Derecho a la salud en Argentina: a 30 años de la reforma constitucional

Hace treinta años, Argentina se embarcó en una histórica tarea: reformar la Constitución Nacional, en vigor desde 1853. Si bien la Constitución había sido modificada en varias ocasiones, la reforma de 1994 no solo reconfiguró la estructura institucional del país, sino que también incorporó y reconoció nuevos derechos.

En términos institucionales, la reforma redujo el mandato presidencial de 6 a 4 años, permitió la reelección presidencial y estableció la elección de 3 senadores por provincia, entre otros. En cuanto a derechos, se incluyeron y reconocieron nuevos derechos económicos, sociales, culturales e, incluso, ambientales, que se sumaron a los civiles, políticos y laborales ya reconocidos. Además, se le otorgó jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de derechos humanos (Art. 75, inc. 22).

Notablemente, el derecho a la salud, un derecho que se encuentra presente en, al menos, 140 constituciones alrededor del mundo, no recibió un reconocimiento expreso en la nueva Constitución argentina, sino que se reconoció su relación directa con los derechos de las y los consumidores y usuarias/os de servicios en las relaciones de consumo (Art. 41) y el derecho de toda la población a vivir en un medioambiente sano (Art. 42). A su vez, el derecho a la salud fue incorporado al ordenamiento constitucional, a través del reconocimiento de una gran variedad de tratados internacionales que Argentina ha ratificado, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención sobre derechos de la niñez. En términos prácticos, esto significó el reconocimiento de la obligación del Estado argentino de respetar, proteger y garantizar el derecho al “disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

La inclusión del derecho a la salud en el marco constitucional no solo reconoce su importancia intrínseca, sino que también establece un mandato claro de proteger y promover la salud, asegurando que todas las personas, independientemente de su estatus socioeconómico, tengan acceso a servicios de salud de calidad.

Desde 1994, Argentina ha adoptado diversas normas tendientes a proteger diferentes aspectos del derecho a la salud, como la Ley Nacional de Salud Mental (2011, modificada en 2023), la Ley Nacional de Control de Tabaco (2011), la Ley de Abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA) (2014), la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (2021), la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, y otras Infecciones de Transmisión Sexual (2022), entre otras.

No obstante, si bien es cierto que en las últimas tres décadas Argentina ha avanzado notablemente en la protección de este derecho, todavía quedan muchos desafíos por delante, como ha quedado al descubierto por el deterioro estructural del sistema de salud argentino en los últimos años.

La pandemia de COVID-19 reveló deficiencias estructurales y la falta de recursos que aquejan al sistema, evidenciando problemas como la saturación de los hospitales, la escasez de insumos médicos y el agotamiento del personal sanitario. A esto se suma una creciente inequidad en el acceso a servicios de salud entre diferentes regiones del país, con una marcada brecha entre áreas urbanas y rurales. Además, la inflación y la crisis económica han deteriorado el poder adquisitivo de la población, dificultando aún más el acceso a medicamentos y tratamientos esenciales. La insuficiencia de inversión en salud pública, junto con la corrupción y la mala gestión, ha exacerbado estos problemas, poniendo en riesgo el derecho a la salud de millones de personas. Todo ello ha puesto de relieve la necesidad de que el Estado redoble sus esfuerzos para fortalecer el sistema de salud, garantizando una distribución equitativa de recursos y la implementación efectiva de políticas públicas que prioricen el bienestar de toda la población.

Adicionalmente, en muchos casos, los avances legislativos de los últimos años no han sido acompañados necesariamente por políticas públicas que aseguren su efectiva implementación. Así, por ejemplo, si bien la sanción de la Ley de Promoción de la Alimentación Adecuada significó un paso en la dirección correcta, la falta de políticas que aseguren la fiscalización de una correcta implementación de los octógonos negros de advertencia en alimentos no saludables, ha afectado la efectividad de la medida. La falta de fiscalización ha permitido, entre otras cosas, que en las escuelas se sigan ofreciendo productos no saludables, y que niñas, niños y adolescentes sigan estando expuestos a todo tipo de publicidad de estos productos.

Del mismo modo, a pesar de la histórica sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2021, un estudio reciente ha identificado una serie de obstáculos y desafíos, tales como la falta de registros provinciales de objeción de conciencia, la presencia extendida de objetores en profesionales no médicos, el desconocimiento de las mujeres sobre los derechos establecidos en la Ley 27.610, la falta de información sobre el uso de técnicas no farmacológicas recomendadas, o la falta de personal de salud que proveen interrupciones voluntarias del embarazo, todo lo cual afecta el acceso y calidad de este servicio de salud.

Es innegable que el reconocimiento del derecho a la salud ha permitido avanzar hacia una visión más integral de la misma. Una visión que concibe a la salud no solo como la ausencia de enfermedades, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social. La salud, en tal sentido, se erige como un componente esencial del bienestar social y la justicia, cuya garantía es un reflejo fiel del compromiso de un Estado con los principios democráticos de igualdad y dignidad. Un sistema de salud robusto y accesible fomenta la participación ciudadana y fortalece la cohesión social, al asegurar que las necesidades básicas de la población sean atendidas. En última instancia, la protección del derecho a la salud es una condición sine qua non para la realización plena de los derechos humanos y el funcionamiento efectivo de una democracia inclusiva y justa.

A 30 años de la reforma constitucional, es un momento propicio para reflexionar sobre los logros alcanzados y las metas aún pendientes, reafirmando el compromiso de garantizar el derecho a la salud para todas las personas que habitan en suelo argentino.