Argentina en la encrucijada digital: un país a la deriva en el océano de datos

Mientras el mundo avanza en la regulación de las tecnologías emergentes, nuestro país sigue estancado con herramientas legales que son obsoletas. Se necesita de manera urgente una ley acorde a los desafíos del siglo XXI

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En Argentina existe la Ley de Protección de Datos Personales 25.326, que tiene 23 años
En Argentina existe la Ley de Protección de Datos Personales 25.326, que tiene 23 años

En los últimos días, los titulares internacionales han estado plagados de noticias sobre las batallas legales que enfrenta Meta en Europa y Brasil por el uso indiscriminado de datos personales en el entrenamiento de sus sistemas de inteligencia artificial. Mientras tanto, en Argentina, el silencio es preocupante. Este contraste no es casual, sino el resultado de años de negligencia legislativa que han dejado a nuestro país en una peligrosa posición de vulnerabilidad digital.

Como abogado especializado en protección de datos, he sido testigo de primera mano de la evolución —o, más bien, de la falta de evolución— de nuestro marco legal en materia digital. La cruda realidad es que mientras el mundo avanza a pasos agigantados en la regulación de las tecnologías emergentes, Argentina se ha quedado estancada en el pasado. Nuestras herramientas legales son obsoletas, diseñadas para un mundo que ya no existe. Estamos intentando regular la inteligencia artificial y el big data con leyes que fueron escritas cuando el correo electrónico era considerado alta tecnología. Esta disparidad no solo nos pone en desventaja, sino que nos convierte en un terreno fértil para la explotación por parte de las grandes corporaciones tecnológicas, que ven en nuestra legislación anticuada una oportunidad para operar sin las restricciones que enfrentan en otras jurisdicciones más avanzadas.

La Ley de Protección de Datos Personales, 25.326, cumplió 23 años en octubre pasado. En el vertiginoso mundo de la tecnología, esta ley es un fósil jurídico. Fue concebida en una era pre-Facebook, pre-smartphones, pre-inteligencia artificial integrada en casi todos los aspectos de nuestro entorno.

El contraste con nuestros vecinos es alarmante. Brasil, por ejemplo, ha demostrado una postura proactiva en la defensa de los derechos digitales de sus ciudadanos. La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil recientemente obligó a Meta a suspender el funcionamiento de su IA en el país, imponiendo multas diarias significativas por incumplimiento. Mientras tanto, en Argentina, las grandes tecnológicas operan en un vacío regulatorio, convirtiendo nuestro país en su laboratorio de pruebas sin supervisión.

Frente a esta situación crítica, junto con mi colega Facundo Malaureille, hemos hecho una presentación formal ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) contra Meta. Exigimos explicaciones detalladas sobre cómo están utilizando los datos personales de los argentinos para entrenar sus sistemas de IA. Sin embargo, debo ser franco: sin un marco legal actualizado, nuestras acciones son poco más que un gesto simbólico.

Las implicaciones de esta negligencia legislativa son profundas y potencialmente devastadoras. Estamos permitiendo que se construya un futuro digital en el que podríamos ser ciudadanos de segunda clase, discriminados por algoritmos entrenados con datos mal protegidos y potencialmente sesgados.

El proyecto de reforma de la ley 25.326 lleva años languideciendo en el Congreso. Cada día que pasa sin acción legislativa es un día en el que cedemos un poco más de nuestra soberanía digital a entidades extranjeras que no rinden cuentas a nuestros ciudadanos. La inacción de nuestros legisladores no es solo negligencia; raya en la irresponsabilidad.

Es imperativo que actuemos ahora. Necesitamos una ley de protección de datos moderna, robusta y a la altura de los desafíos del siglo XXI. Una ley que no solo proteja nuestros datos personales, sino que también nos dé las herramientas para negociar en pie de igualdad con las grandes corporaciones tecnológicas. Necesitamos mecanismos de aplicación efectivos y sanciones disuasorias para aquellos que violen nuestros derechos digitales.

A nuestros legisladores, les digo: el tiempo de la complacencia ha terminado. Cada día de inacción es una traición a la confianza de los ciudadanos que juraron proteger. La revolución digital no espera, y cada momento que perdemos nos coloca en una posición más precaria en el escenario global.

Argentina está en una encrucijada digital. La elección es nuestra, pero el tiempo se agota. Actuemos ahora, antes de que sea demasiado tarde.

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