Narcofraude a la Maduro

Luego de que el Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE), otra de las instituciones cooptadas por el régimen chavista, otorgase el “triunfo” de las elecciones en Venezuela a Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos frente al 44,2% de la plataforma de los líderes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, hemos visto, como respuesta a la conmovedora movilización de una sociedad que hoy le está poniendo el cuerpo y la vida al sustento de su voluntad libre y soberana, una respuesta violenta por parte del aparato dictatorial.

En la mañana del martes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció, en un mensaje rodeado de los comandos de su repartición, que las protestas civiles que toman lugar a lo largo y a lo ancho de Venezuela toda son “un golpe de Estado fraguado por la derecha, movilizado por el imperialismo norteamericano junto a sus cipayos y lacayos”, y que por instrucción de Maduro “van a derrotarlo, una vez más”.

Era de esperarse que a ninguna de las cabezas del régimen le interese en lo más mínimo discutir siquiera por un momento la disponibilidad de algún acta que acredite, aunque fuere dudosamente, la elección que se atribuyeron incluso antes de que finalice el recuento. No lo van hacer porque tales actas no estuvieron ni estarán, probablemente, en ningún momento.

No habrá sistemas de control de ningún tipo porque esto fue un simulacro de elección, un proceso fraudulento donde la votación de un pueblo que eligió un camino de democracia y libertad, y que según algunos recuentos casi triplicó en sufragios al incumbente, fue ignorado en términos absolutos.

Dada esta situación, hay que mirar al sostén que le queda a la dictadura, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encabezada por el anteriormente mencionado Padrino López. No solo en lo que está dispuesto a hacer, una manifestación que ya sentenció en su conferencia de prensa de la mañana del martes, sino en el poder que tengan para cohesionar detrás del sostenimiento dictatorial a sus 5 componentes: el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Militar, la Guardia Nacional y la Milicia Nacional, incluso ante una potente demanda social (y necesario apoyo de la sociedad internacional) en sentido contrario.

Desprovisto de cualquier remanente de legitimidad, el respaldo que le queda al tirano son las armas y la coacción que ejerce sobre la ciudadanía por medio de la amenaza de la violencia, una premisa argumental que el madurismo tiene bien internalizada desde antes de concretar la farsa electoral, cuando prometía “un baño de sangre en las calles”, si su aventuranza no estaba provista de buena fortuna.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia hicieron la primera parte: derrotaron al régimen, lo dejaron de rodillas ante una sociedad que deja todo en la calle para hacer valer cada voto, cada sueño y la defensa de la verdad. Ahora la dictadura pende del hilo militar, y ello nos lleva a poner el foco en cómo podría derrumbarse ese último muro.

Claro está que lo que hay en las fuerzas armadas venezolanas es, mayoritariamente, un narco-régimen. En noviembre del año pasado, una extensiva investigación basada en reportes confidenciales e información del gobierno estadounidense y publicada por el Miami Herald, dio cuenta de que por vía de una filtración masiva de registros confidenciales colombianos logró sustentar que la élite militar y gubernamental de Venezuela, no contenta con saquear la riqueza petrolera del país, ahora se focaliza cada vez más en otro negocio: la cocaína.

Según documentos filtrados obtenidos por el Herald y sus socios, que están respaldados por entrevistas con ex miembros del régimen de Caracas, el rol de los militares en relación con el narcotráfico ha dejado de ser mirar para otro lado a cambio de sobornos para pasar a ser actores activos. “Ahora son ellos los que están a cargo, directamente involucrados en el transporte de cocaína, la distribución de cocaína, no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia Europa”, dijo Mike Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), sobre los militares venezolanos.

La filtración y las entrevistas nos dan una imagen cristalina de lo que son los líderes del régimen chavista volviéndose cada vez más dependientes del narcotráfico, una situación que implicó que los principales miembros del gobierno y el ejército bolivariano hayan tenido que forjar una alianza de conveniencia con guerrillas colombianas de izquierda, como es el caso de las FARC, y otros grupos armados.

El resultado: Venezuela es ahora un importante centro de transporte de cocaína, enviando entre 250 y 350 toneladas métricas por año, con un valor puesto en calle de entre 6.250 y 8.750 millones, gran parte de ello con destino a Estados Unidos.

Efectivamente, el chavismo pasó de ser un intento de revolución a convertirse en un gobierno manejando un cartel. O un cartel manejando un gobierno. No estamos hablando figurativamente, sino literalmente: en 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó e imputó a diferentes miembros del gobierno de Maduro por dirigir la narco-organización llamada “Cartel de los Soles”, nomenclatura que recibe de la insignia de un sol que visten los oficiales del ejército bolivariano.

Según datos de IBI Consultants, una consultora especializada en la investigación de organizaciones criminales transnacionales y que le brindó al DOJ norteamericano, el Cartel de los Soles está dirigido desde los altos mandos del régimen venezolano y está considerado por el gobierno colombiano como una amenaza activa del mismo nivel que los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el venezolano Tren del Agua.

La narco-organización paraestatal que conformó la autocracia madurista tiene actividad en los departamentos de Vichada, Guainía y Arauca, donde se vale de acuerdos con guerrillas colombianas y carteles mexicanos para hacer la logística de cocaína procedente de la región colombiana del Catatumbo, lindera al estado venezolano de Zulia, armas, oro y otros metales extraídos ilegalmente, a los Estados Unidos y Europa.

Las plantaciones en Catatumbo son en buena parte explotadas por grupos de izquierda, el Ejército de Liberación Nacional, miembros disidentes de las FARC, y el Ejército Popular de Liberación, que trabajan en sociedad con mandos venezolanos.

Agentes de la DEA de los Estados Unidos dan cuenta de que, considerando la estructura piramidal de las fuerzas armadas de Venezuela, no hay duda de que tanto el ministro Padrino López como los principales comandantes son directamente responsables de constituir y dirigir esta organización criminal. Por este motivo, Padrino López fue imputado en 2020 por tráfico de drogas junto a Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Néstor Roverol y el General Alcalá.

Es evidente que Maduro ha usado esta operación como “caja política”, y a día de hoy se sospecha que más de 75 comandantes de las distintas fuerzas están en mandos jerárquicos y operativos del Cartel de los Soles, utilizando testaferros para cobrar sus dividendos. Muchos más cobran por brindar credenciales oficiales a narcotraficantes que les permiten trasladarse por el país, ofrecerles seguridad para los cargamentos, vehículos, y hasta códigos exclusivos de transponders militares para que las avionetas, helicópteros y aviones narco pudieran moverse sin ser molestados en el espacio aéreo. Por supuesto, también se venden armas pesadas, fusiles y ametralladoras en el mercado negro.

Desde un principio supo Chávez que la disciplina dogmática es una base fundamental para sostener una tiranía, por eso se encargó -apenas asumió el poder en 1998- de purgar a todos aquellos militares que habían tenido formación en Estados Unidos, colocó a férreos golpistas comunistas amigos en los altos mandos y les abrió un elevado presupuesto dependiente de su lapicera y la disciplina con la que lo obedezcan. Maduro siguió la misma línea.

El gobierno castiga duramente a quienes no respetan la línea gubernamental, habiendo aproximadamente 150 soldados entre los 15.800 presos políticos que tiene el régimen hasta julio de 2024, y las tasas de deserción entre los 150.000 efectivos de las fuerzas armadas son altas, principalmente entre los niveles más bajos, que dependen mayoritariamente de bonos y salarios pulverizados por una histórica inflación altísima a la luz de extravagantes demandas inconstitucionales. Quienes desertan y gozan de libertad, suelen estar entre las fervientes voces que hoy luchan en las calles por la verdad.

Esas mismas voces, y las de tantos venezolanos, que en estos mismos momentos el régimen intenta acallar a fuerza de terror y muerte, como este martes con el secuestro del dirigente Freddy Superlano, del comando de campaña CON VZLA y dos colaboradores. Chávez y Maduro son dictadores, y difícilmente se los puede sacar por la buena de la democracia. Aún así, el hito de Edmundo y María Corina es la punta de lanza para poner contra la pared a un régimen que tiene que caer. La comunidad internacional no debe reconocer a Maduro, debe aplicar sanciones contundentes, acompañar inexorablemente al pueblo venezolano en la búsqueda de soberanía y verdad, y debe -como sea necesario- haber un quiebre en la organización de quienes detentan el poder de las armas en Venezuela, la última custodia de la tiranía.