Estado fue de vital importancia, junto con la participación ciudadana, como regulador y supervisor del cumplimiento de los contratos de privatización.

Así Estonia se convirtió en uno de los países más prósperos de Europa Oriental transformando su economía de manera efectiva con un giro de 180 grados.

Otro de los casos de éxito más estudiados es el de British Airways. La aerolínea de bandera británica privatizada en 1987 pasó a ser, desde su privatización, una de las aerolíneas más rentables y reconocidas a nivel mundial. Esta reestructuración exigió a los nuevos gestores una modernización de la flota. Paradójicamente la privatización de Aerolíneas Argentina en favor de Iberia, en los 90, fue un claro ejemplo de falta de control y marco regulatorio.

Esto inevitablemente nos lleva a replantearnos si es bueno o malo privatizar una empresa estatal deficitaria cuando la misma representa intereses nacionales como una aerolínea de bandera. Siguiendo el ejemplo de Estonia, la gradualidad podría ser una alternativa mixta que haga foco en el problema. De todas formas, terminaremos concluyendo al respecto la importancia de la gestión, la transparencia, la regulación, la protección social (asegurando protección de trabajadores y el acceso a servicios básicos a la población) y el control como claves de éxito, ya sea empresa estatal o privada.

En síntesis, todas las empresas con una buena regulación y gestión -sin importar si son públicas o privadas- pueden tener un impacto positivo sobre el crecimiento económico, en tanto se observe y modere el impacto social que generan los procesos de privatizaciones. Más específicamente, la redistribución del ingreso que incrementa la brecha entre los poderosos y la población sin recursos. En América Latina, no podemos dejar de lado el efecto social que las empresas estatales tienen sobre las economías y su población.

Así nos encontramos con países vecinos como Chile y Uruguay, entre otros, que han mantenido la política de no privatizar sectores claves de interés nacional (el cobre en Chile, por ejemplo), la banca nacional y provincial a través de la presencia de un banco emblema, o la electricidad y el petróleo en Uruguay, haciendo foco en estos sectores en la gestión.

El gran desafío que tenemos por delante no será tomar la decisión de vender las empresas deficitarias, sino regularlas adecuadamente, antes, durante y después del proceso de privatización. Regular con el objeto de hacer más eficiente la empresa no deberá ser el único motivo del proceso, sino asegurarse -sobre todo en infraestructura- que los servicios lleguen a todos los sectores de la población. El complemento ideal de una privatización será una regulación creíble, que promueva la competencia, el sistema de incentivos, la transparencia con reglas claras y la reinversión.

Las privatizaciones pueden ser socialmente benéficas si el Gobierno cuenta con el poder necesario para regular a las empresas. Si se lleva a cabo de manera cuidadosa, con una adecuada regulación y un enfoque en el bienestar social, puede conducir a mejoras en la eficiencia y el servicio. Sin embargo, si no se maneja correctamente puede exacerbar desigualdades, reducir el acceso a servicios esenciales y generar controversias políticas y sociales.