La transición de Venezuela hacia la democracia: aún al alcance

Una transición política en Venezuela puede ocurrir incluso después de una elección fraudulenta seguida de represión, donde los resultados son disputados y quienes están en el poder se niegan a ceder el control. Históricamente, el régimen no ha hecho concesiones voluntarias y ello no va a cambiar. La pregunta clave es cómo proporcionar incentivos, dentro de los límites del Estado de derecho, a quienes podrían facilitar un cambio desde el sistema político represivo vigente hacia el desafiante camino a la democracia.

Las elecciones presidenciales del domingo han atraído la atención global hacia el país después de un período prolongado de “normalización” de una situación que dista mucho de ser normal. Si bien enfocarse en la elección es importante, es insuficiente. Aunque estas elecciones representan un momento político único, una transición hacia la democracia y una solución a las crisis simultáneas que las y los venezolanos han enfrentado durante años —la represión de la disidencia, una emergencia humanitaria y un éxodo masivo— no serán posibles sin negociaciones sobre el futuro de Nicolás Maduro y otros miembros de su gobierno.

Después de la medianoche del domingo, el presidente del Consejo Nacional Electoral informó verbalmente que Maduro había ganado las elecciones presidenciales con el 51% de los votos, basándose en los resultados del 80% de los recintos electorales, después de que un supuesto “ataque terrorista” retrasara el anuncio. El candidato opositor Edmundo González supuestamente terminó en segundo lugar, con el 44%. No hay evidencia creíble que respalde estos resultados. De hecho, toda la evidencia disponible, incluidas las encuestas de boca de urna y las boletas electorales a las que tuvieron acceso los testigos de la oposición, indican una victoria abrumadora de González, incluso en zonas tradicionalmente favorables al gobierno. El Centro Carter, que llevó a cabo una misión de observación electoral en el país, concluyó que las elecciones no cumplieron con estándares internacionales de integridad electoral y que no se pudo verificar ni corroborar los resultados electorales oficiales.

Sin embargo, la historia no termina aquí. El régimen necesita legitimidad internacional, en parte para acceder a mercados clave, y estos resultados electorales ciertamente no la proporcionaron. El compromiso democrático de la oposición, por otro lado, ha contribuido a su legitimidad internacional. Por esa razón, el fraude electoral del domingo debe verse como un punto de partida para una negociación política inevitable que tendrá lugar entre ahora y enero, cuando está programado que asuma el próximo gobierno.

Por ello, incluso en medio de protestas cada vez más intensas y la represión que se desató, es importante reenfocarse en las condiciones que podrían llevar a un acuerdo político duradero, incluidas las posibles garantías para las personas que están o podrían estar sujetas a procesos penales y podrían desempeñar un papel en una transición hacia la democracia.

En términos generales, funcionarios venezolanos, jueces, fiscales, policías y militares están implicados en dos categorías de delitos cometidos en los últimos 25 años: violaciones de derechos humanos —que en algunos casos pueden constituir crímenes internacionales, incluidos crímenes de lesa humanidad— y corrupción, tráfico de drogas y lavado de dinero.

Los abusos cometidos en Venezuela, incluidos aquellos cometidos durante las brutales represiones de las protestas en 2014 y 2017, llevaron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional a iniciar la primera investigación sobre crímenes de lesa humanidad en América Latina. Estas acusaciones incluyen detención ilegal, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, y persecución política. La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU ha documentado la complicidad del poder judicial y ha denunciado que la represión continúa. Dada la falta de independencia judicial en el país, los mecanismos de responsabilidad internacional son la principal vía para que las víctimas busquen justicia. La represión actual contra opositores y ciudadanos de a pie por ejercer derechos fundamentales simplemente está añadiendo más pruebas al historial criminal del régimen.

Además, activistas anticorrupción informan que más de 200 investigaciones en 29 países involucran a altos funcionarios venezolanos acusados de malversar millones de dólares, entre otros actos de corrupción. Estos casos afectan diversos sectores, incluida la industria petrolera, el sistema de salud, las fuerzas de seguridad y el poder judicial. Si bien la mayoría de las investigaciones están concentradas en Estados Unidos, también hay casos en Argentina, Brasil, Colombia y España.

La amenaza de encarcelamiento fuera de Venezuela es real para aquellos implicados en estos casos, pero no es inevitable para todos los involucrados. Aunque ambas categorías de delitos —violaciones de derechos humanos y corrupción— han sido generalizadas, existen más individuos implicados en delitos relacionados con corrupción. Esto ofrece una oportunidad.

El derecho internacional exige la investigación y enjuiciamiento de la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de drogas, pero también otorga a los Estados una amplia discreción sobre cómo hacerlo. Los fiscales, incluso cuando tratan con delitos graves, tienen la opción de ofrecer penas reducidas a cambio de cooperación. Esta cooperación puede incluir la aceptación de responsabilidad individual, la asistencia en la identificación de otros involucrados o la ayuda en la recuperación de activos. Estos beneficios ya se han otorgado en Estados Unidos en muchos casos, y los fiscales podrían hacer lo mismo en otras jurisdicciones para apoyar una transición política en Venezuela.

En Estados Unidos, además, el presidente tiene la discreción de otorgar medidas de clemencia, que pueden exonerar a individuos condenados o bajo investigación por delitos relacionados con la corrupción, el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Tales medidas de clemencia podrían eximirlos de la responsabilidad penal o conmutar sus penas a cambio de su cooperación con las investigaciones judiciales y un compromiso político por parte del individuo para contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Con este fin, cualquier persona que aspire a tales beneficios debería comprometerse a tomar medidas concretas entre la elección y la inauguración de un nuevo gobierno. Esto incluye acciones para persuadir al régimen de que ponga fin a la represión, acepte los resultados electorales y facilite una transición pacífica del poder.

Estos beneficios legales podrían complementarse con el levantamiento de sanciones individuales por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, así como con una estrategia para proporcionar garantías sobre la viabilidad política de un movimiento chavista democrático como fuerza de oposición tras una transición de poder.

La discusión sobre cómo lidiar con individuos acusados de violaciones de derechos humanos es más complicada. El derecho internacional prohíbe eximir de responsabilidad penal a quienes cometieron los crímenes internacionales más graves, incluidos los crímenes de lesa humanidad. Esto es especialmente evidente, aunque no exclusivamente, en el caso de individuos en el nivel más alto de autoridad. Aunque muchas personas han cometido violaciones de derechos humanos en Venezuela, incluidos altos funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad y del poder judicial, el umbral legal para cometer un crimen internacional, como los crímenes de lesa humanidad, es alto.

Las personas de alto nivel implicadas en crímenes internacionales nunca recibirán garantías de impunidad duradera. Podrían enfrentarse a enjuiciamientos por parte de la Corte Penal Internacional o tribunales nacionales de países extranjeros bajo jurisdicción universal. Su mejor opción para evitar la persecución penal es que gobiernos que no se adhieren a principios democráticos y normas de derechos humanos les ofrezcan refugio.

En contraste, para los responsables de violaciones de derechos humanos que no constituyen crímenes internacionales, es legalmente posible ofrecer amnistías, indultos, penas de prisión reducidas o alternativas a la prisión a cambio de una participación sustancial en el proceso de establecimiento de un registro histórico de abusos, reconocimiento de responsabilidad individual y apoyo a una transición democrática. En ese caso, sería importante establecer medidas de reparación para las víctimas, garantizar la no repetición y asegurar una consulta exhaustiva con las víctimas durante el proceso.

Estas decisiones, que involucran tanto a actores internacionales como nacionales, requerirían negociaciones complejas con miembros del régimen. Incluso en medio de la reacción burda de las altas autoridades de aferrarse al poder mediante la fuerza, una negociación política es posible si se basa en un sólido marco legal que ofrezca incentivos viables y sostenibles en el tiempo. También debe contar con el respaldo de una oposición política unificada y sus aliados internacionales, incluidos Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México y Uruguay, así como Noruega, Alemania, España, Suiza y el Reino Unido.

Una amplia gama de individuos —desde altos funcionarios hasta aquellos en rangos medios y bajos— no está hoy en una lista negra, y no tienen por qué estarlo. Con incentivos adecuados, muchos miembros de las fuerzas de seguridad, del poder judicial y de las autoridades electorales podrían vislumbrar un futuro mejor para sí mismos en una transición hacia la democracia en Venezuela si cesan la represión, respetan la voluntad popular de las y los venezolanos expresada en las urnas y evitan seguir ciegamente órdenes de violar derechos humanos y garantías constitucionales. Dado que el poder dentro del régimen de Maduro no es monolítico, esta fragmentación ofrece una oportunidad para ampliar el apoyo a la transición de Venezuela hacia la democracia.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por el Programa Latinoamericano de Woodrow Wilson International Center for Scholars y está disponible en https://www.wilsoncenter.org/publication/venezuelas-transition-democracy-still-reach

Tamara Taraciuk Broner es la directora del Programa Peter D. Bell sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano.