El juego online ilegal es la principal problemática que afecta de manera transversal a nuestra sociedad, impactando particularmente en los más jóvenes. Sin restricciones efectivas ni verificaciones de identidad adecuadas, estos sitios permiten el acceso indiscriminado a menores, exponiéndolos a riesgos significativos y fomentando la ludopatía desde temprana edad.
Esta realidad afecta directamente a las familias y sus entornos. Sin embargo, la creciente visibilidad de este particular es una buena oportunidad para tomar conciencia de qué herramientas debemos aplicar. En ese sentido, es crucial que el Estado y el sector privado trabajen de manera conjunta para localizar, sancionar y erradicar las casas de apuestas ilegales que permiten el juego de menores al no tener ningún tipo de herramienta que impida a este grupo etario crear un usuario. Cabe destacar que los únicos sitios legales en Argentina que cuentan con la habilitación correspondiente según la reglamentación nacional y, además, no permiten a los menores darse de alta en las plataformas son las que cuentan con el dominio bet.ar.
Los poderes gubernamentales han utilizado a lo largo de la historia diferentes combinaciones de esfuerzos públicos y privados para la prestación de servicios, para la realización de grandes obras de infraestructura y hasta para luchar contra la corrupción. En el caso del juego ilegal tradicional, es decir, los casinos sin licencia que operaban en décadas anteriores, fueron reducidos gracias a esta asociación, que incluso le permitió al Estado dotarse de mayores niveles de recaudación a partir de la tecnología utilizada por los casinos legales.
El nuevo desafío de dicha alianza es enfrentar el universo digital, una inabarcable red de usuarios en la que los jóvenes cuentan en muchos casos con acceso ilimitado. Las campañas de concientización y acciones conjuntas son el complemento perfecto. Por ejemplo, en esa dirección se mueve la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA). Ambas suscribieron acuerdos con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para eliminar y bloquear contenido que promueve el juego ilegal.
Incluyen en el acuerdo desde bloquear perfiles en redes sociales, publicidades, publicaciones en páginas webs hasta enviar carta documento a aquellos que las promuevan. Lo mismo hizo ALEA en conjunto con Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA), que sumando a 11 sitios oficiales, denunciaron más de 250 páginas ilegales.
Otro ejemplo notable es la colaboración entre el Instituto de Juegos de Azar de Neuquén (IJAN) y el Ministerio Público Fiscal. También, distintos organismos estatales que enarbolan la lucha contra la ludopatía infantil han puesto el foco en distintos influencers que, desconociendo que cometen un delito, promocionan regularmente distintas páginas de apuestas ilegales.
Como último ejemplo, pero no por eso menos importante, la Lotería de Santa Fe ha promovido una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación contra los sitios que no cuentan con autorización del organismo competente y por lo tanto funcionan en la ilegalidad, la fiscalía interviniente dio curso a la denuncia y se procedió mediante los diferentes entes del Estado al bloqueo de sitios ilegales. Precisamente porque entienden, acertadamente, que en la ilegalidad prolifera el juego de los menores, dado que en las casas de apuestas legales, registradas y auditadas por el Estado no pueden acceder.
Esta colaboración es un modelo a seguir y es un paso importante contra el juego ilegal, que requiere una respuesta multifacética. Las autoridades gubernamentales poseen la capacidad de regular y sancionar, mientras que las casas de apuestas legales, por su expertise, tienen el conocimiento y la tecnología necesaria para detectar y prevenir prácticas ilícitas.
En un primer punto, la localización de sitios que operan en la clandestinidad, a través de tecnologías avanzadas e información compartida, permitiría inhabilitar la página ilegal. En segundo lugar, establecer sanciones también es crucial para disuadir estas actividades. Y en tercer caso, las campañas de concientización juegan un papel vital en educar al público en la importancia de que si se va a apostar, debe ser únicamente en plataformas autorizadas y bajo las reglas de un juego responsable. Vale destacar también la reciente medida del Gobierno de la Ciudad de destinar una fiscalía para que se especialice en juego online. El objetivo es el adecuado lograr la baja de todos los sitios de apuestas ilegales posibles.
La lucha contra el juego online ilegal no puede ser responsabilidad de una sola entidad; requiere un esfuerzo coordinado y sostenido. Las autoridades deben seguir implementando y mejorando regulaciones, mientras que las casas de apuestas legales deben invertir en tecnologías y sistemas de verificación robustos. Nos exige el compromiso y la acción conjunta de todos los actores involucrados. Solo así podremos proteger a nuestros jóvenes y construir una sociedad más segura y responsable.